CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Todos los partidos en la Cámara de Diputados estuvieron de acuerdo en reformar la ley para que se transparenten los programas de desarrollo social y se publiquen sus reglas de operación… pero en los estados y municipios.

El pleno de San Lázaro aprobó este jueves con 447 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, una reforma al artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social. El dictamen fue remitido al Senado de la República.

La iniciativa instituye que los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios elaboren y publiquen en sus respectivos medios de difusión oficial las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en sus respectivos presupuestos de egresos anuales.

El propósito, se informó, es otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos.

La transparencia ha sido uno de los temas más debatidos en relación con los programas sociales, que a escala federal constituyen uno de los ejes prioritarios de la actual administración.

Y recientemente los programas sociales han sido señalados como una posible amenaza en el contexto de la actual elección: el pasado 5 de marzo, el Observatorio Ciudadano 2023-2024 del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo alertó sobre la posible utilización ilegal de estos apoyos.

En ese contexto, el think tank exigió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno suspender de inmediato toda acción no urgente relacionada con los programas sociales y sus beneficiarios.

Unos días antes, el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, al participar en la Sesión Ordinaria 2024 del Sistema Nacional Anticorrupción, calificó de prioritario promover la transparencia y la participación ciudadana en programas sociales y en contrataciones públicas para reducir el riesgo de corrupción.

Y más recientemente, el manejo de los programas sociales federales, en particular el de la pensión para adultos mayores, fue cuestionado por el empresario Ricardo Salinas Pliego, al señalar que no se rinden cuentas “persona por persona” de cuánto recibieron, a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha respondido pidiendo pruebas de un presunto mal manejo.

Discrecionalidad

El diputado emecista Omar Enrique Castañeda González, promotor de la iniciativa, sostuvo que la reforma avalada ayer pretende hacer públicas las reglas de operación de las entidades y los municipios para la distribución de recursos públicos.

Aseguró que la mayoría de las y los ciudadanos no creen en sus instituciones ni en los gobiernos municipales, porque es ahí donde se maneja con mayor discrecionalidad el uso de programas.

“Sabemos que muchos utilizan de manera corporativa los recursos públicos y manejan de forma oculta y sectaria la publicación de las reglas para, de esta manera, tener el control de los recursos”, planteó el legislador de Movimiento Ciudadano en tribuna.

De aprobarse la reforma, se obligará a que se publique de manera oportuna y con transparencia las reglas de operación de todos los programas que manejen, lo que permitirá que éstos sean universales, no se usen con fines electorales y lleguen a donde la gente más lo necesita.

Responsabilidad del gobierno federal

En la sesión, el diputado perredista José Juan Barrientos intentó introducir una reserva al dictamen de la Comisión de Bienestar “para establecer de manera más clara el objetivo de la iniciativa para consolidar la responsabilidad del gobierno federal para elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de desarrollo social”, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

“Tenemos mayor opacidad y menores instrumentos para vigilar el ejercicio del poder público, cientos de datos que por ley deberían estar a disposición de la población no están en la plataforma de datos.gob.mx”, expuso el perredista, al mencionar que más del 70 por ciento de las bases de datos se encuentran abandonadas sin ninguna actualización, al menos en los últimos 24 meses.

Al final, la reserva fue desechada.