CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El surgimiento de los gobernadores autodenominados “federalistas” apareció a la vida pública como acaba de perecer: como una iniciativa anclada en difundir mensajes llenos de posverdades para confundir a la opinión pública, artificialmente magnificados por buena parte de los medios de comunicación. Existen, por supuesto, elementos que me permiten sustentar lo que afirmo. Veamos.

Primero. Se dijo que buscarían salir del Pacto Fiscal, pero omitieron señalar a la sociedad que esa acción no depende de los gobernadores, sino de los integrantes de la Federación; es decir, de los 32 estados del país. Y que el Pacto Fiscal está expresado en la Ley de Coordinación Fiscal aprobada por el Congreso de la Unión cuya reforma requiere al menos la mitad más uno de los diputados presentes en la Cámara de Diputados, de la misma mayoría en el Senado y de la promulgación del Presidente de la República, tal y como lo establece el proceso de creación de normas jurídicas válidas previstas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobra decir que los diez gobernadores no sólo no tienen mayoría legislativa en el Congreso de la Unión, sino ni siquiera cuentan con el voto total de las entidades que gobiernan porque coexisten en esos estados legisladores de las distintas fuerzas políticas, no todos habrían – como así pasó- cerrado filas con la iniciativa de sus gobernadores.

Segundo. Suponiendo sin conceder que hipotéticamente el fundamental impedimento legal hubiese sido sorteado, un problema de vieja data es que los gobiernos de los estados tienen una muy baja capacidad de recaudación fiscal – me refiero a los impuestos que sí pueden cobrar directamente- por razones multifactoriales: a) Criterios políticos de no cuestionar el statu quo; b) Mala preparación de los recursos humanos para fiscalizar y recaudar y c) Desafortunados diseños institucionales para traducir en acto la labor de recaudación fiscal. Todo lo anterior genera un círculo perverso- desde la perspectiva recaudatoria- para cobrar impuestos porque no se ha querido pagar el costo político que esa actividad implica.

Tercero. En días pasados, uno de los gobernadores de ese grupo dijo que en virtud de que terminaría su gobierno el año entrante no “buscaría salir del Pacto Fiscal”. Es una mentira falaz porque uno puede salirse de lo que depende de su esfera de decisión no de la de otros, lo que pone de relieve el tinte político-electoral y retórico de estos señalamientos al amparo del desconocimiento de la sociedad de cómo se reparten los recursos federales. Se piensa- equivocadamente- más como una leyenda urbana que los estados generan mayor riqueza de la que reciben y en esa narrativa es el centro el que la asigna discrecionalmente quitando recursos legítimos a los estados que la generan.

Cuarto. La verdad detrás del mito es que los estados de la República no generan ingresos como para sobrevivir fuera del Pacto Fiscal. En efecto, los estados integran su presupuesto de cuatro fuentes básicas de financiamiento: a) Ingresos propios, b) Ingresos por Participaciones Federales (ramo 28), c) Ingresos por Aportaciones Federales (Ramo 33) y d) Ingresos por Financiamiento (deuda contraída con instituciones financieras). Los rubros b) y c) representan claramente la mayor parte de su financiamiento. Tan es así que en promedio representan 85 de cada 100 pesos del presupuesto que ejerce cada estado. Se trata de los recursos generados por el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en lo que se conoce como Recaudación Fiscal Participable.

Quinto. Las participaciones derivadas del Ramo 28 son recursos federales que reciben Estados y municipios para libre disposición, otorgados en función del número de habitantes. De esta suerte, en el 2020, los recursos por este rubro fueron distribuidos en orden descendente de esta forma: Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Chiapas, Michoacán, Chihuahua, Baja California, Oaxaca, Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Yucatán, Morelos, Durango, Quintana Roo, Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala, Nayarit, Campeche, Baja California Sur y Colima. Las del Ramo 33 con algunas variantes es similar a la distribución del Ramo 28 y se distinguen por ser recursos etiquetados para cumplir con las funciones básicas del Estado: educación, salud, seguridad, asistencia social, entre otros. Véase como en los primeros 10 lugares están mayoritariamente gobiernos de oposición a la 4T ( 6 de 10).

Sexto. Además de lo anterior se encuentra lo que se denomina el Gasto Federalizado que se manifiesta en hospitales del IMSS, del ISSSTE, carreteras federales, oficinas federales, zonas militares y navales, en su caso, que generan un beneficio a la población de los estados y una derrama económica por la circulación de recursos a la cadena productiva local. En una hipotética salida de un estado del Pacto, tendría problemas concretos adicionales: ¿En el caso de las carreteras federales los estados deberían pagar peaje y mantenimiento y cómo lo harían? ¿Cómo pagarían los servicios de las clínicas y hospitales del IMSS e ISSSTE y de las instituciones federales para que prestaran servicios a la población que no podría cubrir el sistema de salud local? ¿Con qué recursos sustituiría a las zonas militares y navales, a la guardia nacional para asegurar la seguridad únicamente con las fuerzas estatales y municipales de seguridad? El asunto dejando atrás la retórica discursiva sería arduo complicado para resolver.

Séptimo. Y por si lo anterior fuera poco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dio un revés a estos federalistas en su impugnación por la desaparición de los fideicomisos aprobada por el Congreso de la Unión. ¿Así o más claro que la intención es sólo de artilugio político sin sustento normativo?

@evillanuevamx

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