CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con tensos momentos de polémica y confrontación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está construyendo una compleja relación entre el poder oficial y los medios de comunicación en México. Pero más allá de todo comentario que simplifique posturas en defensa del gremio periodístico o a favor del gobierno, esa relación no puede –y no debe– definirse con facilidad ni premura: se trata de un problemático replanteamiento del lugar del Estado como un pretendido proyecto de “transformación” política. Al mismo tiempo, sin embargo, este proceso exige un examen crítico del papel que desempeñan los medios en el presente neoliberal de nuestra sociedad. El escenario de esta nueva relación, como sabemos, fue preparado por el propio poder presidencial. Cada mañana, AMLO determina el ciclo de noticias en el país con una alargada conferencia de prensa donde se discuten políticas públicas, muchas veces de modos contradictorios y desconcertantes, y donde también se atienden preguntas directas de reporteros y ciudadanos. Estas discusiones se han ido agravando, y aunque es justo subrayar que el presidente mantiene un foro abierto y libre de censura, su lenguaje se ha politizado al grado de exigir un compromiso de los medios de comunicación con su proyecto de gobierno. No obstante, a mi parecer, la discusión se ha enfocado desproporcionadamente en los efectos del discurso oficial sin considerar a fondo la responsabilidad de los medios que con frecuencia pasan por alto un ejercicio, muy necesario, pero siempre postergado, de autocrítica. Repasemos primero algunos de los episodios que configuran esta fascinante y a la vez inquietante relación entre poder y medios. Está, de entrada, lo que AMLO ha llamado “prensa fifí”. Este concepto, según el presidente, se refiere a que “algunos medios de información se dedicaron a aplaudir y a callar y a obedecer, a quemarle incienso al régimen de un partido o de otro” (Polemón, 18 de septiembre, 2018). Destaco otras dos definiciones de “fifí”, que no por afines al gobierno de AMLO, son menos acertadas. Para el académico y funcionario Gibrán Ramírez Reyes, “fifí” es un marcador de clase utilizado desde el siglo XIX para acusar una posición de privilegio “que ve por encima del hombro, que existe aunque no se quiera nombrar” (Proceso, 9 de noviembre, 2018). Por su parte, John Acker­man, profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, relaciona lo “fifí” con posturas ideológicamente comprometidas con el neoliberalismo en México, aquello que “ha intentado justificar la corrupción, la privatización y la exclusión de más de la mitad de la población de los frutos del desarrollo” (RT, 9 de julio, 2019). Como anotó el escritor Alberto Barrera Tyszka, AMLO pareciera “definir cualquier disidencia como fifi” (The New York Times, 7 de abril, 2019). Pero en su articulación retórica, el término se ha construido sobre todo para advertir cómo parte de la prensa ha sido utilizada históricamente por los élites político-empresariales en México en algunos de los más violentos episodios de la historia del país. El hecho de que este debate sea instigado desde la Presidencia ha generado justificadamente una alarma entre los propios medios. El lenguaje del presidente se ha ido radicalizando de un modo preocupante. El 26 de marzo, AMLO se refirió a los medios “fifí” como “fantoches, conservadores, sabelotodo, hipócritas, doble cara”. No propongo minimizar las graves implicaciones de este discurso oficial en medio de una hostilidad generalizada en contra del periodismo en México. De los 131 asesinatos de periodistas registrados por Artículo 19 desde 2000, 11 ocurrieron ya durante estos primeros meses del gobierno de AMLO. Con todo, ni en sus momentos en apariencia más intolerantes, la crítica de López Obrador difícilmente puede compararse con los incontables actos de represión, censura y violencia de los gobiernos anteriores. Cabe aquí recordar uno de los claros avances de la presidencia de AMLO en cuestión de información: la Ley General de Comunicación Social –la llamada Ley Chayote– se propone transparentar el gasto en publicidad oficial, que en gobiernos anteriores era utilizado para comprar influencia en los medios. Por el contrario, todavía en 2016, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, la misma organización Artículo 19 registró que siete de cada 10 agresiones