CIUDAD DE MÈXICO (Proceso).– Al unísono, la Comisión para la Verdad y la Justicia para el caso Ayotzinapa (Covaj), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Gobernación (Segob) y el presidente Andrés Manuel López Obrador vituperaron al Poder Judicial por la liberación de ocho militares acusados en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa; sin embargo, omitieron mencionar a la actora que participa en la defensa legal de los soldados: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En dos causas penales del caso Ayotzinapa, la FGR –con ayuda de la Covaj– libra una batalla legal contra integrantes de la Sedena, la institución que más incrementó su poder durante el sexenio de López Obrador y ha sido señalada por negarse a entregar información importante para encontrar el paradero de los estudiantes.

En lugar de apuntar hacia la dependencia castrense por obstaculizar el proceso, las críticas del mandatario y de las instituciones de su gobierno se enfocaron en el Poder Judicial, blanco recurrente de ataques del presidente. Es más: en su conferencia matutina del martes 23, el propio mandatario aseveró que el Poder Judicial y su presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, tomaron la decisión de liberar a los soldados para provocar el “desprestigio del Ejército”.

Sin embargo, la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo y los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinaron liberar a los militares en el contexto del juicio de amparo 690/2023-V y del recurso de revisión 238/2023, promovidos ambos por los abogados de los acusados, José Sámano Martín del Campo y Jorge Alfredo Rico Pérez, este último mayor de Justicia Militar en la Sedena.

La única voz cercana al gobierno de López Obrador que señaló el papel de la Sedena en la liberación de los soldados fue la de Alejandro Encinas Rodríguez, ahora integrante de la campaña electoral de Claudia Sheinbaum Pardo, quien sufrió los embates de la institución castrense cuando era presidente de la Covaj e impulsó el procesamiento de militares por el caso Ayotzinapa: en aquel entonces, los mismos abogados de los soldados lo demandaron y su celular fue atacado con el spyware Pegasus.

Ayer, 22 de enero, Encinas deploró en sus redes sociales: “Es más lamentable aún que abogados de la Sedena litiguen contra la investigación que encabeza el presidente de México (Andrés Manuel López Obrador)”. Con ello, hizo eco a un primer mensaje del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), que lamentó la decisión judicial “parcial” y la atribuyó, entre otros, a la “intervención de la Sedena” en la “asistencia legal y apoyo a los acusados”.

El peso del Ejército

Entre los archivos internos de la Sedena hackeados por el colectivo Guacamaya aparecen varios documentos que mencionan a Jorge Alfredo Rico Pérez como miembro del Ejército: en uno, primero, fechado en 2016, aparece como capitán primero de Justicia Militar; en otro aparece como defensor de un militar llamado Eric Lorenzo Román, y en el pasado ha defendido a soldados involucrados en la ejecución extrajudicial de Tlatlaya, perpetrada en el Estado de México.

En un oficio de septiembre de 2021, que forma parte de la base de datos de Guacamaya, se indica que es mayor y se notifica su traslado de la Defensoría de Oficio Militar, en el Campo Militar 1-A, a la dirección general de Recursos Humanos, en Lomas de Sotelo. Aparte, en una decisión judicial de enero de 2022 figura como defensor del capitán José Martínez Crespo, también inculpado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Pese a que la Sedena, mediante los abogados, promovió el litigio y obtuvo la liberación de los ocho soldados –activos todos en la dependencia castrense–, la Covaj, la FGR y la Segob enfocaron sus críticas contra la jueza y los magistrados, con ataques virulentos hacia el Poder Judicial, pero sin una palabra contra la Sedena.

La Covaj primero se lanzó contra el cambio en la medida cautelar, pues aseveró que “una vez más, integrantes del Poder Judicial recurren al procedimiento de los llamados sabadazos, sin ponderar el derecho de las víctimas, las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos en un asunto que implica graves violaciones a los derechos humanos”.

Horas más tarde, la FGR se sumó al cuestionamiento a los jueces. En un largo comunicado, redactado con un tono vindicativo, la dependencia denunció una “secuela procesal absolutamente cuestionable”, y acusó que casos como el de Ayotzinapa “vinculan con toda claridad a despachos de abogados, a relaciones personales o familiares, a autoridades judiciales de la más alta jerarquía y a extorsionadores mediáticos”. La fiscalía resaltó que la jueza y los magistrados actuaron con una “cerrazón absolutamente injusta” y aplicaron “procedimientos de amparo y de ampliación de amparo con el propósito de generar una evidente situación de injusticia”.

Al poco tiempo la Segob también publicó su comunicado: la Secretaría a cargo de Luisa María Alcalde Luján dio a conocer la “postura del Gobierno de México”, donde respaldó el mensaje de la FGR y enfocó sus acusaciones contra el Poder Judicial de la Federación (PJF), al que acusó de tener prioridades entre las cuales “nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad”, pues “por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”. Tampoco mencionó a la Sedena.

Desde que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) anunció, en junio de 2022, la próxima emisión de órdenes de aprehensión contra 20 militares por su presunta participación en la desaparición de los normalistas, la dependencia dirigida por Luis Cresencio Sandoval González asumió un papel activo en la defensa de sus integrantes.

En septiembre del mismo año, Omar Gómez Trejo, entonces a cargo de la UEILCA, fue orillado a renunciar después de tres años al frente de las investigaciones. El 25 de septiembre la FGR canceló 16 órdenes de aprehensión contra militares y cuatro días después el propio López Obrador dio a conocer que la Sedena y la FGR habían acordado la emisión de órdenes de aprehensión contra cinco militares, y no 20 como pretendía Gómez Trejo.

Después de la liberación de los ocho soldados el pasado viernes, sólo quedan cinco militares en prisión por el caso Ayotzinapa y son los que dio a conocer López Obrador en aquella conferencia: el general José Rodríguez Pérez –quien era coronel del 27 Batallón en 2014–, Eduardo Mota Esquivel, Fabián Alejandro Pirita Ochoa, José Martínez Crespo y Francisco Narváez Pérez.