CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los diputados morenistas Alejandro Robles Gómez y Lidia Pérez Bárcenas anunciaron en conferencia de prensa que presentaron este lunes una denuncia contra el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, por atentar contra los intereses del pueblo, al evitar el cobro de casi 40 mil millones de pesos a Grupo Salinas.

“El caso Luis María Aguilar es especialmente escandaloso, se ha hecho público en la mañanera cómo el ministro pidió atraer el asunto de la defensa de Elektra, y estamos hablando que el ministro tiene bajo su escritorio ya prácticamente por un año este caso”, afirmó Robles Gómez, quien también ha presentado denuncias contra los legisladores panistas Santiago Creel y Xóchitl Gálvez.

“Son 40 mil millones de pesos, el equivalente a presupuestos de algunos estados de nuestro país o con lo que podríamos incrementar un 20 por ciento más la pensión universal”, afirmó el legislador, famoso también por anunciar que “obradorizaría” el Poder Judicial.

Robles Gómez también forma parte del grupo de diputados que anunciaron que promoverían un recurso de juicio político contra ministros de la SCJN. Aunque, previamente presentó una reforma para proteger el título y la cédula profesional de la ministra Yasmín Esquivel, acusada de plagiar su tesis.

“Lo de Luis María Aguilar no tiene nombre, presentamos un punto de acuerdo para que sea con base en el interés de la nación que resuelva la Corte este caso, tenemos un consenso en que no debe quedar impune, por lo que el día de hoy acudimos a la Fiscalía de la República a enderezar esta denuncia, lo mismo hicimos del conocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera y del SAT, Servicio de Administración Tributaria y de la misma Comisión Nacional y de Valores, y creemos que es importante que estás instancias estén atentas, porque ya sabemos cómo se las gastan estos capos de cuello blanco”, dijo Robles Gómez.

“Es precisamente a través de sus prestanombres, al estilo de Genaro García Luna, que este ministro debe tener algún familiar, algún pariente, algún ser querido, precisamente a través de quien está recibiendo los sobornos, nosotros tenemos la presunción –no somos ingenuos– que este caso de evasión fiscal está ayudándole a Salinas Pliego, este ministro lo hace, no de gratis, y precisamente por eso estamos pidiendo esta investigación, y ojalá tuviera la decencia este ministro, Luis María Aguilar, de separarse del cargo para permitir la investigación”.

Añadió que “la corrupción en el caso Luis María Aguilar no es de hoy. Es un ministro con antecedentes sobrados de corrupción y, además, no escapa a nosotros el hecho de que es el ala radical de este grupo de cuello blanco, porque se filtró el proyecto que tenía en el que sugería la deposición del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No sólo es el ministro más corrupto, sino es el ala recalcitrante que sí está en la idea de lo que se llama un golpe judicial, y nosotros no vamos a dejar pasar este tema, queremos dejarlo muy claro que se evidencien todos los comportamientos delictivos que puede entrañar este hecho de estar amparando en la vía de los hechos a una persona evasora del fisco”.

Aseguró que son tres los asuntos que han sido atraídos por la SCJN de manera muy sospechosa, y que el ministro Luis María Aguilar los ha hecho suyos, congelándolos durante casi un año: 1.- las solicitudes número 416/2022, por un monto de 25 mil millones de pesos, que con actualizaciones, recargos y multas suma la cantidad de 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos. 2.- La solicitud número 152/2023 por una cantidad de 4 mil 916 millones 910 mil 792 pesos, que corresponden al ISR de 2011, más actualizaciones, recargos y multas, y 3.- La solicitud número 3721/2023 por una cantidad de 2 mil 4 millones 761 mil 834 pesos, lo que da un resultado aproximado de 40 mil millones de pesos.

En tanto, la diputada Pérez Bárcenas, añadió que “lo que aquí se denuncia alcanzaría no solamente para el presupuesto de órganos autónomos, como el INAI, sino que estamos hablando de pesos que permitirían destinar mayores recursos a los programas sociales, y estaríamos cubriendo presupuestos de algunos órganos autónomos, y garantizando que se pueda cumplir en tiempo y forma con sus facultades.