GUADALAJARA, Jal., (apro) .- La Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) está protegiendo intereses políticos y empresariales para criminalizar la defensa del territorio y medioambiente, denunció el director de la fundación Yansa, Sergio Oceransky Losana en una rueda de prensa.  

Relató que el 6 de abril fue arrestado arbitrariamente cuando acudió a una audiencia en el Juzgado de Control 11 de Tonalá, para responder ante lo que aseguró, es una denuncia falsa por el delito de extorsión que presuntamente cometió contra una persona que ni siquiera conoce.  

Además, reveló que el juez de control de dicho juzgado no solo le impuso como medidas cautelares ir a firmar y no salir del estado durante el estado hasta la próxima audiencia; a su vez, le prohibió hablar sobre las personas que lo están acusando.  

La determinación judicial, advirtió, no solo limita su libertad de expresión, sino que lo pone en desventaja para poder defenderse. 

“Dado que es un delito menor me dejan en libertad y piden dos medidas cautelares, no puedo abandonar Jalisco y debo firmar todos los días, y el juez agregó otras medidas, que básicamente me impiden hablar sobre quién me está acusando, básicamente una especie de mordaza”, expuso. 

Finalmente, Sergio fue llevado a audiencia por el delito de amenazas y no de extorsión. Es decir, que también existió una discrepancia entre la primera acusación y la que lo mantiene actualmente, en Jalisco. 

“La principal herramienta de los defensores es denunciar, me están quitando ese derecho sin que se lo pidieran. El juez quiere proteger la imagen de la empresa que quiere que se me vincule a proceso por un supuesto delito de amenazas”, agregó. 

Narró que el día que se presentó a la audiencia, tenía una orden de suspensión de la orden de arresto, que le fue concedida por el Juzgado Quinto de Distrito de Yucatán. Los policías estatales lo arrestaron cuando salió del recinto judicial para ir por su computadora.  

“Me quieren meter a la fuerza a un vehículo y yo me niego, al final ignorándome me arrestan de forma arbitraria, perdí la comunicación”, recordó. 

Tras cortarse la comunicación, Alejandra Poot, abogada e integrante de la fundación Yansa intentó auxiliar a Sergio a la distancia. Se comunicó con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco para pedirles enviar una persona visitadora, que garantizara la seguridad del defensor, ya que fue arrestado arbitrariamente. La respuesta no solo fue negativa, sino que existió discriminación por su acento yucateco: ser maya.  

“Me decían a ver no te entiendo, no se te escucha, tú no eres de acá, háblame bien ¿por qué eres de Yucatán? (...) Quienes podían ir como observadores eran ellos, quienes tenían que aplicar medidas emergentes eran ellos (...) este trato no solo fue para Sergio fue para todas nosotras y nosotros que confiamos en esta institución”, acotó.

Se generó la queja con folio 202602277, misma que hasta la fecha no han dado respuesta, ni brindando más información. 

Oceransky Losana mencionó que entre las anomalías en la carpeta de investigación solo hay tres declaraciones de empleados de una empresa, en una de las cuáles lo acusan de haber hecho una llamada –para amenazar–, pero que no verificaron si era o no su teléfono. Y dos actas de notificación de los días 5 y 6 de febrero, en un domicilio en Zapopan, Jalisco, que no existe.  

“Acá hay evidencias claras de mala fe y violación clarísima de garantías procesales. Es evidente que este proceso no tiene nada que ver con el acceso a la justicia, tiene que ver con intentar callar y detener mi labor como defensor de medioambiente y derechos humanos”, reiteró. 

Desde el Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo, organización que acompañó a Sergio Oceransky en la rueda de prensa, una de sus integrantes, Denisse Montiel informó que ya dieron parte de la situación del defensor ambiental, Sergio Oceransky a la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos.  

Aunado a que lamentaron que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no respondió a su solicitud de ayuda. 

“Instamos y exigimos al Mecanismo que incorpore de manera inmediata a Sergio como persona beneficiaria, así como a todas las personas integrantes de la fundación Yansa y que puedan implementarse medidas de protección que resulten efectivas”, manifestó. 

A la par, pidieron a las Fiscalía de Jalisco y Yucatán que no se continúe con el ejercicio de la acción penal de los procesos legales con los que están criminalizando la labor de defensa de Oceransky en Yucatán.