CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La candidatura del morenista Raúl Morón al gobierno de Michoacán podría revivir si prospera el proyecto de sentencia que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) analiza y en el que se ordena al Instituto Nacional Electoral (INE) no imponerle la pena máxima de pérdida de derecho a ser postulado.

El proyecto establece que el INE no acató la sentencia emitida el pasado 9 de abril, en la que se le ordenó graduar la falta en que incurrieron tanto Morena como su precandidato al no presentar informes de ingresos y gastos de precampaña, así como calificar e individualizar las sanciones, pues impuso al partido y al aspirante sanciones diferenciadas y a este último la máxima pena.

Por eso se propondrá revocar parcialmente la resolución del INE y ordenarle que emita otra, pero no podrá volver a declarar la pérdida del derecho de Morón a ser registrado a la candidatura al gobierno michoacano.

En esa nueva resolución “habrá de sujetarse a los términos expuestos en esta ejecutoria, así como los conducentes dispuestos en el diverso fallo recaído al recurso de apelación SUP-RAP-74/2021 y acumulados, en la inteligencia de que la falta cometida no puede ser calificada como grave mayor, ni la conducta como dolosa ni, por ende, imponer por ello la sanción más severa, que es la pérdida del derecho a ser registrado exclusivamente como candidato al cargo de gubernatura, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán de Ocampo”, indica el proyecto.

El pasado 13 de abril, al acatar una sentencia del TEPJF que le ordenó revalorar el caso, el INE reiteró que la falta cometida por Morena y su aspirante fue “grave especial” e impuso a Morón la sanción de pérdida del derecho a ser registrado como abanderado de Morena a gobernador o, en caso de haberse concedido el registro, la cancelación del mismo.

En esa resolución el INE impuso a Morena el pago de una multa por 2 millones 938 mil pesos, sanción graduada y no la máxima que pudo imponerse al partido, según el proyecto de sentencia elaborado por la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, mismo que se prevé sea discutido por el pleno del TEPJF.

De acuerdo con la magistrada, al partido no se le estableció la sanción más alta y al precandidato sí, siendo que la obligación pesa sobre el instituto político y su aspirante es obligado solidario.

La sanción que el INE estableció al partido consideró la suma del 30% sobre el tope máximo de gastos de precampaña establecido, en relación con los diversos aspirantes infractores en los procesos de selección de candidatos al cargo a la gubernatura y ayuntamiento en el proceso electoral ordinario 2021 en Michoacán, todo conforme a los criterios de proporcionalidad aprobados por la Comisión de Fiscalización.