CIUDAD DE MÉXICO (apro).—La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó hoy que Jaime Bonilla puede volver a ocupar su escaño en la Cámara de Senadores, luego de haberlo dejado durante dos años para asumir el cargo de gobernador de Baja California.

Por mayoría de votos, la Sala Superior aprobó el proyecto del magistrado José Luis Vargas, en el cual se considera que el hoy exgobernador no tiene ningún impedimento legal para volver a ocupar su escaño en el Senado.

En dicho proyecto también se argumenta que la dirigencia local del PAN, que fue la que impugnó el regreso de Bonilla a la Cámara Alta, no tiene facultades para hacer esa impugnación porque esto compete al ámbito federal.

Esta resolución se dio después de haber analizado una impugnación presentada por el propio Bonilla contra la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, en la cual se dejó sin efectos jurídicos la sesión del pasado 25 de marzo efectuada en el Senado, y en la que se informó de la reincorporación de Bonilla a su escaño.

De esta manera, en su sesión de hoy, la Sala Superior revoca la sentencia de la Sala Regional Guadalajara, por lo que Bonilla puede regresar de inmediato a sus funciones como senador de la República.

A favor de esta revocación votaron –además del ponente--, la magistrada Mónica Soto Fregoso, así como los magistrados Indalfer Infante González y Felipe Fuentes Barrera, aunque éste ultimo esgrimió motivos distintos a los planteados por el ponente.

En cambio, los magistrados Felipe de la Mata y Janine Otálora se opusieron a que Bonilla regresara al senado.

Argumentaron que, según el artículo 125 constitucional, no se posible que una persona ostente dos cargos de elección popular en forma simultánea, uno federal y otro local.

Señaló que mientras Bonilla fue gobernador quedó vacante su escaño en el Senado, y esta vacante no puede revertirse por el hecho de que ahora haya concluido su periodo como gobernador de Baja California.

Argumentó Otálora:

“Alternar indefinidamente dos cargos de elección, sin que haya autorización jurídica para ello, rompería con el principio de participación y representación democrática efectiva y se violaría la Constitución”.