MORELOS (apro) .- Un juez federal absolvió a Javier “N”, la única persona detenida y procesada por el asesinato del defensor comunitario y opositor a la termoeléctrica de Huexca, Samir Flores Soberanes, al concluir que no existían pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad en el crimen ocurrido el 20 de febrero de 2019 en la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos. 

La resolución se emitió tras un proceso judicial que se prolongó durante cuatro años contra el acusado. 

El fallo absolutorio fue dictado el viernes 13 durante la audiencia de juicio oral, cuando el tribunal decidió exonerar al acusado tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía.  

La sentencia fue emitida por el juez federal Gustavo Eduardo Alonso Ortiz, quien determinó que los elementos presentados por el Ministerio Público federal no alcanzaron el estándar probatorio necesario para emitir una condena. 

El tribunal concluyó que las pruebas presentadas durante el proceso no permitían acreditar plenamente la participación del acusado en el homicidio del defensor del territorio y comunicador comunitario, ocurrido días antes de la consulta federal sobre el Proyecto Integral Morelos (PIM). 

Samir Flores Soberanes era una de las figuras comunitarias más reconocidas en el oriente de Morelos. Integrantes del movimiento señalaron que fue una pieza clave para que diversas comunidades afectadas por el PIM se organizaran en el estado e integraran el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT). A través de este espacio, las comunidades lograron articularse con activistas de Puebla para iniciar una resistencia regional contra el proyecto energético. 

Además de su labor como defensor del territorio, Samir participaba como comunicador en la radio comunitaria Amiltzinko 100.7 FM, desde donde informaba a la población sobre los alcances del PIM y las posibles afectaciones que, según las comunidades, podría generar en la región. Desde ese espacio también mantenía una postura crítica frente al desarrollo del proyecto. 

El Proyecto Integral Morelos incluye un gasoducto que inicia en Tlaxcala, atraviesa Puebla y llega a Morelos para conectarse con la termoeléctrica instalada en la comunidad de Huexca, municipio de Yecapixtla, además de un acueducto que cruza los municipios de Cuautla y Ayala para abastecer de agua a la planta.  

Este proyecto energético es impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en coordinación con empresas españolas como Elecnor y Enagás, responsables de distintos componentes de la infraestructura. 

En entrevista al término de la audiencia, Juan Carlos Flores, abogado e integrante del FPDTA-MPT, explicó que el juez concluyó que las pruebas presentadas por la FGE no permitían demostrar la participación del detenido en el homicidio. 

“Hoy se emitió un fallo sobre la única persona que había sido detenida por el asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes. El juez determinó la absolución al considerar que no había elementos suficientes para demostrar su responsabilidad”, señaló. 

Durante el proceso judicial, dos de los principales testigos que señalaban la presunta participación del acusado fueron asesinados, por lo que sus declaraciones fueron incorporadas al juicio mediante la lectura de los testimonios previamente recabados por agentes ministeriales. 

Asimismo, dos testimonios considerados relevantes por la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) no pudieron sostenerse con otros medios de prueba, lo que impidió confirmar la participación de Javier “N” en el crimen.  

Durante las audiencias, los funcionarios que realizaron estas entrevistas incurrieron en inconsistencias al explicar cómo y bajo qué circunstancias se recabaron los testimonios. 

“Los agentes ministeriales mostraron varias contradicciones sobre cómo se recabaron las entrevistas, cómo encontraron a los testigos y cómo se realizaron estas pruebas”, explicó Flores.  

De acuerdo con la asesoría jurídica de las víctimas, estas inconsistencias generaron dudas sobre la validez de las pruebas presentadas. 

Tras la resolución judicial, la asesoría jurídica sostuvo que el proceso confirmó irregularidades que habían sido señaladas desde el inicio del juicio. Según Flores, la investigación se concentró durante años en una sola persona sin que existieran elementos suficientes para sostener su responsabilidad en el asesinato de Samir. 

“Como lo habíamos denunciado, esto es la crónica de un montaje. Un proceso de desgaste intencional para tratar de encubrir y no llegar a la verdad sobre el asesinato de Samir. Que se hayan enfocado todas las investigaciones durante cuatro años en una persona donde no se tenían los elementos para demostrar su responsabilidad es una estrategia de encubrimiento y de dilación sobre los verdaderos responsables”, apuntó. 

