CIUDAD DE MÉXICO (apro). – En el primer día de discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la incorporación de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dos ministros se perfilan por avalar el decreto emitido en septiembre de 2022: Arturo Zaldívar y Yasmín Esquivel.

En la sesión de este lunes, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó su propuesta para invalidar el decreto de incorporación de la GN a la Sedena al considerarlo inconstitucional.

Durante el debate, Zaldívar enfatizó en que no está prohibido en la Constitución que las corporaciones de seguridad pública tengan disciplina militar e incluso esto resulta deseable y añadió que el decreto impugnado no implica la militarización de la GN pues aunque la Sedena y la Secretaría de Marina son dependencias militares, al estar al mando del presidente de la República, tienen una naturaleza civil.

“Esto es algo que no sólo no está prohibido sino que resulta incluso deseable si se toma en consideración que los cuerpos policiales que han tenido más éxito en Derecho comparado son aquellos que han adoptado precisamente este esquema en contrapartida a aquellas instituciones policiales que han quedado exentas de sistemas disciplinarios propios del ámbito militar, han probado ser mucho menos efectivas como lo demuestra la fallida estrategia de seguridad que prevaleció en nuestro país en las últimas décadas y que favoreció la infiltración del crimen organizado entre sus filas incluso al nivel del mando más alto”, señaló.

“El origen de la Guardia Nacional se encuentra en el enorme desafío en materia de seguridad pública, ante una delincuencia organizada exacerbada, penetrada por el poder civil y de los cuerpos de seguridad pública, al grado de que quien formó parte de CISEN, dirigió la coordinación de inteligencia para la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de investigación de la PGR, a lo largo de tres sexenios presidenciales (Genaro García Luna), acaba de ser condenado con cinco cargos relacionados con el crimen organizado y tráfico de drogas hacia los Estados Unidos (…) Todos los esfuerzos realizados por el Estado mexicano, desde la creación de la PFP, la AFI, la PF en 2009, se encuentran marcados por la existencia probada de la pertenencia del crimen organizado en su más alto mando, quien tuvo la misión de estructurar dichas instituciones, las cúpulas de estas fuerzas policiales quedaron marcadas por montajes, la alianza con el crimen organizado y la simulación”.

Mientras que la ministra Esquivel Mossa señaló que el control administrativo y operativo de la GN por la Sedena no viola la Constitución pues debido a que la Ley de la GN establece que está adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y por tanto actúa conforme a sus normas internas.

“La Guardia Nacional depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, consecuentemente, mientras los más de 100 mil elementos que actualmente conforman la Guardia Nacional pertenezcan a un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad, esto implica que jerárquicamente están subordinados a ella”, dijo.

“Utilizar toda la fuerza disponible del Estado para estos fines no es militarizar el poder público ni tampoco militarizar al país sino poner al servicio de la sociedad todas las capacidades de respuesta en contra del crimen organizado que cada día tiene formas más sofisticadas en sus conductas. La participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no es un acto de militarización cómo es una actividad que se encuentra constitucional y convencionalmente permitida bajo ciertos criterios”.

Los ministros no concluyeron la discusión por lo que retomarán el tema durante la sesión de este martes 19 de abril.