MÉXICO, D.F. (Proceso).- Los conflictos que han conducido a la paralización de actividades académicas en las universidades de Sonora, Zacatecas y Querétaro, más los movimientos que cimbran las estructuras de gobernabilidad en la UNAM y en otras instituciones de Oaxaca, Michoacán, Sinaloa y Coahuila, por mencionar algunas, son sólo atisbos de una crisis mucho más profunda en la que se encuentran sumidas las universidades públicas del país. Se ha detectado en ellas polarización y sectarismo de grupos estudiantiles, enredados como están en algunas de sus incalificables subculturas (como se vive ahora en la UNAM); orientación individualista y sumisa de la mayoría de los docentes e investigadores, concentrados en mantener su puntaje y su estabilidad en cuerpos académicos o en el Sistema Nacional de Investigadores, y una lógica de reciclaje “internalista” de funcionarios para garantizar sus zonas de confort. Como colectivos, en general, dejan de lado su compromiso social ante la violencia criminal que nos azota, y voltean hacia la nada para no hacerse responsables de buscar una mínima solución ante la de­sesperación y el desasosiego de millones de jóvenes que sucumben a su alrededor en busca de estudio o trabajo. Aún más, la universidad, aunque se le ha demandado su opinión, sigue sin pronunciase en torno al modelo de educación que se requiere en el país, al conflicto magisterial en crecimiento y radicalización, y a las políticas que, equivocadamente, han pretendido hacer creer que nos encontramos al inicio de una reforma educativa que “transformará al país”. Mientras la nación se desgarra desde sus cimientos, la universidad mexicana está como ausente. Sumida en su catástrofe, se mantiene en una suerte de autismo institucional, alejándose de la esencia de la autonomía universitaria que se expresaba, en algún tiempo, como una legítima inteligencia colectiva y un faro que hacía valer la verdad y la libertad del pensamiento. Esta es la consecuencia de haber dejado imponer una política sistemática de modelo diferenciado, a través del cual la universidad pública tuvo que mantenerse enfrentando constantes conflictos derivados de sus cargas impositivas y déficits financieros, sin un presupuesto de tipo multianual (tantas veces requerido), con una planta académica en proceso de envejecimiento alejada de un retiro digno, y con estudiantes que ven en su futuro profesional un escenario de desempleo o de precariedad laboral. Las privilegiadas del nuevo modelo fueron y son otras. Con los gobiernos del PAN y ahora del PRI las escuelas privadas son las que han gozado de suculentas prebendas para seguir siendo un próspero negocio, y se sienten muy a gusto con los términos con los que la política pública las cobija, legitima y asume: currícula organizada en competencias; becas que se otorgan a pequeños núcleos de personas que procuren ser “líderes y emprendedores”; aplicación de evaluaciones estándar y rankings; resultados de exámenes que privilegian su “adecuada infraestructura”; becas “tipo voucher”; recursos extraordinarios para el desarrollo de posgrados y proyectos de investigación de beneficio a empresas. Ahora las “patito” son las públicas. En un estudio promovido por la UNAM (2012) se indica que, tomando en cuenta los dos últimos sexenios, con todo y que hubo un notable aumento en la matrícula, las universidades públicas tuvieron que enfrentar apremios financieros asociados a inequidades en la asignación del subsidio federal y estatal por alumno, además de pasivos financieros acumulados producto de la rigidez de los esquemas de pensiones y jubilaciones, al igual que de procesos de lenta renovación de la planta académica. Asimismo, la investigación establece que las universidades públicas trabajan sumidas en la incertidumbre, en la disputa anual para lograr obtener alguna redistribución presupuestal, siempre demandando aumentos extraordinarios o compensatorios, o exigiendo lo que se les había prometido. En general, las instituciones de educación superior que dependen del gasto público federal tendrán, para 2014, un decremento financiero, con excepción del IPN, la UNAM y la UAM. Las restantes deberán seguir apretándose el cinturón, como las que ya están en huelga, porque dependerán de las partidas de recursos extraordinarios que se vayan proyectando durante el año. Ya veremos qué pasa después del primer semestre de 2014, cuando la inflación y la recesión empiecen a hacerse sentir en el egreso de las partidas del gasto público. Por lo pronto, en algunas universidades del país están extendiéndose los infiernos. Ya veremos, cuando se incendie la pradera, quién será el jefe de los bomberos.