directas en contra de periodistas en esos años habían sido perpetradas por agentes del Estado. Pese a los evidentes riesgos que conlleva la crítica de AMLO, se abre también ante nosotros la oportunidad de una pregunta más profunda que acaso no ha sido considerada con suficiencia. Durante la conferencia de prensa del 22 julio, al discutir con el reportero Arturo Rodríguez de la revista Proceso (que según el presidente “no se portó bien” con su gobierno), AMLO recordó el papel instrumental del periodista Francisco Zarco en las disputas sobre la libertad de expresión entre liberales y conservadores en el siglo XIX, afirmando que “todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones”. Como ha ocurrido con la historia de la prensa en todo el mundo occidental, los medios y el poder político han estado imbricados desde su origen. Los grandes periodistas han sido con frecuencia abogados, poetas y figuras políticas a la vez. El propio Zarco, que primero había sido funcionario en el gobierno de Benito Juárez, “abrazó el periodismo como un modo de hacer política al mediar el siglo de la Independencia”, según recuerda Miguel Ángel Granados Chapa en su libro Francisco Zarco y la libertad de expresión. Es preciso subrayar aquí que numerosos periodistas en México, que son a la vez activistas, académicos e incluso funcionarios de gobierno intermitentes, continúan hasta hoy la senda de Zarco. Así, el periodismo se ha ejercido siempre desde una suerte de impureza profesional que ha oscilado entre un abierto compromiso político y una dependencia con el mercado de noticias que convierte la información en mercancía de consumo volátil. De ese modo lo explica el teórico de la comunicación Jesús Martín-Barbero en su libro Oficio de cartógrafo: “Hoy la ideología es no sólo la forma sino la materia prima de la información, ya que de prensa política en su gestación, la que hoy tenemos es sobre todo prensa publicitaria”. Este punto va al fondo de la discusión propuesta por AMLO. Afirmar una independencia absoluta de los medios de comunicación –de grupos de poder o de intereses del mercado capitalista– es y ha sido siempre una falacia histórica. Los medios dependen, en el menor de los casos, de una inercia de información que en la era de las redes sociales cobra valor sólo si se viraliza y se consume en masa independientemente de su rigor. Me basta un solo ejemplo: durante los años de la mal llamada “guerra contra el narco”, la mayoría de los periodistas en México reprodujo acríticamente la explicación oficial que legitimó la militarización del país y que contribuyó a que los crímenes del presidente Felipe Calderón fueran justificados por la sociedad mexicana en general, como discutí en mi libro Los cárteles no existen. Es aquí que AMLO, pese al válido reclamo del gremio, tiene razón: las noticias de medios nacionales con frecuencia son publicadas con información inverificable, incompleta o incluso falsa. La escasa formación profesional de muchos de los reporteros en México los lleva a redactar notas apenas con una fuente o muchas de las veces sin ninguna. Por otra parte, la nula estructura de verificación de datos que debilita el ejercicio del periodismo en prácticamente todas las redacciones del país convierte a los medios en productores de información que carece de cruciales estándares de rigor periodístico. Finalmente, todo reportero en México ha constatado que la primera violencia en contra de un periodista la perpetra su propio medio, todos los días, con dinámicas laborales de explotación por medio de salarios inaceptables, prestaciones adelgazadas (cuando las hay) y un desprecio en general por el valor del trabajo tanto de redacción, como de video, audio y fotografía. La difícil relación que el gobierno de AMLO ha llevado hasta ahora con los medios de comunicación debe someterse a la más exigente mirada periodística, pero ello dependerá en buena medida de nuestra capacidad de respuesta al momento de ejercer un oficio riguroso, profesional y cuidadoso, e igualmente importante, remunerado con justicia y protegido por los dueños de los propios medios. En el balance de estos primeros meses de la llamada “cuarta transformación”, es irónico comprender que ese examen crítico, todavía postergado entre los periodistas, comenzó primero en la sala de prensa de López Obrador. Este análisis se publicó el 1 de septiembre de 2019 en la edición 2235 de la revista Proceso.