CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes del Congreso de Estados Unidos emplazaron al gobierno del presidente Joe Biden para que fije una posición sobre las polémicas reformas de fin de sexenio del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, entre ellas la del Poder Judicial.

En una carta dirigida a la representante comercial estadunidense Katherine Tai, 10 congresistas exigieron a la Casa Blanca a que se comprometa con López Obrador y con la presidenta electa Claudia Sheinbaum para garantizar que cualquier reforma que se apruebe no entre en conflicto con el acuerdo comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

En días pasado, The Wall Street Journal publicó un editorial en el que reclama al gobierno de Biden que permanezca como simple espectador mientras avanzan las reformas en México. 

“Muchas de las reformas propuestas parecen comprometer el acceso de los inversionistas estadunidenses a un marco regulatorio estable, predecible e imparcial”, sostiene la carta firmada en su mayoría por congresistas republicanos.

Los legisladores alertan además sobre otras políticas del obradorismo como la desaparición de los organismos autónomos y la restricción a las importaciones de maíz genéticamente modificado.

“Le escribimos para expresar nuestra preocupación con respecto a varias reformas constitucionales que está considerando el Congreso de México. Le instamos a que se comprometa con el presidente López Obrador, la presidente electa Sheinbaum y el Congreso entrante de México para garantizar que cualquier reforma promulgada no entre en conflicto con las obligaciones bajo el T-MEC”, dice la misiva dirigida a Tai.

Los congresistas aseguran que reconocen el derecho soberano de cada gobierno a actualizar su Constitución. Sin embargo, advierten muchas de las reformas propuestas parecen comprometer el acceso de los inversionistas de su país a un marco regulatorio estable, predecible e imparcial.

“También nos preocupa cualquier esfuerzo del Gobierno mexicano para prohibir o limitar ciertos métodos de extracción, reducir la exploración de litio, restringir las operaciones y los permisos de electricidad, restringir las importaciones de maíz genéticamente modificado o abolir los organismos reguladores independientes”, sostienen.

Tales políticas, consideran, socavarían la competitividad norteamericana y crearían un entorno desafiante para las empresas relevantes que buscan operar bajo las reglas del T-MEC en México.

El calendario previsto para considerar estas reformas requiere que la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) se comprometa rápidamente con el Gobierno mexicano para garantizar que las preocupaciones de las partes interesadas de los Estados Unidos se comuniquen adecuadamente, plantean los congresistas.

En ese contexto establecen que, de cara a la revisión del T-MEC en 2026, es imperativo que cada país socio respete la integridad del acuerdo.

“Cualquier acción que contravenga las obligaciones del T-MEC creará una duda significativa con respecto al compromiso con nuestros objetivos compartidos e inevitablemente dificultará el proceso de revisión”.

Exigen respuestas

Los congresistas demandaron a Tai una sesión informativa para dialogar sobre las reformas y el T-MEC, y solicitaron una respuesta por escrito a las siguientes preguntas antes del 20 de septiembre.

1. ¿Cuál es la posición de la Administración Biden-Harris sobre las reformas constitucionales propuestas relacionadas con la energía, la minería, el maíz genéticamente modificado, las agencias reguladoras autónomas y la reforma judicial?
2. ¿Cuál es el impacto anticipado que estas reformas tendrían en las empresas e inversores estadounidenses?
3. ¿Cómo se alinearían estas reformas con las obligaciones de México bajo el T-MEC?
4. ¿De qué manera la USTR se ha estado involucrando con las partes interesadas de los Estados Unidos para defender sus intereses?
5. ¿Cómo se ha comprometido la USTR con el Gobierno de México en estas reformas constitucionales desde que se anunciaron por primera vez las iniciativas?
6. ¿Cuál es la estrategia a largo plazo de la USTR para proteger los marcos regulatorios confiables e imparciales y el acceso al mercado para las industrias estadounidenses? ¿Deberían promulgarse estas reformas?

La carta está firmada por Adrian Smith, republicano de Nebraska; Jim Costa, demócrata de California; Jodey C. Arrington, republicano de Texas; Mike Carey, republicano de Ohio, y Claudia Tenney, republicana de Nueva York.

Además de Greg Stanton, demócrata de Arizona; Beth van Duyne, republicana de Texas; Ron Estes, republicano de Kansas; Michelle Steel, republicana de California; y David Schweikert, republicano de Arizona.