CIUDAD DE MÉXICO (apro).-  Autonomía: ¿democracia o autoritarismo? La autonomía universitaria se entendió como un proyecto que sirviera de ejemplo a la sociedad para que pudiera contrastar la diferencia entre una comunidad en la que se observaban las leyes y otra en la que la arbitrariedad era la norma, como ocurría durante los años postrevolucionarios. De esta manera, la forma de convivir de los y las universitarias serviría para demostrarle a la sociedad que el autoritarismo del gobierno no era una necesidad debido a la inmadurez del pueblo mexicano. El proyecto autonómico, por su doble carácter de social y nacional, cumple todavía hoy una función didáctica, no sólo con los alumnos en la cátedra, sino también con la sociedad a la que ilustra con el resultado de sus investigaciones en el campo de la ciencia y la cultura. Cada miembro de la comunidad universitaria sirve de ejemplo al resto de la sociedad, por lo que se le ha considerado un modelo que muestra, en el presente, lo que será el país en el futuro. A lo largo de los años, los movimientos estudiantiles han sostenido que su carácter es el de vanguardia; del mismo modo lo han entendido amplios sectores de la sociedad que les ha brindado su apoyo al advertir que anticipan los cambios por venir. Otros sectores, por considerar que esos cambios no son convenientes, se han opuesto a dichos movimientos, lo que ha dado lugar a conflictos que han puesto en crisis a la institución universitaria, tal como ocurre en estos días.

El conflicto: ¿vanguardia o democracia?

El conflicto y la crisis son inherentes a la vida social. Nadie puede negar que de esa manera la sociedad mexicana, en general, y la universitaria, en particular, han avanzado. En los tiempos que corren, la primera ha mostrado que opta por la vía democrática para alcanzar los cambios que se propone, mientras la segunda sigue apostando por el cambio a través de la acción de las vanguardias, en el caso que nos ocupa, la feminista. El día de hoy la comunidad universitaria se debate entre las dos posturas. Un sector se inclina por la versión que hace de las autoridades, los representantes de la cultura machista, patriarcal, que defiende y protege a quienes violentan a las universitarias. De acuerdo con este sector, el estado de derecho, se usa para oprimir, para violentar, los derechos de las mujeres. Esta premisa sirve para identificar la cultura patriarcal con el estado de derecho, por lo que resulta necesario violentar éste, para erradicar la violencia de género. Otro sector tiene una perspectiva diferente; para éste, la única manera de defender los derechos de las mujeres, derechos por cierto con los que se está de acuerdo, es a través de la defensa del estado de derecho, que es el único que garantiza los derechos de todas y todos; porque no hay derechos especiales particulares ni para los hombres ni para las mujeres.

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  Para este grupo, el argumento de que la defensa del estado de derecho, de la presunción de inocencia, del debido proceso, sirve para perpetuar la violencia de género, no es válido. Como tampoco es válido que la letra de la canción del conjunto de rockeros argentinos “¡Que arda todo lo que tiene que arder! ¡Quememos todo para volver a nacer!”, se convierte en un programa político que atente contra el patrimonio que no es solo de los universitarios sino de todos los mexicanos. Confundir una propuesta musical con un programa de acción política que tira por la borda lo que con tanta dificultad se ha construido con el esfuerzo de carácter público y, además, nacional, es inadmisible. El desprecio a las instituciones construidas por el esfuerzo de generaciones de mexicanos que, pese a sus carencias, destinaron cuantiosos recursos para construir un modelo de manejo democrático, no puede ponerse en riesgo sin antes preguntarnos qué sucederá después que arda todo lo que tiene que arder. En el escenario más optimista, un semestre, y en el peor, el estado de derecho, la anarquía generalizada. Ningún universitario puede aceptar que se debe quemar el estado de derecho para volver a nacer; del mismo modo que ningún universitario puede estar en desacuerdo en que no se tomen medidas efectivas en contra de la violencia, cualquier tipo de violencia, y en particular, la de género. Visibilizar la violencia de género ha permitido que la opinión pública observe si la reacción de la comunidad universitaria, y de sus autoridades, frente al peligro que cotidianamente enfrentan las mujeres en nuestro país, puede servir de ejemplo para el país.

Las violencias: ¿el silencio o la democracia?

