CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con 319 votos a favor y 126 en contra, la Cámara de Diputados aprobó el lunes el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquina para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos.

La aprobación de la nueva legislación se da en un contexto de tensión entre los gobiernos de México y Estados Unidos para enfrentar el tráfico ilegal de fentanilo.

La reforma plantea penas de hasta 15 años de cárcel para quien desvíe estas sustancias usadas como precursores de drogas sintéticas y de hasta 10 años de prisión para empresas responsables.

Con la nueva normatividad se buscará prevenir, detectar y evitar el desvío o uso de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas o comprimidos para la producción de drogas sintéticas.

Define, además, el concepto de droga sintética como cualquier sustancia de origen sintético con efectos psicoactivos disponible en el mercado de drogas ilícitas y utilizada con fines no médicos.

Asimismo, establece el Sistema Integral de Sustancias, que es la plataforma de control, registro y autorizaciones perteneciente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Indica que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Guardia Nacional (GN), coadyuvarán para prevenir, detectar y evitar el desvío de precursores químicos para elaborar cápsulas, tabletas o comprimidos desviados para la producción de drogas sintéticas.

También precisa que las personas físicas o morales que realicen cualquiera de las actividades reguladas por la ley informarán anualmente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Se prohíbe la importación o exportación de estas sustancias por vía postal, mensajería o paquetería. De igual forma, otorga diversas facultades a la Cofepris.

En torno a los delitos sobre este tema, establece que a la persona que desvíe o haga uso de precursores químicos o químicos esenciales para la producción de drogas sintéticas, se le impondrá pena de 10 a 15 años de prisión y multa equivalente al 10 por ciento de los ingresos obtenidos por dichas actividades.

A la persona que tenga en posesión precursores químicos, productos químicos esenciales o máquinas para elaborar cápsulas, tabletas, o comprimidos en territorio nacional, que no cuente con las autorizaciones o permisos, se le impondrá pena de 7 a 10 años de prisión y multa de mil a 5 mil el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Igualmente, se castigará con cárcel de 5 a 10 años, y multa de 5 mil a 10 mil meses el valor diario de la UMA, a las empresas y personas sociales que sean utilizadas como instrumentos para desviar precursores químicos, productos químicos esenciales o máquinas para elaborar cápsulas, tabletas o comprimidos, en el territorio nacional.

Emmanuel Reyes Carmona, diputado de Morena, explicó que este dictamen busca la erradicación de cultivos ilícitos, la intersección de estupefacientes y precursores químicos y el combate al crimen organizado y sus delitos conexos.

Juan Carlos Maturino Manzanera, diputado del PAN, anunció que su grupo parlamentario no acompañaría este dictamen, toda vez que estas reformas no dan una solución al uso ilegal y al tránsito de ilegal del fentanilo, además de que en ninguna parte se señalan cuáles son los ámbitos de competencia de la Secretaría de Infraestructura y cuáles serán de la Marina.

Añadió que la redacción de este dictamen es confusa y abre la puerta para que la Secretaría de Marina asuma facultades que exceda a su competencia, por lo que planteó la necesidad de reintegrar las funciones del Consejo de Salubridad General a la ley a efecto de que sea ese, en coordinación con la Secretaría de Salud, el responsable de la regulación de los precursores químicos y productos esenciales.

La diputada del PRI, Frinné Azuara Yarzábal, indicó que su grupo parlamentario está a favor de combatir la producción ilegal y el comercio de drogas sintéticas, cuyo consumo daña gravemente la salud de los jóvenes; no obstante, informó que presentará reservas con el ánimo de reforzar este ordenamiento.

Subrayó que con este dictamen se busca involucrar a la industria farmacéutica responsable de la producción de medicamentos y con ello evitar el desabasto de medicamentos, que se ha convertido en un reto de proporciones mayúsculas en el país.

La diputada petista Margarita García García dijo que esta reforma busca regular y no dejar desamparados a los pacientes que usan este y otros narcóticos como parte fundamental de sus tratamientos y cuidados paliativos, para no permitir abusos que lleven a enriquecimientos ilícitos.

Agregó que la producción farmacéutica no debe ser una oportunidad de fuente de riqueza ni prácticas corruptas, y que regular la producción y uso de fentanilo y de cualquier droga sintética, es vital para erradicar las prácticas adictivas que surgieron en Estados Unidos.

De Movimiento Ciudadano, el diputado Salomón Chertorivski Woldenberg consideró que este dictamen confunde la salud y el riesgo sanitario con la seguridad; elimina al Consejo de Salubridad General como entidad para atender estos asuntos; y criminaliza todo lo que lleva precursores químicos y a todos los que fabrican medicamentos, lo cual encarecerá los medicamentos y empeorará su desabasto. “Es un marco punitivo para sustancias que deben ser legales y reguladas”, sostuvo.

La perredista Elizabeth Pérez Valdez señaló que esta reforma no debió surgir por las necesidades de Estados Unidos que ha exigido al presidente de México que legisle y regule el tráfico de sustancias ilícitas.

En lo particular, el texto enviado al Senado recibió 296 votos a favor y 139 en contra.