CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La consejera electoral Carla Humphrey consideró desafortunada la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que determinó la eliminación del párrafo que obligaba a los partidos políticos a verificar que las personas que postularan como candidatas o candidatos no estuvieran inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Con esta determinación dicho registro ya no tiene ninguna utilidad práctica para combatir este tipo de violencia, consideró la consejera electoral.

El miércoles, la Sala Superior del TEPJF modificó, por mayoría de votos, el Acuerdo del Consejo General del INE 536 del 2023, mediante el cual se emitieron los lineamientos sobre elección consecutiva para senadurías y diputaciones por ambos principios para el proceso electoral federal 2023-2024.

En el lineamiento que señala el deber de los partidos políticos de tomar en cuenta, previo a la solicitud del registro de las candidaturas, si alguna de ellas está inscrita en el registro de personas infractoras en materia de violencia política de género y, de ser el caso, valorar la pertinencia de su postulación, el pleno determinó que el INE excedió su facultad reglamentaria.

“Lo anterior, debido a que el registro de una persona en la lista mencionada no implica una causal de inelegibilidad, sino que tiene una doble función. Por una parte, es una herramienta que facilita la comunicación, así como la coordinación, entre autoridades electorales y ofrece a la ciudadanía información respecto de las personas que han incurrido en violencia política de género. Por la otra, es una medida de reparación que debe ser dictada por una autoridad jurisdiccional. Por tanto, el INE no cuenta con las atribuciones para darle un efecto adicional a la lista”, señala el comunicado del Tribunal del miércoles.

Humphrey participó este jueves en el panel “Del Pleno a la Plana. 2024: ¿Qué viene además de la elección presidencial?”.

Ahí, respecto a la constitucionalización de la Ley “3 de 3 contra la violencia”, apuntó que, como autoridades electorales, “tenemos que ver cómo sí materializamos el cumplimiento de este principio constitucional, ya está en la Constitución y que no haya una ley secundaria, claramente no lo impide”.

Sobre la paridad total en la postulación de candidaturas a las gubernaturas, la consejera calificó de increíble que este tema se siga debatiendo, ya que esta reforma es de 2019 y, gracias a los lineamientos del INE en la materia, se logró llegar al escenario actual donde nueve mujeres ocupan titularidades de poderes ejecutivos a nivel local.