CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La declaratoria de formal prisión contra el exgobernador de Puebla Mario Marín emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo por actos de tortura es un “paso importante en la búsqueda y acceso a la justicia” para la periodista Lydia Cacho así como para el gremio en el país y la libertad de expresión, consideró el coordinador de Defensa de Artículo 19, Luis Knapp.

En conferencia de prensa, horas después de que se decretase el auto de formal prisión, el abogado destacó que la resolución es “emblemática” porque es el primer caso en que “un funcionario de alto nivel se encuentra bajo proceso judicial por tortura cometida en contra de una periodista”.

Al destacar que México sigue ocupando los primeros lugares en el mundo de agresiones contra periodistas, Knapp resaltó que de acuerdo con un recuento de Artículo 19, de 2000 a 2020 fueron asesinados 137 periodistas. Además, señaló que el riesgo de ser periodista en el país es que “si no te demandan, te amenazan o te asesinan”. 

“Lydia fue castigada por hacer su trabajo, por dar a conocer información sobre pornografía, pornografía infantil y trata de personas, ahora sabemos que hasta lavado de dinero, y contra eso se presentó una denuncia por difamación y calumnia”, por parte del empresario Kamel Nacif, resaltó el defensor.

Agregó que el caso “evidencia que la estructura de poder se activó para detener a Lydia Cacho, es un caso en que los límites entre lo político y criminal no se pueden diferenciar, en el que las estructuras gubernamentales utilizan sus mecanismos legales para reprimir o castigar, se utilizó una orden de aprehensión para realizar el traslado y después la tortura”.

Knapp recordó que la denuncia por tortura presentada por Cacho estuvo prácticamente parada, hasta que, acompañada por Artículo 19, decidió acudir al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo que permitió reactivar el proceso, situación que envía el mensaje de “tengo que salir de mi país para exigir justicia, así fue como a partir de acudir a la ONU se ha movido el caso con la emisión de órdenes de aprehensión, mientras existen todavía tres personas prófugas”.

Dijo que la defensa de Cacho peleará por la pena máxima de 12 años de prisión para Marín y que el caso está siendo analizado bajo los parámetros de la legislación sobre tortura que imperaban en 2005.

Al insistir en que la orden de aprehensión es un paso importante, que falta todavía para considerar que se hizo justicia para Lydia, Luis Knapp consideró que también es un “avance para la libertad de expresión y un destello de esperanza para las miles de víctimas que existen en México”.

En la conferencia, Araceli Andrade, quien ha sido abogada de Lydia Cacho con quien ha colaborado en la defensa de mujeres y niñas víctimas de violencia de género en Cancún, recordó que fue el 14 de febrero de 2006, cuando se difundieron las llamadas telefónicas entre Mario Marín y Kamel Nacif, y que fue hasta entonces que advirtieron el papel del entonces gobernador en el entramado de la detención y tortura de la periodista.

La abogada, celebró que después de 14 años, “se logró trasladar esas llamadas infames, en un acto legal, y para que un juez lo entendiera que hay elementos para procesar al ex gobernador, porque el auto de formal prisión dice que se reúnen los elementos del delito de tortura”. 

Andrade destacó que en el caso de Kamel Nacif, considerado prófugo de la justicia, se sabe que se encuentra escondido en el Líbano, país con el que México no tiene tratado de extradición.

Explicó que atendiendo los acuerdos bilaterales que tienen ambos países, es que “se han traducido los 42 tomos del expediente al árabe, para que el gobierno de Líbano considere el caso y colabore con México para detener al empresario”.

Los abogados reconocieron como parte de las pruebas para dictar el auto de formal prisión, periciales de las llamadas telefónicas entre Marín y Nacif, testimoniales de funcionarios de la estructura del poder, dictámenes en materia de tortura, entre otros.

“No hay gobierno que se pueda colgar esta medalla, pasamos más de tres sexenios en búsqueda de justicia y vamos a continuar hasta el final”, advirtió Andrade.

En un comunicado, Artículo 19 recordó que como parte de las secuelas que ha sufrido Lydia Cacho en su búsqueda de justicia, es que el 21 de julio de 2019 su casa fue allanada y sus mascotas envenenadas, situación que la obligó a huir y no poder volver a su domicilio ante la falta de garantías de seguridad.

La organización destacó que durante el proceso en contra de Marín, se pudo advertir que el 12 de marzo de 2020 la DEA solicitó una investigación internacional por blanqueo de capitales en contra de la familia del ex gobernador, luego de que una resolución judicial descongeló sus cuentas que había intervenidas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Tras recordar que de acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), cada año 4 millones de niños y niñas son abusadas sexualmente en México, Artículo 19 exigió además de la condena máxima para Marín, la detención de Nacif y Hugo Karam, así como “acciones necesarias para la reparación integral del daño y compensación adecuada para Lydia y su familia”, garantizando las condiciones para su regreso.

De la misma manera se pide el esclarecimiento del allanamiento al domicilio de la periodista en 2019 y  una investigación “imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados periodísticamente por Lydia”.

Artículo 19 hizo un llamado a todas las autoridades de todos los niveles de gobierno para “combatir la impunidad de delitos conta la libertad de expresión y garantizar condiciones de no repetición, a fin de que periodistas y personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer sus derechos a la libertad de expresión”.