CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con un registro oficial al día hoy de 133 mil 116 personas desaparecidas y no localizadas, durante los primeros ocho meses del gobierno de Claudia Sheinbaum se localizaron 438 personas con reporte de desaparición, de las cuales 417 con vida y 21 sin vida, así como 560 hallazgos, como resultado de 3 mil 148 acciones de búsqueda en vida y 2 mil 582 “acciones forenses”.  

De acuerdo con el documento presidencial, antes de que Teresa Guadalupe Reyes dejara el cargo al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), se realizaron “dos diligencias de búsqueda de coordinación con la Defensa, la Guardia Nacional, la CNB, autoridades de los estados de Nuevo León y Tamaulipas, así como colectivos de búsqueda, en uno de los casos se hallaron restos óseos los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público”.

Lo anterior como evidencia de que en los primeros meses de la administración Sheinbaum “el gobierno de México redobló los esfuerzos para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas”.

De acuerdo con el Primer Informe de Gobierno, en el que se sostiene que “la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad para el gobierno de México”, entre el 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de este año, se realizaron actividades para “reforzar las capacidades institucionales federales y estatales”, así como el fortalecimiento del “diálogo directo y la colaboración con los colectivos de familiares”. 

Sin mencionar el hallazgo de restos humanos calcinados en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, el Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum hace referencia a la serie de reuniones con colectivos de personas buscadoras y familiares de personas desaparecidas, coordinados por la Secretaría de Gobernación. 

En la relación de actividades destacan 14 sesiones de las “Mesas de diálogo sobre la agenda de desaparición y búsqueda con colectivos”, realizadas en la Ciudad de México; cuatro reuniones virtuales para “revisar y aportar” a la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; y 10 reuniones con familiares y colectivos que “fueron derivadas de las Mesas de Diálogo”. 

El documento puntualiza que, de octubre de 2024 a junio de 2025, “se atendieron a 172 colectivos de 28 entidades federativas, y de El Salvador, Honduras y Guatemala, se contó con la asistencia de más de 700 personas y se atendieron más de 200 casos particulares por parte del personal de la CNB”. 

A esas acciones se suma la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que gestionó “ocho planes de reparación en cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a favor de familiares de víctimas desaparecidas y el acceso a la reparación integral del daño”. 

En cuanto al subsidio para las 32 comisiones estatales de búsqueda, al 30 de junio de 2025 se entregó el 70% del recurso autorizado que alcanzó  un monto superior a 416 millones de pesos. 

En materia de atención a víctimas, la CEAV registró a 19 mil 075 personas en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), de las cuales 2 mil 204 son víctimas del ámbito federal, 923 víctimas directas y mil 282 víctimas indirectas, en tanto que el resto, 16 mil 971 son víctimas del ámbito local, 10 mil 760 víctimas directas y 6 mil 111 indirectas. 

En cuanto a los apoyos económicos a personas vulnerables, “se destinaron 444.45 millones de pesos a 5 mil 020 personas para cubrir gastos de alimentación y salud, con 56% de los apoyos dirigidos a familiares de desaparecidos”, además de que se destinaron 88.59 millones de pesos en 6 mil 750 traslados para facilitar la movilidad de 2 mil 467 víctimas”. 

La CEAV destinó 20.51 millones de pesos para ayuda inmediata para apoyar a 399 personas, como resultado de 210 resoluciones. 

En canto a reparación integral del daño, el informe refiere que se benefició a 864 víctimas con un monto total de 387.13 millones de pesos, del cual 278.9 millones de pesos fueron canalizados por la CEAV y 108.95 millones fueron complementados por las instituciones que habrían sido señaladas de cometer abusos. 

En materia de derechos humanos, el primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum enlista una serie de cursos dirigidos a servidores públicos de fuerzas armadas y Guardia Nacional, así como del Instituto Nacional de Migración (INM) y custodios de centros de reclusión, entre otras instituciones.