CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el año 2016 el presidente Andrés Manuel López Obrador intentó impugnar una reforma constitucional pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ni siquiera estudió el caso.

Durante su conferencia matutina del pasado 17 de septiembre el mandatario federal afirmó que la Corte no tiene facultad para revisar la reforma constitucional por la que se modificó la estructura del Poder Judicial de la Federación (PJF) y los poderes judiciales locales.

“No hay ningún fundamento legal para detener la reforma al Poder Judicial, no existe ningún fundamento legal”, dijo el presidente.

Esto, debido a que en el año 2016, López Obrador, entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la Carta Magna que transformó al DF en CDMX.

El ministro Javier Laynez Potisek declaró improcedente la impugnación y desechó la demanda del hoy presidente de la República.

El acuerdo fue confirmado a propuesta de la ministra Norma Lucía Piña Hernández quien señaló que la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional (que regula el procedimiento de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales) establece claramente que la demanda de Morena no es la vía para impugnar una reforma constitucional, además de que el partido no puede presentar este tipo de impugnaciones.

“La acción de inconstitucionalidad no es la vía para impugnar una reforma constitucional, por lo que no se actualiza la procedencia de la acción, y que el partido promovente carece de legitimación, pues sólo la tiene para cuestionar leyes federales o locales en materia electoral, pero no reformas constitucionales”, señaló la ministra Piña.

El comentario del presidente sobre la inexistencia de fundamentos legales para impugnar la reforma judicial respondió a que la Corte ha recibido solicitudes por parte de jueces y magistrados tanto para frenar el proceso de reforma constitucional como para suspender su ejecución.

Sin embargo, el argumento del presidente no necesariamente aplica a los casos planteados por los juzgadores ante la SCJN.

Esto debido a que las solicitudes no se han realizado mediante acciones de inconstitucionalidad sino mediante una facultad que tiene la Corte, prevista en la Ley Orgánica del PJF, para resolver los conflictos que surjan entre dicho poder y otras autoridades o particulares.

Los jueces y magistrados afirman que la SCJN debe intervenir porque la reforma judicial pone en conflicto al Poder Judicial con los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Debido a que este es un hecho sin precedentes, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, ha iniciado cuatro consultas al Pleno para que entre todos sus integrantes definan si el Máximo Tribunal puede o no ejercer esa facultad de la Ley Orgánica del PJF para revisar la reforma constitucional como si la institución fuera parte afectada.