CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La disminución de presupuesto al Poder Judicial afectaría a los más pobres, según lo indicó la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández.

En las reuniones que sostuvieron los representantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) con el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA), la ministra Piña Hernandez indicó que ha habido un incremento en la demanda de justicia en el país en los últimos cinco años y que el incremento en el presupuesto es indispensable para atender esos asuntos. 

“Una disminución presupuestal al Poder Judicial Federal, entre otras cuestiones, detendría la consolidación efectiva del sistema penal acusatorio e impediría al Instituto Federal de la Defensoría Pública seguir representando de manera gratuita a las personas más vulnerables, en un escenario en el cual la demanda ciudadana de defensores y asesores registra un crecimiento de 20 por ciento anual”, comentó la ministra Piña.

Ante el Grupo de Trabajo de la #ONU sobre la Detención Arbitraria, el Poder Judicial de la Federación refrenda su obligación y compromiso para combatir esta práctica.

Consulta el boletín de prensa ??https://t.co/v5txQT34LT pic.twitter.com/SxT0PvECJL

— Suprema Corte (@SCJN) September 21, 2023

Reiteró que la Corte, así como el Consejo de la Judicatura Federal están comprometidas con el combate a las detenciones arbitrarias y a la protección de la dignidad de las personas que lidian con algún asunto legal.

“Estamos comprometidos —no solo por obligación constitucional y convencional, sino por genuina e inquebrantable convicción— con la protección fundamental de la dignidad de las personas, el debido proceso y el acceso a la tutela efectiva que encuentra en el combate a las detenciones arbitrarias una de sus más altas expresiones y razón de ser”, señaló la ministra ante el GTDA.

La ministra presidenta mencionó que el Poder Judicial ha tomado en consideración las cerca de 50 opiniones que desde el 2002 el grupo de trabajo ha emitido y que a finales de este año presentarán un protocolo de actuación para personas juzgadoras y defensoras públicas, relacionado con la legalidad de las detenciones en el sistema legal acusatorio. Esto, para brindar herramientas útiles a jueces y abogados tengan una actualización de los precedentes jurisprudenciales y estándares internacionales aplicables a la materia.

Ante las inquietudes del Grupo de Trabajo con respecto a las detenciones arbitrarias que siguen ocurriendo llevadas a cabo por policías, la ministra Norma Piña comentó que, por medio de sentencias emitidas por la Corte, se ha garantizado la protección de las personas por medio de registros de cada detención y que han obligado a las autoridades de seguridad pública, así como a los miembros de las fuerzas armadas, a acatar esas resoluciones.

Asimismo, la ministra Norma Piña resaltó lo indispensable que es que se garantice la actuación imparcial y jurídica dentro del sistema judicial mexicano, esto sin riesgos a la seguridad personal, a la estabilidad laboral y financiera de los integrantes de la judicatura,

Al respecto, la ministra Margarita Ríos Farjat destacó que las funciones de la Corte de proteger la justicia constitucional han contribuido que la política de seguridad en México atienda sus obligaciones y garantice la protección de derechos humanos, donde se puedan incorporar estándares de organismos internacionales enfocados en derechos humanos.

Comentó que aún falta mucho por hacer en cuestión de la garantía de derechos humanos y añadió que “la naturaleza humana es compleja y no siempre es luminosa; sin embargo, esta Suprema Corte se mantiene con el firme propósito de participar siempre en la construcción de una sociedad más justa y armónica”.