CUERNAVACA (apro).- Eliezer Otilio Zamora Pérez, defensor del territorio, integrante de la Asamblea de Amilcingo y opositor a la termoeléctrica de Huexca, fue liberado tras permanecer detenido varias horas, luego de que se confirmó que no existía ningún cargo en su contra. Integrantes de la Asamblea calificaron la detención como arbitraria y violatoria de derechos humanos. 

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que abrió una investigación interna para determinar si los elementos actuaron de manera indebida. 

De acuerdo con Jorge Velázquez, integrante de la Asamblea de la Resistencia de Amilcingo, la detención de Zamora Pérez ocurrió —el pasado viernes— cuando éste se encontraba trabajando en el campo, donde realizaba labores de cosecha de cacahuate. La aprehensión obligó a que sus hijos permanecieran en el lugar resguardando la cosecha, mientras su esposa lo acompañaba en la búsqueda de información sobre su paradero. 

Velázquez relató que la familia tuvo noticias del defensor del territorio hasta alrededor de las 22:00 horas del día de la detención, cuando se confirmó que se encontraba en la Fiscalía Regional de Temixco. “Hasta esa hora la familia ya estuvo un poquito más tranquila”, señaló, al explicar que durante varias horas desconocieron su situación jurídica. 

Según el testimonio que Zamora Pérez compartió posteriormente, durante su detención fue trasladado por distintas instalaciones sin que se le informara con claridad el motivo. “Me traían como un tour, me llevaban a un lugar y yo no sabía dónde estaba”, le relató a Velázquez. En cada sitio, explicó, las autoridades argumentaban faltas administrativas o inconsistencias que impedían formalizar el procedimiento. 

Finalmente, en uno de los traslados, se le informó que el motivo del aseguramiento era una supuesta denuncia por despojo relacionada con un familiar fallecido desde hace varios años. “Él les explicó que su tío ya había muerto desde hace muchos años y que ese terreno lo compró legalmente, que tenía documentos del comisariado”, indicó Velázquez. 

Ante la falta de sustento legal, las propias autoridades determinaron su liberación. “Le dijeron: ‘creo que no tenemos mucho que hacer, te vamos a regresar a tu casa’”, narró el integrante de la Asamblea. Zamora Pérez fue trasladado a su domicilio alrededor de las 3:00 de la mañana, sin que mediara disculpa o explicación formal. 

De acuerdo con lo que refirió posteriormente, durante el tiempo que permaneció detenido no recibió alimentos desde aproximadamente la una de la tarde hasta el momento de su liberación, además de presentar dolor en una mano, por lo que no descartó una posible lesión. 

Desde la perspectiva de la Asamblea de Amilcingo, la detención tuvo un carácter intimidatorio y se inscribe en un contexto de hostigamiento hacia la comunidad. Velázquez sostuvo que el hecho fue percibido como “una provocación hacia la comunidad”, no sólo por la detención en sí, sino por la forma en que se llevó a cabo el operativo. 

Indicó que en la aprehensión participaron elementos del Ejército y agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes “llegaron de frente, intimidándolo, con armas”, afirmó, al subrayar que el asunto pudo haberse atendido por vías locales, sin necesidad de un despliegue de fuerzas federales. 

La Asamblea vinculó este hecho con otros acontecimientos recientes en la región, como el borrado de murales comunitarios en los accesos al municipio de Temoac, donde se representaban la historia de Samir Flores Soberanes, la lucha de Emiliano Zapata y la identidad cultural de comunidades como Amilcingo, Hueyapan, Popotlán y Temoac. 

Velázquez explicó que los murales fueron cubiertos con pintura verde y señalética institucional para la instalación de cámaras de vigilancia. “No había ningún motivo para borrar los murales; las cámaras ni siquiera están sobre el arco, están a varios metros”, sostuvo. 

Aunque autoridades estatales y municipales han señalado que los murales serán restituidos, integrantes de la Asamblea afirmaron que, hasta el momento, esto no ha ocurrido. 

Zamora Pérez permanece en su domicilio, sin cargos en su contra, mientras la Asamblea de Amilcingo exigió que se esclarezcan los hechos, se deslinden responsabilidades y se garantice que no se repitan acciones que —advirtieron— criminalizan la defensa del territorio y los derechos humanos en la región. 

Fiscalía de Morelos abre investigación interna por ejecución de orden de reaprehensión en Amilcingo 

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que inició una investigación administrativa de oficio en torno a la ejecución de una orden de reaprehensión realizada el viernes 9 de enero en la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac. La postura  fue remitida a esta periodista a través del área de Comunicación Social de la dependencia, en un mensaje de WhatsApp. 

De acuerdo con la información proporcionada, la indagatoria es encabezada por la Visitaduría General y de Asuntos Internos y tiene como objetivo verificar que la actuación de la autoridad se haya realizado conforme al marco legal y con pleno respeto a los derechos humanos. En ese sentido, la Fiscalía señaló que la investigación se abrió “con el propósito de garantizar el cumplimiento del marco legal y el respeto irrestricto a los derechos humanos”. 

Como parte del procedimiento interno, se revisará la actuación del personal involucrado en el cumplimiento del mandato judicial. La dependencia precisó que la Visitaduría General “analizará las documentales técnicas y de campo, los protocolos de actuación, así como los testimonios relacionados con la ejecución de dicho ordenamiento judicial, con la finalidad de obtener los medios de prueba suficientes para deslindar responsabilidades”. 

La Fiscalía detalló que la orden de reaprehensión corresponde al delito de despojo y se encontraba vigente al momento de su ejecución. Según el comunicado, se trata de un mandato judicial “emitido en mayo de 2018, derivado de la causa 182/2017-2, por el juez penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos”. 

Finalmente, la institución reiteró su postura institucional respecto al actuar de sus agentes y al respeto a los derechos fundamentales. En el documento enviado a esta periodista, la Fiscalía Morelos subrayó que “reitera su respeto al marco legal, así como también a los derechos de las personas y del personal de esta institución”, y destacó que “la intervención de la autoridad es crucial para garantizar transparencia y justicia”.