OAXACA, Oax., (apro).- El Comité de Desaparición forzada de la ONU emitió una Acción Urgente a favor del ingeniero civil Pablo Osorio Sánchez, originario de la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, y quien fue desaparecido simultáneamente con 13 personas más en el municipio de Concordia, Sinaloa. 

Ante la indiferencia del Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas y la familia de Pablo Osorio Sánchez, recurrieron a instancias internacionales como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. 

El Comité emitió la acción urgente AU No. 2220/2026 en la que le solicitan al Estado mexicano: 

Implementar una estrategia integral e inmediata de búsqueda e investigación, con cronograma y plan de acción; explorar todas las hipótesis, incluyendo la posible participación de agentes estatales; coordinar la búsqueda de Pablo Osorio Sánchez con la de sus 10 compañeros desaparecidos; realizar entrevistas y análisis de redes telefónicas y sociales de las víctimas; preservar y analizar registros de videovigilancia en la zona y garantizar la participación y acceso a la información de los familiares, asegurando comunicación periódica sobre avances y resultados. 

En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos refiere que “por fuentes externas, se tiene conocimiento que tres compañeros de Pablo que laboraban en la empresa CICAR S.A de C.V. también fueron desaparecidos simultáneamente”. 

Ese mismo día, de manera simultánea al menos 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizla Silver, con sede en Vancouver, Canadá y que realiza trabajos en Sinaloa desde el año 2024, también desaparecieron en circunstancias similares, lo que ha generado preocupación nacional e internacional por la posible colusión entre agentes estatales y grupos criminales en la zona. 

Pablo Osorio Sánchez fue visto por última vez en la carretera a Villa Unión, Durango, cuando se dirigía a su lugar de trabajo asignado por la empresa CICAR. S.A de C.V en el Municipio de la Concordia, Sinaloa. 

Detallan que Pablo se encontraba en una llamada con su novia cuando la comunicación se interrumpió tras escucharse voces masculinas y un vehículo acercándose, cortándose la llamada y desde entonces se desconoce su paradero. 

Fuentes externas hacen referencia de que, en el municipio de Concordia, se registra una fuerte presencia del crimen organizado y desplazamientos forzados de comunidades, desde hace ya por lo menos 20 años, sin que ningún gobierno estatal o federal, intervenga de manera efectiva en el combate contra el crimen organizado, sino al contrario, el crimen organizado tiene el control de estados del norte de México, incluido el estado de Sinaloa. 

Para sustentar su declaración mencionaron que entre enero de 2025 y enero de 2026 se contabilizaron mil 557 desapariciones en Sinaloa, de las cuales, 79 ocurrieron en Concordia. 

El Comité también hace referencia a la desaparición de Saúl Alberto Ochoa Pérez, José Antonio Jiménez Nevares, Antonio Esparza, José Castañeda, Ignacio Salazar, Javier Vargas, Javier Valdés, Antonio de la O, Francisco Jesús Aguilar Pérez y Miguel Tapia. 

El Comité subrayó que las autoridades mexicanas deben informar sobre las medidas adoptadas a más tardar el 16 de febrero de 2026, y mantener la colaboración hasta esclarecer la suerte y paradero de las personas desaparecidas. 

Familiares de Pablo y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas solicitaron el cumplimiento a la acción urgente emitida por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, ya que según el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en resolución del amparo en revisión 1077/2019, refiere a la obligatoriedad de las Acciones Urgentes del Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU y que son obligatorias en su cumplimiento por el Estado Mexicano.  

De igual forma, pidieron que la secretaria de Gobernación convoque a una reunión inmediata a los familiares de la víctima Pablo Osorio Sánchez y a su representación, así como a las siguientes instituciones:  Fiscalía General de la República (FGR); Secretaria de Seguridad Pública federal (SSP), Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Comisión Ejecutiva de Víctimas (CEAV), Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), Comisión Estatal de Búsqueda de Sinaloa (CEBS), Comisión Estatal de Víctimas de Sinaloa (CEAIV), Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), Comisión Estatal de Búsqueda de Oaxaca, Comisión Estatal de Víctimas de Oaxaca, para los efectos de cumplir con las recomendaciones del comité contra la desaparición forzada de la ONU.