CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el arranque del sexenio del presidente, Andrés Manuel López Obrador, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), tuvo a su cargo a los miles de “servidores de la nación” y su gestión de los mismos fue severamente criticada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que estimó un monto por aclarar de más de 561 millones de pesos.

Según la ASF, mientras dirigía la Coordinación de Delegaciones en la Secretaría de Bienestar, la base de datos de los “servidores de la nación” tenía fallas, como RFC que no corresponden, CURP duplicadas o Clabes asociadas a varias personas, entre muchas otras; muchos de los trabajadores de la Secretaría de Bienestar eran militantes de Morena que habían participado en la estructura electoral de las elecciones de 2018.

Las discrepancias en el padrón de los servidores de la nación que la ASF detectó en 2021 suenan a una advertencia para la labor futura de Reyes al frente de la CNB, una institución que, a petición de López Obrador, está elaborando un nuevo censo de personas desaparecidas en México. Los “servidores de la nación”, bajo las órdenes de la Secretaría de Bienestar –organismo a cargo de Ariadna Montiel, una operadora política de López Obrador–, son los encargados de levantar el nuevo censo.

La metodología opaca con la que se está realizando el nuevo censo –el cual, según López Obrador, reducirá el número de personas desparecidas–, que es blanco de críticas de los colectivos de madres buscadoras y de las comisiones estatales de búsqueda.

Este nuevo censo y las presiones por buscar “la manera” de reducir las cifras de desaparecidos empujaron Karla Quintana Osuna, la predecesora de Reyes en la CNB, a renunciar: en su carta, la exfuncionaria justificó su separación del cargo por “los contextos actuales”, sin ofrecer más precisiones. Proceso y otros medios revelaron posteriormente que Alejandro Encinas Rodríguez, entonces subsecretario de Derechos Humanos, pidió a Quintana que redujera el número de desaparecidos acorde a cifras que había proporcionado la Secretaría de Bienestar.

Y ello, a pesar de que esta dependencia ya intentó elaborar un censo, que resultó un desastre: en 2021, además de auditar el padrón de los servidores de la nación, la ASF también analizó el llamado “Censo del Bienestar” que llevó a cabo la Secretaría de Bienestar a través de los servidores de la nación.

La ASF detectó una serie de “deficiencias en diseño e implementación”, principalmente cifras “sobreestimadas” en decenas de municipios, como en Santa María Chilchotla, Oaxaca, donde el censor reportó 140 mil personas, cuando ahí viven 21 mil 469 habitantes.

Su diagnóstico de entonces suena, de nuevo, como advertencia ante el nombramiento de Reyes al frente de la CNB: aseveró que el ejercicio de la Secretaría de Bienestar “no puede considerarse un censo”.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), el propio López Obrador dio su “visto bueno” para el nombramiento de Reyes al frente de la CNB. La mujer fue designada por su “perfil y experiencia”, según el boletín oficial difundido hoy, el cual omitió precisar que, para realizar el nuevo censo, la CNB está utilizando a los “servidores de la nación” que durante los primeros dos años y medio del mandato estuvieron bajo las órdenes de Reyes.

Aunque el boletín de la Segob destacó la “experiencia” de Reyes en materia de derechos humanos –la cual está limitada, pues durante escasos dos años fue subcoordinadora y enlace territorial de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal–, el perfil de la mujer es más político que técnico, pues es una de las incondicionales de López Obrador.

Reyes ha sido militante de Morena, cuando el partido era todavía un movimiento político; fue titular de la Comisión de Elecciones de Morena en los dos años anteriores a las elecciones presidenciales de 2018, cargo en el cual estuvo bajo las órdenes de Gabriel García Hernández, entonces principal operador electoral de López Obrador.

Antes de militar en Morena, Reyes estuvo activa en organizaciones por la vivienda, y a partir de los años noventa se unió al Partido del Trabajo (PT), partido en el que fungió como secretaria de organización en el CEN, auxiliar en el Comité General del Servicio Electoral y del que fue diputada federal, entre 2009 y 2012.