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Diputados aprueban reformas para proteger a menores en orfandad por homicidio o feminicidio
Las reformas avaladas por consenso de todas las bancadas destacan que las entidades federativas deberán contar en sus registros con un padrón permanente y actualizado que incluya niñas, niños y adolescentes en orfandad por homicidio o feminicidio.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Diputados aprobó reformas que protegen a infantes y adolescentes que quedaron en orfandad por homicidio o feminicidio.
Las diversas disposiciones avaladas en lo general por 467 votos, cero en contra y cero abstenciones modifican 8 artículos de la Ley General de Víctimas y fue enviada al Senado para su revisión.
El dictamen establece que las víctimas indirectas tendrán derecho a la asistencia y a la atención gubernamental, garantizando un enfoque transversal de género, diferencial y atendiendo al interés superior de la niñez.
Las reformas avaladas por consenso de todas las bancadas destacan que las entidades federativas deberán contar en sus registros con un padrón permanente y actualizado que incluya niñas, niños y adolescentes en orfandad por homicidio o feminicidio.
Dicha información deberá estar desagregada, por lo menos en los rubros de edad, sexo, escolaridad y víctima indirecta.
A su vez, el Registro Nacional de Víctimas deberá contar con un padrón permanente y actualizado que incluya lo anterior.
Al fundamentar el dictamen, la diputada de Morena Rocío Barrera Badillo, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, indicó que se trata de un proyecto noble y garantista que procura protección a uno de los sectores de la población más desprotegidos y vulnerables que por homicidio o feminicidio han quedado en orfandad.
La finalidad de la reforma, dijo, es garantizar y anteponer el interés superior de la niñez en aquellos casos en que adquieren la calidad de víctima en razón del feminicidio, homicidio de su padre, madre o tutores, buscando hacer efectivo su derecho a la justicia, de conformidad con el mandato constitucional y los compromisos internacionales de los que el Estado es parte.
Subrayó que al considerarlos como víctimas indirectas se reconocen y ponen a su alcance mecanismos para hacer efectivo su derecho a la salud, la educación, a la ayuda psicológica y al acceso a los recursos de ayuda federal y estatal, así como a la asistencia de protección, reparación integral y, en su caso, a la compensación.
