CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar de que la Guardia Nacional tiene en promedio una aceptación ciudadana superior al 60%, durante los cinco años de su creación sus resultados “son muy pobres” de acuerdo a sus informes internos y a los registros de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Así lo sostiene un informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización, conformado por Causa en Común, y  presentado este miércoles en el Senado de la República, en el que se advierte de que a pesar de que la GN “fue creada con el propósito de reforzar la seguridad pública y combatir la delincuencia”, a cinco años de su creación, esta institución y las Fuerzas Armadas en su conjunto “han sido sobrecargadas con una serie de actividades que no corresponden con su vocación”, debido a la “visión militarista del gobierno y del país que ha promovido” el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El documento resalta que el incremento de la confianza en la institución militarizada no está directamente relacionada con su eficiencia, toda vez que “se requiere de 45 elementos de la GN para realizar la detención y puesta a disposición de una persona ante el Ministerio Público”.

Más objetos detenidos que personas

Tomando en cuenta que en 2022 se reportaron, 128 mil 233 integrantes de la GN, el documento destaca , “el último Censo Nacional de Seguridad Pública Federal del INEGI, se reportó que, durante el 2022, la GN realizó 90 mil 332 puestas a disposición de objetos y únicamente 2 mil 814 puestas a disposición de personas”. 

Con base en esos datos, el Observatorio destaca que, del total de puestas a disposición en 2022, la institución militarizada reportó que equivalen a la comisión de 5 mil 376 presuntos delitos, lo que “representa un decremento del 89% en comparación con 2019 cuando la cifra fue de 51 mil 666”, además de que de esas 2 mil 814 puestas a disposición “mil 411 fueron por la comisión de robo y únicamente 38 fueron por delitos asociados a la delincuencia organizada”.

Aunado a ello, en su informe de 2022, la GN “reportó haber liberado a tan sólo 29 víctimas de secuestro, cuando el número anual de víctimas es de 724 y 29 mil 842 víctimas por otros delitos que atentan contra la libertad”, en tanto que en ese mismo año realizó “795 búsquedas especializadas de localización e identificación de personas, mientras que en ese mismo año se reportaron 9 mil 151 personas desaparecidas y no localizadas”.

Los escasos resultados resultan relevantes si se considera que la militarización de la GN ha estado acompañada de un incremento constante en su fondo presupuestario, de manera que de 2021 a 2024, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) destinó a esa corporación 233 mil 848 millones de pesos, indica el documento de Causa en Común.

Variaciones en el número de personal

El documento hace una relación de las variaciones en los reportes del personal que integra la GN, a partir de solicitudes de información.

Así, al cierre de 2022 el informe de seguridad de la GN informó que contaba con 128 mil 233 elementos, pero a principios de 2023 “el número se reduciría a 106 mil 155 elementos, incluyendo elementos administrativos”.

En agosto de 2023, la corporación castrense registraba un total de 118 mil 130 elementos, cuatro meses después la cifra en su informe oficial era de 127 mil 438, pero a partir de una solicitud de información la institución reportó 131 mil 858 elementos.

Para 2024 continuaron las variaciones. En marzo se informó que la GN contaba con 133 mil 048 elementos, “sin embargo en el informe de seguridad de abril de 2024, se reportaron 132 mil 612”.

Del origen castrense de los miembros de la GN, a pesar de que constitucionalmente es un órgano de seguridad civil, el Observatorio resalta que en 2022, de los 128 mil 233 elementos reportados en agosto, 76 mil 400 provenían de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 14 mil 541 de la Secretaría de Marina, elementos que “mantienen sus plazas” en ambas secretarías.

“Dada la inconsistencia de la información y las variaciones incoherentes en el número de elementos reportados, es imposible determinar con certeza el tamaño real de la GN”, señala el reporte, alertando que 2023, al solicitar datos sobre las transferencias de la Sedena y Semar a la GN, la corporación respondió que “cero” elementos castrenses conformaban la institución.

“La respuesta coincide con la absurda simulación de un cuerpo ‘civil’ conformado por militares, y si bien la información confeccionada por las Fuerzas Armadas suele ser incompleta, incoherente y engañosa, la tendencia es a informar cada vez menos. Este año (2024), a diferencia de los años anteriores, no se ha publicado el informe de labores y cada vez se da menos información en las conferencias matutinas”, advierte el informe de Causa en Común.

