CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) entró en crisis, por la resolución de las postulaciones de Morena para disputar las gubernaturas al gobierno de  Guerrero y Michoacán, cuyo retraso desató la protesta de cinco de los siete magistrados.

En carta firmada por esa mayoría de juzgadores, éstos protestaron hoy por la decisión unilateral de su presidente, José Luis Vargas Valdés, de diferir hasta el próximo martes la sesión que resolverá sobre ambos casos, cuando la ley prevé la posibilidad de sesionar cuando sea necesario, tomando en cuenta los tiempos electorales.

La revuelta se dio mientras que la restante magistrada, Mónica Aralí Soto Fregoso,  quien elaboró el proyecto de sentencia que propone ordenar la restitución de la candidatura a Raúl Morón en Michoacán, prefirió solicitar el día 23 –en que se resolverán los casos--  “a cuenta de vacaciones”.

En carta dirigida a Vargas firmada por la magistrada Janine M Otálora, Reyes Rodríguez, Indalfer Infante, Felipe Alfredo Barrera y Felipe de la Mata Pizaña –cuya cuenta de Twitter fue cancelada– la mayoría de los magistrados denunciaron que la decisión unilateral de Vargas “incide negativamente” en la resolución de asuntos de carácter urgente tales como el registro de candidaturas.

“Diferir la celebración de sesiones públicas, de manera unilateral por parte de la Presidencia de este órgano judicial, implicando no sesionar durante casi dos semanas y por ende, no resolver asuntos jurisdiccionales durante una semana, no abona a la certeza, a la seguridad jurídica y tampoco a la confiabilidad de esta institución”, establecieron.

Los asuntos urgentes, plantearon, serían los de Guerrero, cuya restitución disputa el morenista Félix Salgado Macedonio y la de Michoacán, que litiga Morón, además de la decisión relativa a los criterios del Instituto Nacional Electoral (INE) para la asignación de diputaciones plurinominales, y casos sobre Tlaxcala y estado de México.

Por todo ello  en la misiva le exigieron a Vargas apegarse a la Constitución y al Código de Ética pues “no alcanzamos a apreciar las justificaciones por las cuales se difieren las sesiones” pues eso implica trastocar los principios constitucionales de certeza, transparencia y seguridad jurídica.

Diferir los casos “afecta la impartición de justicia constitucional electoral encomendada a este tribunal, toda vez que implica el aplazamiento de asuntos relacionados con las campañas electorales, que iniciaron el 3 de abril”.

Las sesiones para resolver ambos casos se realizarían este jueves, debido a la urgencia, pero ayer miércoles 21 de abril a las 21.39 “se nos comunicó, sin previo aviso, mediante correo institucional” la suspensión, reportaron.

Por eso demandaron a Vargas Valdés “que se convoque a las sesiones referidas en el día y hora que sean necesarios y permitan el puntual desahogo de los asuntos, en el entendido que incluso  el día de hoy, la y los firmantes estamos en aptitud material y jurídica para resolverlos, sin que la agenda de uno de los titulares pueda impedir al Pleno sesionar”.

“Por todo lo anterior, le conminamos a cumplir con los mandatos que establece la Constitución y las leyes en la materia, así como el Código de Ética de este Tribunal”.