Juez ordena investigar posibles falsedades 

Ante las contradicciones detectadas durante el juicio, el juez ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación para que investigue posibles delitos de falsedad de declaraciones por parte de agentes ministeriales de la Fiscalía estatal. 

“Se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación para que se investigue la posible falsedad de declaraciones de estos agentes ministeriales de la Fiscalía de Morelos”, indicó el abogado. 

La asesoría jurídica también solicitó ampliar las indagatorias para determinar posibles responsabilidades de funcionarios públicos por presuntos actos de encubrimiento u obstrucción de la procuración de justicia. Durante la audiencia, la representación legal pidió al tribunal dar vista a las autoridades competentes para revisar posibles irregularidades en la investigación ministerial. 

Según Flores, la investigación realizada por la FGE, encabezada por Uriel Carmona Gándara, presentó deficiencias que impidieron esclarecer el crimen. 

“La única certeza que hemos podido constatar en este juicio es la ineficiencia y la mala fe con la que actuó la Fiscalía de Morelos en esta investigación”, afirmó.

Exigen investigar a posibles responsables intelectuales 

La asesoría jurídica de las víctimas sostuvo que la investigación debe ampliarse para indagar tanto a los presuntos autores materiales como a quienes habrían ordenado el asesinato.  

Entre las personas que consideran deben ser llamadas a declarar o investigadas se encuentran el fiscal estatal Uriel Carmona; el exgobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco; el político Hugo Eric Flores Cervantes; así como Valentina Lavín y Angelina Zamora, extesorera que está detenida por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. 

También señalaron que debe investigarse el papel de discursos o decisiones políticas durante la consulta del proyecto energético, incluido el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. 

“Lo que sigue es investigar tanto a los autores materiales como a los autores intelectuales que ordenaron el asesinato de Samir”, sostuvo Flores.  

Entre los presuntos autores materiales señalados se encuentra Salvador “N”, quien permanece prófugo. 

Tras la absolución del acusado, la continuidad de las investigaciones corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), que atrajo el caso a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Hasta el momento, la FGR no ha informado si realizará alguna revisión interna sobre el manejo de la investigación. 

El abogado explicó que el juez únicamente resolvió sobre la responsabilidad del acusado en ese juicio específico. 

“Al juez le correspondía determinar la responsabilidad del acusado. La continuidad de la investigación corresponde a la Fiscalía especializada. Cuando tenga nuevos elementos o capture a otro responsable, entonces volverá a intervenir un juez federal”, indicó. 

Siete años sin esclarecer el crimen 

El asesinato de Samir Flores ocurrió el 20 de febrero de 2019 en Amilcingo, municipio de Temoac. El activista formaba parte del FPDTA-MPT, organización que se oponía al PIM. De acuerdo con la información presentada durante el juicio, fue atacado a las afueras de su domicilio. 

“Han pasado cuatro años de proceso judicial y siete años desde el asesinato de nuestro compañero Samir, y al día de hoy no hay elementos certeros sobre cómo ocurrió. Esto muestra el nivel de impunidad que persiste en el caso”, afirmó Juan Carlos Flores. 

Tras la absolución, integrantes del FPDTA-MPT y la representación legal de la familia advirtieron que el caso corre el riesgo de permanecer en la impunidad si no se amplían las investigaciones para identificar tanto a los autores materiales como a los posibles responsables intelectuales.  

Ante las irregularidades denunciadas y la falta de resultados, el caso también se encuentra bajo análisis en el sistema internacional de derechos humanos, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Violencia y disputa criminal en la región 

Además del proceso judicial, la organización alertó sobre el deterioro del contexto de seguridad debido a disputas entre grupos del crimen organizado en municipios cercanos. 

“En la zona se está dando una disputa entre grupos del crimen organizado por el control de la plaza, lo que genera un clima de miedo en comunidades como Huexca y Amilcingo”, señaló Flores. 

El abogado advirtió que esta situación aumenta el riesgo para la familia de Samir, sus compañeros de lucha, integrantes del FPDTA-MPT y habitantes de comunidades que defienden el territorio frente al PIM.  

Hizo un llamado al Estado mexicano, a organismos internacionales y a la sociedad civil a mantenerse atentos y garantizar la protección de la familia, los defensores comunitarios y las comunidades involucradas. 

“Es un llamado al Estado mexicano, a la sociedad y a la comunidad internacional para que estén atentos y vigilantes, y para que se activen las investigaciones que permitan llegar a la verdad”, concluyó.