CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre enmendar los errores y la terquedad para repetirlos, la actual administración parece optar por lo segundo en lo que respecta a la política energética nacional. Se pretexta el interés público, el dominio de la Nación sobre los recursos naturales y el interés del pueblo. No hay evidencia de que se aprecien bien tales conceptos.

Es de interés público y en bienestar de las personas que cuidemos nuestro medio ambiente; es de interés público y en bien de las generaciones futuras que se haga lo necesario para enfrentar la crisis climática; es mayor el peso del interés público que respalda una transición energética justa y el interés de que las comunidades tengan acceso directo a fuentes de energía renovables, que pretextar el dominio de los recursos naturales nacionales a fin de fortalecer a las empresas del Estado.

Ese es el mensaje que al Ejecutivo federal le han dado una y otra vez los juzgados de amparo que conocen de las causas ambientales contra sus instrumentos de política pública en materia energética, pero en lugar de escucharles se insiste en plantear una reforma constitucional para imponer la errónea visión gubernamental.

La cantaleta del gobierno de que no habrá complicidad con intereses privados no acierta a disipar su principal equivocación. Es un falso dilema el que la política energética nacional solo pueda tener una orientación estatalista o individualista. Al menos una de las empresas productivas del Estado podría apostar su futuro al uso de energías renovables, mientras el resto del gobierno debería de buscar medios para acabar con la pobreza energética haciendo efectivo el acceso directo a ellas.

Pero es más sencillo burlar a nuestra Corte. Como no le da la razón esta semana al capricho presidencial, se necesita una reforma constitucional en línea con su terquedad. Y aquí es donde las cosas necesitan de un giro: ¡es hora de construir una línea jurisprudencial que permita hacer “justiciable” una reforma constitucional!

La Constitución no debe ser rehén de un gobierno, el presidente no es el pueblo, ni habla por el pueblo entero, ni entiende a todo el pueblo. En todo caso, mucho mejor se reflejan los intereses de la población con el reconocimiento de derechos humanos en el texto constitucional. Justamente por eso, porque la Constitución es un medio solamente –y lo más importante son nuestros derechos–, sus contenidos no deben cambiarse a capricho. Pero como todo, se necesitan garantías efectivas.

Salvaguardas al alcance de las personas, de entre las cuales el juicio de amparo es el más accesible. Un argumento que antes se usaba para negar la procedencia de este medio de garantía como herramienta para cuestionar el resultado de una reforma constitucional –inclusive más que el procedimiento lesgislativo que se realiza–, es que los efectos de una eventual sentencia protectora extenderían sus beneficios más allá de las partes en juicio. Pero ese principio ya ha sido matizado.

Hay muchas cosas por hacer en sede judicial para intentar defender nuestros derechos humanos frente a la política energética nacional. Hay mucho que armonizar entre los diferentes juzgados y tribunales del país, de modo que hagan suyos los precedentes que más favorecen la protección de los derechos en juego provenientes de la Suprema Corte de Justicia. Hasta hay que exigir que en la Corte sus integrantes voten los asuntos en la misma frecuencia –pues si abundan casos con múltiples votos concurrentes, se hace imposible ubicar un precedente–.

Sea como fuere, quienes somos parte del pueblo no podemos guardar silencio mientras quienes dicen representarnos no rectifiquen el camino. Justicia climática, justicia social, van de la mano, pero ambas necesitan de real acceso a la justicia. Así que en víspera del Día Internacional contra el Cambio Climático, me sentiré más tranquilo si aprovecho este espacio para reiterar que más que nunca hace falta que el amparo sea procedente para reclamar una reforma a la Constitución. Esa es una decisión judicial, no es una decisión política, aunque por supuesto, la respuesta que se brinde desde sede judicial tampoco está exenta de sustentarse con argumentos y comportamientos políticos. Ojalá que no sea así en esta causa.