CUERNAVACA, Mor. (apro).-Autoridades comunitarias de Ocotepec y Ahuatepec, en Cuernavaca, acusaron a corporaciones de los tres niveles de gobierno de criminalizar a pueblos indígenas mediante operativos desproporcionados, cateos irregulares, detenciones arbitrarias y posibles violaciones a derechos humanos y garantías constitucionales, incluidos presuntos actos de tortura contra habitantes sin vínculos con la delincuencia. 

Ante ello, exigieron a la gobernadora Margarita González Saravia y a las autoridades de seguridad detener los abusos y garantizar el respeto a la autonomía y los derechos de las comunidades indígenas. 

Lo anterior fue expuesto durante una conferencia de prensa ofrecida por Hugo Ballastra Ramírez, comisariado de Bienes Comunales de Ocotepec; José Luis Paredes Vargas, comisariado de Bienes Comunales de Ahuatepec; Víctor Manuel Morales Olivares, ayudante municipal de Ocotepec, y Paulino Salas, ayudante municipal de Ahuatepec, quienes presentaron un posicionamiento dirigido a autoridades federales, estatales y municipales. 

Los representantes comunitarios denunciaron que desde hace aproximadamente tres años sus comunidades enfrentan un “ambiente de asedio sistemático” derivado de operativos encabezados por elementos militares, Guardia Nacional y corporaciones policiacas. 

Señalaron que durante distintos despliegues se han registrado retenes que calificaron como inconstitucionales, cateos sustentados —aseguraron— en investigaciones deficientes, además de intimidación, hostigamiento y posibles abusos de autoridad contra habitantes de ambas comunidades. 

“Todo ello refleja una política basada en el uso excesivo de la fuerza y en una visión equivocada de seguridad pública hacia nuestros pueblos”, expresaron durante la lectura del documento. 

Las autoridades rechazaron los señalamientos que pretenden catalogar a Ocotepec y Ahuatepec como “zonas rojas” y sostuvieron que ambas comunidades mantienen bajos índices de criminalidad y una fuerte organización comunitaria. 

Entre sus exigencias solicitaron la instalación de mesas permanentes de trabajo con autoridades federales, estatales y municipales; el respeto irrestricto a los derechos humanos durante los operativos; el cese de abusos de autoridad y una estrategia de seguridad basada en prevención, inteligencia y coordinación comunitaria. 

Durante la conferencia también se presentaron testimonios de habitantes que denunciaron presuntos abusos durante el operativo realizado el viernes en Ocotepec. 

La esposa de uno de los hombres detenidos aseguró que su esposo fue liberado posteriormente al no acreditarse los delitos que le imputaban. Relató que el ingreso de los agentes ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada sin mostrar, afirmó, una orden de cateo. “En el momento en que él abre lo comienzan a golpear”, declaró. 

Según su testimonio, en la vivienda habitaban cuatro familias y durante el operativo fueron sometidos niños, mujeres y adolescentes. Añadió que los agentes “no encontraron absolutamente nada en la casa” y aun así a su esposo “lo cargaron de todos esos delitos”, aunque posteriormente “salió totalmente libre” de los cargos imputados. 

Las declaraciones se suman a las denuncias de autoridades comunitarias y habitantes de Ocotepec y Ahuatepec, quienes acusan detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y posibles violaciones a derechos humanos durante recientes operativos de seguridad.