ENSENADA, BC (apro).- El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Baja California, así como cámaras empresariales, exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), una aclaración sobre los robos hechos en Tijuana por un grupo armado presentado como supuesta Guardia Nacional (GN). 

El caso fue denunciado por el doctor Carlos Altamirano en un audio acompañado de imágenes de cámaras de seguridad, en los que se aprecia una unidad con las letras de la dependencia federal, así como personas vestidas con ropa táctica, quienes recorren la casa y salen con bolsas y artículos diversos. 

En el audio, Altamirano cuenta el robo que sufrió junto con su esposa, quien es anestesióloga; de ella incluso circuló un video donde grita llena de terror desde un balcón. 

“Es la que escucharon gritando. Desgraciadamente se metieron a nuestra casa en unas camionetas, tipo de la Guardia Nacional. Se metieron a asaltarnos, a robarnos. No hay ningún tipo de problema legal nuestro. No tenemos problemas, somos médicos”, dijo. 

Agregó que estos sujetos tampoco traían algún tipo de orden de cateo ni había algún motivo para meterse. 

“Lo único que gritaron es que eran ‘policía federal’, dijeron, que no tiene sentido. A mí me golpearon, me amagaron. Mi esposa logró asomarse al balcón y gritar. Gracias a Dios estamos bien”, expresó. 

El médico aseguró que son los terceros del sector salud que sufren este tipo de robos, donde los sujetos armados repiten el modo de operar. 

Exigen aclarar si fue la Guardia Nacional 

Roberto Quijano Sosa, presidente del Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Baja California, condenó los hechos ocurridos en el fraccionamiento Chapultepec contra una pareja de médicos. 

“En videos difundidos se observa una patrulla de la Guardia Nacional realizando perímetro, así como el ingreso de los presuntos elementos al domicilio y el posterior saqueo. Ante ello, y por el temor que este hecho pueda causar ante la ciudadanía, exigimos una aclaración inmediata y pública por la FGR o la FGE estatal a fin de determinar si las personas involucradas pertenecen o no a la Guardia Nacional”, remarcó en un posicionamiento. 

Elisa Ibáñez Aldana, presidente de Coparmex Tijuana, señaló que la falta de información clara y de comunicación institucional efectiva no solo incrementa la percepción de inseguridad, sino que también impacta directamente en la estabilidad social, la confianza empresarial y el desarrollo económico de la región. 

Robert Lyle Fritch, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, demandó “una investigación exhaustiva” e indicó que la percepción de inseguridad en Tijuana “se ha incrementado de manera preocupante en los últimos meses, al ubicarse alrededor del 68 por ciento, lo que significa que cerca de siete de cada diez habitantes se sienten inseguros en su propia ciudad”. 

Asegura policía que sí acudió 

Tras la acusación, el miércoles 4 de febrero la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) de Tijuana emitió una tarjeta informativa para asegurar que sí atendieron el allanamiento de morada ocurrido el 3 de febrero en el fraccionamiento Chapultepec. 

Tras descartar un reporte de supuestas detonaciones de armas de fuego, atendieron el informe de allanamiento. 

“Este último indicaba que la Guardia Nacional podría estar involucrada en el incidente. Al arribar al lugar, los agentes de la Policía Municipal comenzaron a realizar acciones como primeros respondientes, donde se observó que el domicilio en cuestión presentaba daños evidentes en su portón, así como signos de forzamiento. A fin de obtener información adicional, se realizaron entrevistas con algunos vecinos del área. Es importante señalar que, durante el proceso de intervención, no se localizó ni a la parte afectada ni a los presuntos responsables dentro del inmueble”, según aseguraron. 

Agregaron que, tras lo anterior, notificaron a la FGE, establecieron “un resguardo” y preservaron el sitio a la espera de la autoridad investigadora, y que “dada la ausencia de la parte reportante, todas las actuaciones se llevaron a cabo en el exterior del domicilio”. 

Este jueves 5 de febrero, el secretario José Alejandro Avilés Amezcua declaró a la prensa que, tras el llamado, prestaron el auxilio correspondiente, pero aseguró que no tuvieron contacto con las víctimas, y que el caso es investigado por parte de la FGE. 

“Nosotros, la postura como autoridad, y no podemos abordar, y menos en estos momentos que hay una carpeta de investigación, poder decir datos que incluso podrían estar ya trabajándose en la misma carpeta. ¿Qué sí podemos referir? ¿Cuántos eventos hemos tenido con características similares? Pudiéramos hablar de tres: 18 de diciembre, 23 de enero y el acaecido el 3 de febrero”, según aceptó. 

Avilés Amezcua reiteró que la única forma en que pueden atender “es mediante la denuncia” e instó a utilizar el número de emergencia citado.