PUEBLA, Pue. (apro).- La diputada federal por Morena Inés Parra Juárez presentó denuncias ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción en contra de funcionarios de la UNAM y de la BUAP, que habrían cometido daño al erario público por un monto de 7.7 millones y de 177 millones de pesos, respectivamente.

La legisladora explicó que estos actos de corrupción por cobro indebido de becas, diferencia de costos entre obras pagadas y ejecutadas, irregularidades en mantenimiento de instalaciones y edificios, así como en cobro de salarios y disposición de recursos, fueron reportadas por la Auditoría Superior de la Federación en las observaciones de las cuentas públicas de 2018 a 2021.

Sin embargo, denunció que al ser ella integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, ha detectado graves problemas en la ASF por la inacción del auditor especial de Seguimiento Informes e Investigación, Nemecio Ibáñez, y de la Dirección Jurídica de dicho órgano.

“Se niegan cínicamente a presentar denuncia por irregularidades ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción. Hay toda una acción deliberada del personal de la ASF que impide la acción punitiva contra los corruptos y tenemos auditores encubridores de corruptos”, manifestó Parra.

Indicó que mientras subsiste este encubrimiento por el auditor superior David Colmenares “y su grupo de secuaces”, ella se ha visto “por principio y ética” en la necesidad de presentar denuncias de los hechos específicos de corrupción de los cuales se tiene conocimiento a través de las propias auditorías que practicó la ASF con el fin de que no queden impunes. 

Además de la UNAM y la BUAP, agregó que también presentó denuncias por irregularidades que están documentadas en las cuentas públicas de la Universidad Autónoma de México (UAM) y del Politécnico Nacional.

En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), detalló que hay afectaciones al erario por el cobro indebido de becas Elisa Acuña, así como una serie de irregularidades en los costos de los trabajos de mantenimiento a edificios e instalaciones eléctricas y diferencia entre obras pagadas y obras ejecutadas.

En cuanto a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), apuntó que la ASF encontró en la cuenta pública 2020, en el período del exrector Alfonso Esparza Ortiz, un desvió de recursos por pago al estímulo y desempeño académico, cobros de salarios de manera irregular, disposición de dinero de manera ilegal del programa U006 para adquisición de bienes muebles y en el pago de becas.

“Lo que ocasiona un quebranto por parte de la BUAP a la hacienda pública por 177.6 millones de pesos, que los funcionarios universitarios de la BUAP hasta la fecha no han solventado”, acusó.

La legisladora señaló que los delitos que se configuran son peculado, cohecho, colusión, enriquecimiento ilícito, coacción de servidores públicos, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias.

Añadió que corresponde a la Fiscalía de Combate a la Corrupción investigar los hechos y presentar “con nombre y apellido” a los funcionarios universitarios responsables de estos actos de corrupción ante el tribunal correspondiente.

“Se debe exigir castigo a los corruptos porque al saquear o desviar el recurso financiero de la universidad se perjudica a los estudiantes, académicos e investigador universitarios de manera directa”, subrayó.