CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Quien se consideró a sí mismo el presidente más humanista, Andrés Manuel López Obrador, concluye su mandato con la firma de la reforma constitucional que entrega el control, ahora, de la seguridad pública al Ejército, protagonista histórico de masacres en México.

El de izquierda, que durante su campaña afirmó que de llegar a la silla presidencia regresaría a los militares a los cuarteles y su movimiento clamaba el “no a la militarización”, al estar en el poder no sólo no los sacó de las calles, al contrario, les entregó el poder de acaparar obras y con ellas el presupuesto.

Bajo el cobijo de ser “temas de seguridad nacional” siguió siendo una de las instituciones con mayor opacidad, nunca rindieron cuentas y sólo por el hackeo del colectivo Guacamayas se tuvo acceso a información de esta secretaría, sus manejos y de la información en su poder de políticos, incluso secretarios de Estado coludidos con grupos criminales, aún en este gobierno, pero nada se hizo al respecto.

El mandatario federal inició su última aparición en un acto público -que sustituyó a la que pudo ser la conferencia final con preguntas de la prensa- con la celebración de la firma del decreto que adscribe la corporación creada en su gobierno, la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Es una institución para garantizar la seguridad pública. Ya tiene 130 mil elementos y se construyeron 500 instalaciones, cuarteles, ya es una institución acreditada para proteger a los ciudadanos”.

En la última mañana como jefe del Ejecutivo Federal aseguró que este “logro” significará “dar solidez, permanencia, disciplina y manejo honesto, sobre todo, el que no se vincule a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco. Que se mantenga siempre la frontera”, la línea divisoria entre la delincuencia y la autoridad porque, afirmó, cuando eso se pierde no se tiene ningún tipo de autoridad.

Su gobierno se fue con la marca de no resolver la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como lo prometió también durante su campaña, y aunque comenzaron de nuevo las investigaciones en su administración, el avance se detuvo hasta que se topó con el Ejército, afirmaron las madres y padres de las víctimas.

La defensa del Ejército ante este caso comenzó desde el sexenio anterior, cuando se dio la desaparición, pero en ese momento a manos del general Salvador Cienfuegos, quien después fue detenido en Estados Unidos, por señalamientos de vínculos con el narcotráfico, pero fue rescatado también por el presidente López Obrador bajo el amago al país vecino de que debía ser por cuestiones diplomáticas, mas no porque se hiciera la investigación y resultara absuelto, porque el morenista evitó que se llevara a cabo un juicio.

La defensa y protección a los militares, ante todo, fue el distintivo del gobierno del presidente de origen tabasqueño, quien incluso el 3 de octubre del año pasado afirmó que en todos sus años de lucha sí imaginó ser el gran defensor del Ejército.

“Cuando han cometido errores, que los han cometido, ha sido fundamentalmente por órdenes de autoridades civiles, por órdenes de los presidentes civiles. Entonces, sí, tienes razón, defiendo al Ejército y defiendo a las Fuerzas Armadas. ¿Y saben quién también defiende al Ejército y defiende a las Fuerzas Armadas? La mayoría del pueblo de México”, sentenció en aquel momento.