CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un llamado con escasas esperanzas, las organizaciones reunidas en el colectivo Seguridad Sin Guerra exhortaron hoy a los diputados federales a votar en contra de la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues advirtieron sobre varios artículos que, de aprobarse, otorgarán un “poder absoluto” a las Fuerzas Armadas, con consecuencias “sumamente graves para los derechos humanos”.

Durante una conferencia de prensa realizada horas antes de la discusión de la iniciativa en la Cámara de Diputados, donde Morena tiene la mayoría calificada necesaria para aprobar la reforma, representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos expresaron su alarma ante los puntos más sensibles del texto, sobre todo los que incorporan definitivamente a la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dan fuero militar a sus integrantes y les otorgan facultades de investigación, sin contemplar controles civiles sobre la actuación de los militares.

Las organizaciones recordaron a López Obrador y a Morena que, cuando estaban en la oposición, abogaban por retirar a las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública y encontrar un camino hacia la paz, pero que una vez en el poder dieron un “gran retroceso”.

“El tema de la militarización no es de un partido político, viene desde Felipe Calderón y la han aplicado todos; nadie ha planteado una alternativa”, deploró Marisol Méndez, coordinadora de incidencia en la Fundación para la Justicia.

“Llama la atención que la propuesta de iniciativa, como hace 18 años, nos vuelve a proponer una solución a la inseguridad con más militarización, lo que es un retroceso”, abundó Edith Olivares, directora de Amnistía Internacional en México. “La pregunta siempre es: ¿Por qué se retoma la propuesta de Calderón?”, agregó la activista, quien insistió en la necesidad de que la Guardia Nacional sea una institución civil.

Las Fuerzas Armadas ya realizan 297 funciones ajenas a la disciplina militar, muchas de las cuales les fueron entregadas por López Obrador. Las instituciones castrenses controlan empresas, dirigen las obras de los megaproyectos, operan las aduanas y distribuyen los medicamentos, lo que les permitió amasar “una gran riqueza y poderío económico”, señaló Cristina Reyes, integrante de México Unido Contra la Delincuencia, quien agregó que la reforma terminará de “eliminar cualquier control que tengamos sobre las Fuerzas Armadas”.

Mariana Orozco, de Datacívica, advirtió que la reforma abre la puerta a que la Guardia Nacional, ya como institución militar, puede coadyuvar al Ministerio Público en la realización de investigaciones –como lo hace la Policía Ministerial--, pese a que las Fuerzas Armadas suelen detener a más personas sin carpeta de investigación, y con el riesgo de que las autoridades militares acaparen las labores de investigación, pues existen 126 mil soldados de la Guardia Nacional, contra apenas 4 mil policías de investigación.

Gabriela García, de la organización Intersecta, sostuvo que la iniciativa debe analizarse en conjunto con otras tres reformas constitucionales que López Obrador presentó el pasado 5 de febrero y que, combinadas, generan una situación “francamente peligrosa”: la reforma al poder judicial, la que amplía los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, y la que pretende desaparecer los organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La activista recalcó que la reforma a la Guardia Nacional aumenta el poder de las Fuerzas Armadas, mientras que la de la prisión preventiva oficiosa aumenta el riesgo de detenciones arbitrarias, la de la reforma al poder judicial reduce los contrapesos, y la de los organismos autónomos desaparecería un organismo que ha obligado en ocasiones a la Sedena a entregar información que pretendía reservar.

Entre los argumentos de las organizaciones, destaca la obligación del Estado mexicano a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha exhortado a México a que cualquier violación a los derechos humanos sea conocida por la justicia civil, incluso cuando la víctima sea militar.

“Esta reforma va en un sentido contrario, porque amplia el fuero de la justicia militar”, señaló Eduardo Guerrero, integrante del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro ProDH). Y agregó que, en el contexto actual, México tiene “un poder judicial debilitado y un poder militar aumentado”.