MORELIA, Michoacán (apro).- La Comunidad de Arantepacua se declaró este domingo en máxima alerta para cuidar y vigilar que la orden de aprehensión contra el exgobernador, Silvano Aureoles Conejo, su secretario de seguridad, Juan Bernardo Corona Martínez y 12 policías estatales sean ejecutadas. 

El pasado viernes un juez de control ordenó la detención de Aureoles y los servidores públicos de su administración, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, relacionados con la represión en Arantepacua ocurrida el 5 de abril de 2017. 

Frente a la noticia, la comunidad a través de sus autoridades se posicionó este día, para hacer un llamado urgente a las autoridades “a ejecutar con diligencia dichas órdenes y garantizar que los responsables sean detenidos y llevados ante la justicia”. 

Destacaron que estas órdenes de aprehensión son resultado directo de su lucha sostenida para romper un entramado de encubrimiento, dilación y obstrucción institucional que durante años intentó impedir la justicia. “Durante estos años hemos sostenido un proceso organizativo, político y jurídico que implicó la compilación de cientos de pruebas y movilizaciones constantes en Michoacán y en la Ciudad de México, así como el fortalecimiento del tejido comunitario para sostener la exigencia”. 

Desde el primer día la comunidad enfrentó “no solo la violencia del Estado, sino también su negativa a investigar. La Fiscalía del Estado, encabezada durante años por Adrián López Solís, operó como un obstáculo sistemático para la verdad y la justicia”, recordaron. 

También denunciaron que a lo largo de estos años se retrasaron diligencias clave, se intentó desviar líneas de investigación, se buscó presionar a las víctimas para desistirse y se reprimió a la organización comunitaria, pese a ello, destacaron que la comunidad no se replegó y logró lo que consideran un avance judicial, fruto de su lucha colectiva. 

Aunque las órdenes de aprehensión no son justicia, son apenas el inicio de una etapa en la que el Estado está obligado a demostrar que está dispuesto a romper con la impunidad que él mismo construyó”. 

Frente a la gravedad de estos hechos, instaron a las autoridades de justicia a que hagan efectiva la detención de Aureoles Conejo, “quien dio la orden de cometer la masacre”; y de los otros 15 exservidores públicos, y recalcaron que otros políticos y funcionarios que participaron deben ser buscados exhaustivamente, detenidos y llevados ante la justicia.