Inconsistencias en la construcción de cuarteles

Al señalar que en 2019 el despliegue de elementos de la GN en las 32 entidades del país pasó de 74 mil 437 elementos a 107 mil 732 en 2024, el documento resalta inconsistencias en los reportes sobre la construcción de cuarteles de la GN desplegados en el país.

De acuerdo al informe de seguridad de mayo de 2022, se asegura que “de 2019 a 2021 se construyeron 239 cuarteles, ocho estaban en construcción y uno estaba pendiente de inicio”. Sin embargo en el mismo informe oficial, “permanecían en construcción 25 cuarteles, mientras se contemplaba la construcción de 98 más en el año”.

A través de una solicitud de información, “la GN reportó cifras distintas: 241 cuarteles construidos de 2019 a 2021, en construcción seis y 56 previstos para 2022”.

En enero de 2023, el titular de la Sedena aseguró que “había 255 compañías terminadas, 86 en proceso de conclusión, 153 por iniciar, además de que ya se contaba con los 100 espacios asignados por el Ejército a la GN para tener un total de 594 compañías desplegadas “, pero en abril de 2023 el número oficial “de compañías desplegadas alcanzó las 281”.

Para la elaboración del reporte de la GN, Causa en Común solicitó información a la Sedena, porque la GN dijo no contar con ella,  sobre la construcción y mantenimiento de cada cuartel construido, a lo que se respondió que en 2019, la construcción de cada cuartel era de 24.85 millones de pesos, cifra que se mantuvo más o menos en 2020 (26.4 millones de pesos), pero que fue aumentando con el paso del tiempo a 30.45 millones en 2021 y a 47.88 millones de pesos en 2022.

En cuanto al mantenimiento de cada cuartel, la Sedena reportó que en 2020 se gastaban 2.8 millones de pesos en ese rubro, en 2021 el monto fue de casi cien veces más, 202 millones de pesos y para 2022, alcanzó los 367.95 millones de pesos por unidad.

En 2024, Causa en Común solicitó información sobre las construcciones de cuarteles  y su mantenimiento, “tanto la GN como la Sedena respondieron que no contaban con ella, manifestando que se debía  remitir la solicitud a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciuadana (SSPC), institución que también manifestó no contar con la información”.

La organización considera que para dimensionar el respaldo a las Fuerzas Armadas durante esta administración, es pertinente sumarle a los fondos de la GN los asignados a la Sedena y la Semar, de manera que en 2022, el presupuesto de las tres instituciones sumaba 204 mil 683 millones de pesos, en 2023 la cifra era de 221 mil 616 millones y en 2024 383 mil 673 millones de pesos.

Causa en Común alerta que la suma de presupuestos “constituye el 3.4% total del país y se coloca como el tercero más importante en el gobierno de López Obrador, sólo por debajo de la Secretaría de Bienestar y del de la Secretaría de Educación Pública, que administran las pensiones y las becas, respectivamente”.

A esos fondos, se suma ingresos públicos por otras vías, “como los generados por el nuevo aeropuerto o el Tren Maya y el presupuesto de otras instituciones que hoy controlan, como las aduanas, los puertos, el Instituto Nacional de Migración o la Comisión Nacional para la Prevención de Riesgos Sanitarios”, advierte la investigación.

Se recuerda que en abril de 2023 la Cámara de Diputados aprobó modificaciones legales para que “la empresa Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica SA de CV de la Sedena reciba 80% de los impuestos del cobro a los extranjeros”, empresa “administra el Tren Maya y controla cuatro aeropuertos, además de la nueva Aerolínea del Estado Mexicano y un nuevo hotel que opera de forma aparentemente irregular en la Reserva de la Biosfera de Calakmul, en Campeche”.

Transferencias de funciones, sobreejercicios…

El informe sobre la GN y militarización, retoma una investigación de la organización México Unido Contra la Delincuencia que revela que entre 2007 y 2022, se han realizado 267 transferencias de funciones y presupuestos de origen civil a las Fuerzas Armadas, “equivalentes a 81 mil millones de pesos”.

Del total de funciones, 103, que equivalen a 38%, “fueron transferidas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y equivalen al 85% del presupuesto total transferido”.          

Por si fuera poco, el documento advierte que la Sedena y la Semar se han distinguido por los “sobre ejercicios y desviaciones de las partidas aprobadas”, sumando entre ambas instituciones, entre 2019 y 2023, más de 153 mil millones de pesos de  sobre ejercicio, en tanto que “en el mismo periodo ambas instituciones destinaron recursos -el 40%  y 30%, respectivamente-, a destinos distintos a los aprobados en los PEF”.