La reacción de la comunidad frente a la violencia ha sido la de desatar una campaña de denuncia con grandes gestos simbólicos en contra de ella; pero no se han emprendido acciones concretas para evitar en el futuro que esas acciones sigan siendo impunes. Por lo visto, al día de hoy, lo universitario es la denuncia, no la acción concreta, contra el actor o los actores de los hechos violentos que se denuncian. De esta manera pareciera que la denuncia no pasa de ser una estrategia para eludir su responsabilidad y trasladarla a las autoridades de la Ciudad de México, y a las del país. Se exige a las autoridades universitarias acciones fulminantes, expeditas, inmediatas; se les pide que realicen juicios sumarios, que se atribuyan funciones de tribunal y de ejecutor. Las autoridades universitarias, por su parte, exigen a las autoridades locales y federales que actúen en contra de la mano que mece la cuna; en el ínterin, la comunidad universitaria sigue adormecida. El reciente incidente del asalto a las oficinas de la Rectoría no mereció por parte de las mujeres organizadas el menor comentario; no se deslindaron de esas acciones que afectan la seguridad de todos; tampoco lo hicieron los miembros de la comunidad académica; y pese a las declaraciones de distintos niveles de autoridad sobre la mano que mece la cuna, ésta sigue siendo desconocida por los universitarios de a pie. Mientras esto ocurre, la Facultad de Filosofía y Letras sigue en una toma indefinida, lo mismo que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pareciera que las dos universidades de las que habló el rector en su mensaje han llegado para quedarse; una trabaja, cumple con su cometido, mientras la otra sigue proponiendo un abstracto diálogo en el que ni autoridades ni feministas radicales se preocupan por miles de universitarias y universitarios a quienes se les ha vulnerado y se les sigue vulnerando el derecho a la educación. ¿En este diálogo quién hablará de cómo se garantizará ese derecho que ante los ojos de todos se vulnera? A quienes les resulta extraña la actitud de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras y de sus autoridades, es necesario ofrecerles una explicación sobre las razones de esta aparente apatía que desconcierta a los observadores. Esta explicación podría ser que la comunidad en pleno adoptó el estoicismo como su modelo de conducta, porque a la exigencia de las Mujeres Radicales de una pronta acción que ofrezca resultados inmediatos como condición de que devuelvan las instalaciones, la comunidad y sus autoridades han mostrado la calma, el temple, característico de quienes han abrazado la doctrina de Zenón; misma que les permite mostrar que nada las mueve ni las conmueve, salvo el afán de dominio total de sus emociones. Si el estoicismo como escuela que predica el dominio del alma y el control de las pasiones, es admirable, porque quienes la siguen optan por el retiro de la vida pública, como funcionarios y maestros pagados con fondos públicos, están obligados a participar en la agitada y turbulenta convivencia, en la que los conflictos e incidentes deben ser resueltos con urgencia.

En el diálogo debe ser escuchada la voz de las urnas

Después del monólogo que entablaron autoridades y las mujeres que mantienen la toma, distintos sectores de la Facultad han expresado la urgente necesidad de un verdadero diálogo, frente a este legitima exigencia para resolver el conflicto que se vive en la Facultad. Ante estos hechos las mujeres radicales, no han ni querido ni podido, ofrecer una respuesta. Podría pensarse que la razón es porque no se han puesto de acuerdo en cómo dar respuesta al límite que la sociedad les impone tanto a ellas como a las autoridades universitarias, para que no se vulnere el estado de derecho y la presunción de inocencia, pilares en los que descansa la estabilidad de la organización social. Ante este límite que a nadie, absolutamente a nadie le está permitido traspasar, las mujeres radicalizadas no pueden encontrar ningún argumento en contra, lo aconsejable es que lo aceptaran; eso no causaría ningún desdoro para ellas y para su causa que es la causa de todos. Como eso no ha sucedido, la especulación se desborda y permite suponer que existen otras razones. ¿Cuáles serían éstas? Sean cuales fueren ninguna es favorable a la continuación de la toma, porque sin diálogo no existe la posibilidad de emprender los pasos necesarios para erradicar la violencia de género. Por eso resulta necesario proponer medidas para destrabar el impasse en el que se encuentra la institución. El diálogo presupone el ejercicio de la razón, por lo que negarse al mismo significa que no se está dispuesto a dicho ejercicio. Si la razón es impotente, si no se apela a ella sino a la intransigencia, la lección que se nos está dando es que la inteligencia, por brillante que sea, es impotente frente a la cerrazón y la intransigencia La forma en la que la democracia resuelve el conflicto que se presenta cuando se manejan dos posturas irreductibles es la de que los miembros de la comunidad decidan cuál es la vía a seguir. En el caso que nos ocupa, la comunidad académica, compuesta por maestros y alumnos, debe decidir si apoya o no la toma. Esta decisión no corresponde a ninguna autoridad ni a ningún grupo; la primera, por haber sido rebasada al haber accedido a la demanda de las Mujeres Organizadas y separar al Secretario General de la Facultad de su cargo mediante el argumento de que presentó su “renuncia voluntaria”. Las Mujeres organizadas, por mucho que se autoproclaman abanderadas, no sólo de las múltiples expresiones del feminismo, sino de todo el género femenino, carecen de la necesaria legitimidad representativa que sólo el voto ofrece. Así, deslegitimadas las autoridades por omisión, y las segundas por usurpación del género, se ha vulnerado el derecho a la educación de las y los estudiantes, así como el derecho de los académicos de realizar las actividades para las que están contratados. Cabe señalar que sólo con el voto de toda la comunidad, se podrá superar la situación que ninguna de las partes, ni autoridades ni mujeres organizadas, han sabido llevar a buen término. Sólo así se podría dar una lección de lo que significa el compromiso con la autonomía y con los valores que la sustentan. Solo así se podría dar una lección en las dependencias que mantienen paros indefinidos, de lo que significa el compromiso con la democracia y los valores que sustentan la autonomía.

• *Ignacio Sosa Álvarez es profesor de la FFyL- UNAM