CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La mayoría morenista en la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, sin tomar en cuenta el llamado del Colectivo por la Ciencia a evitar la aprobación apresurada de esta iniciativa.

La iniciativa enviada al Senado fue aprobada en lo general fue aprobada con 257 votos a favor, 208 en contra y dos abstenciones, mientras que en lo particular recibió 257 votos a favor, 210 en contra y dos abstenciones, para quedar en sus términos, luego de que el Pleno rechazara las propuestas de modificación.

Diputados de oposición rechazaron que la nueva legislación fuera aprobada en fast track, consideraron que no incluye las propuestas de la comunidad científica y señalaron que no se respetaron los acuerdos en comisiones para llevar a cabo siete foros, pues solo efectuaron dos.

El pasado 17 de abril, más de mil investigadores firmaron un pronunciamiento del Colectivo por la Ciencia en el que se pidió evitar “la aprobación apresurada de una iniciativa unilateral”. 

La ciencia como derecho humano

De acuerdo con el comunicado de la Cámara de Diputados, la nueva ley tiene por objeto garantizar el ejercicio del derecho humano a la ciencia conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Refiere que el fin es que toda persona goce de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, así como de los derechos humanos en general.

Entre otros objetivos, establece el principio y bases de las políticas públicas en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, así como la integración, articulación y rectoría de un Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Además, plantea las competencias de la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones de la Ciudad de México, en torno a esta materia y define las atribuciones del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.

Precisa que una de las obligaciones del Estado será garantizar las libertades de investigación, de cátedra y de expresión necesarias para el desarrollo de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación.

Con la expedición de esta ley se crea el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que estará integrado por diferentes dependencias.

Prevé la implementación de Programas Nacionales Estratégicos, que estarán orientados a diagnosticar, prospectar y proponer acciones y medidas para la prevención, atención y solución de problemáticas nacionales concretas.

Se contará con el Sistema Nacional de Información, que tendrá acceso abierto a los resultados y demás información que resulte de la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que realicen los centros públicos.

Asimismo, el dictamen agrega al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, en las leyes Federal de las Entidades Paraestatales y de Planeación.

El debate

Al fundamentar el dictamen, la diputada morenista Flora Tania Cruz Santos mencionó que la nueva ley contiene mecanismos claros para orientar el fortalecimiento de la comunidad científica, la generación de conocimiento y la búsqueda de soluciones a los grandes problemas nacionales para contribuir al bienestar general de la población, al estricto cuidado del ambiente y el mantenimiento de la riqueza biocultural y la protección de los bienes comunes. Además, con perspectiva de género.

“Para una reivindicación absoluta de carácter humanístico de la ciencia, tecnología y la innovación se corroboró que en toda referencia el conocimiento científico se integre también la relación con el movimiento humanístico”, destacó. 

Su correligionaria María Eugenia Hernández Pérez consideró que es una ley democrática que consolida la cuarta transformación en el sector de humanidades, ciencia, tecnología e innovación.

En contraste, el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks dijo que votaría en contra porque la propuesta contiene inconsistencias que traerán problemas de legalidad; no resuelve competencias, no contempla planeación nacional ni local, no garantiza libertades académicas, no respeta el federalismo y tiene abundantes contradicciones.

“Y una ley que no tutela la innovación, la propiedad intelectual y los centros públicos no puede ser el proyecto al que aspiremos”, aseveró.

El priista Brasil Alberto Acosta Peña expresó que el dictamen no se elaboró con base en la ciencia, ni se respetaron acuerdos de las Comisiones Unidas para llevar a cabo siete foros, pues sólo se realizaron dos y no se incluyeron las propuestas de la comunidad científica. Además, dijo tiene vicios procesales y no da libertad de investigación.

Advirtió que impulsará acciones de inconstitucionalidad porque es una propuesta arbitraria que no toma en cuenta la posición de las y los científicos y la sociedad.

La perredista Elizabeth Pérez Valdez anunció que su grupo parlamentario no acompañaría este proyecto, ya que las actividades sustanciales se sujetan a la disponibilidad presupuestaria, convirtiendo el ordenamiento en simples proclamaciones sin obligatoriedad de otorgar y excusando su exigibilidad; “es letra muerta y sólo sirve para que el Conacyt concentre el poder de la toma de decisiones sustanciales sobre la ciencia, la tecnología y la innovación”.

El panista Ignacio Loyola Vera señaló que el dictamen contiene una ley que es concentradora y controladora, toda vez que está diseñada sin verticalidad y sin honrar los compromisos, lo cual cancela la creatividad en la innovación de los científicos e investigadores.

El priista Eduardo Enrique Murat Hinojosa señaló que el proceso legislativo fue al vapor y que la mayoría de la comunidad científica no está de acuerdo con esta ley, ya que limita la libertad de investigación y deja a la deriva a la ciencia, la tecnología y la innovación; además, no crea una palanca de desarrollo y es anticonstitucional al no respetar la soberanía de las entidades federativas.

Por Movimiento Ciudadano, Pablo Gil Delgado Ventura lamentó que en esta discusión no se tomaran en cuenta los acuerdos, a pesar de la gran disposición de la comunidad científica. “Hay temas en los que no debe haber colores, tal como lo es el desarrollo científico”, dijo.

Cynthia López Castro, del PRI, remarcó que sólo se realizaron dos parlamentos abiertos de los siete que estaban pactados para escuchar a la comunidad científica y académica.

La perredista Olga Luz Espinosa Morales cuestionó la prisa por aprobar el dictamen y señaló que es una ley retrógrada que da la espalda a la comunidad científica, e impone una agenda nacional de temas “que al régimen le interesa que le investiguen”, y condiciona becas y financiamientos.

La morenista Rocío Hernández Villanueva se pronunció a favor del dictamen, toda vez que apoya a la ciencia e impulsa la soberanía tecnológica e innovadora de México, sumará al proceso de transformación al país y dejará atrás la mercantilización científica.