Más aún, la Sedena, controla el 14% del total de los montos de fideicomisos sin estructura orgánica, como el Fideicomiso Público de Administración y Pago para la Contratación de Servicios y Obra Pública, que cuenta con 40 mil 550 millones de pesos, y constituido en 2022 “para apoyar las actividades de las Fuerzas Armadas en las aduanas que administra”, sin contar con la aprobación de 40 proyectos más a cargo del Fideicomiso Público de Admonistrción y Pago de Equipo Militar.

El informe agrega que a partir de 2020, las Fuerzas Armadas controlan 30 empresas de participación estatal mayoritaria, de las cuales 20 obtuvieron recursos a partir de transferencias de otras secretarías de Estado, el resto son de nueva creación, a lo que se sumaría la transferencia de terrenos a la Sedena y Semar donde se encuentran los proyectos prioritarios y se construyen cuarteles de la GN, apunta el documento.

A la sumatoria de ingresos están los convenios en materia de seguridad con instituciones federales, por 23 mil millones de pesos entre diciembre de 2018 y diciembre de 2022, y con gobiernos estatales y municipales por mil 650 millones de pesos.

Prevalecen quejas ante la CNDH

Señala que los montos millonarios a las Fuerzas Armadas “no se han traducido en avances en el combate a la criminalidad y en la reducción de la impunidad en el país”.

Por el contrario, la presencia de Fuerzas Armadas desplegadas en materia de seguridad pública, se ha traducido en la prevalencia de quejas ante la Comisión Nacional  de Derechos Humanos (CNDH).

De acuerdo al informe, “de enero de 2019 a mayo de 2024, la Sedena, la Semar y la GN acumularon 4 mil 800 quejas por violaciones a los derechos humanos”, principalmente relacionadas con “casos de supuestas torturas,  desapariciones forzadas, tratos crueles inhumanos y degradantes, y detenciones arbitrarias”.

El documento cita el informe de Amnistía Internacional, “Sobrevivir a la muerte: tortura de mueres por policías y Fuerzas Armadas en México” (2016), que refiere que “las Fuerzas Armadas tienen más probabilidad de abusar de los detenidos que la policía federal, estatal o municipal”, toda vez que 88% de las personas detenidas por la Semar y el 86% de las detenidas por el Ejército “se han quejado de tortura y otros abusos”.

Es de destacar que, desde su creación a la fecha, la GN acumula 16 recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos, pese a lo cual oficialmente la corporación castrense ha informado que de 2020 a 2023 “no ha habido sanciones penales en contra de los elementos” involucrados en agravios relacionados principalmente con el uso indebido de la fuerza.

“De 2020 a 2023, las denuncias de abuso, tortura y asesinato contra militares ante la CNDH aumentaron un 43% “, dice el informe para advertir que son cifras que deben tomarse con prudencia “dada la subordinación de la CNDH durante el sexenio de López Obrador”.

Al señalar que en esta administración han proliferado las transferencias de funciones de origen civil a militares, el documento precisa que “no sólo son militares los titulares de la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Centro Nacional de Inteligencia, además, mil 237 miembros de las Fuerzas Armadas ocupan cargos como secretarios, directores y administradores en corporaciones locales, sin contar con los puestos administrativos de dichas instituciones que también son ocupados por elementos castrenses”.

El documento apunta que la participación de elementos castrenses en la función pública se agrega a los titulares de 17 oficinas de representación estatales del INM; la dirección de 12 Administraciones Portuarias Integrales; la administración de 17 aduanas; la dirección de la Agencia Federal de Aviación Civil, el control de 21 aeropuertos, los Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex); en el ISSSTE hay personal castrense en la dirección de Administración y Finanzas, la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, la Subdirección de Almacenes y la Subdirección de Restauración y Mantenimiento, así como decenas de cargos más.

El informe sobre la Guardia Nacional y la Militarización del país hace un balance  de los posicionamientos políticos que han tenido altos mandos militares a favor del proyecto que encabeza el presidente López Obrador, de la exhibición de jueces en las conferencias matutinas del presidente, atribuyéndoles responsabilidades en la liberación de presuntos involucrados en delincuencia organizada así como del desacato a la resolución de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para devolver la administración y control de la GN a la SSPC.

El documento hace recomendaciones orientadas a la desmilitarización de la vida pública del país, para devolver a los civiles las funciones que les competen, así como para que la seguridad pública vuelva a manos civiles, como está establecido actualmente en la Constitución.