NUEVO LEÓN (apro) .- Organizaciones de la sociedad civil exigieron nuevamente al gobierno de Nuevo León aceptar y cumplir integralmente la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el caso del niño Ángel Moreno, quien murió en febrero de 2022 en las instalaciones y bajo custodia del DIF estatal, además de entregar más de 38 mil firmas ciudadanas que apoyan ese reclamo. 

A través de conferencia de prensa virtual, Juan Martín Pérez García, de Tejiendo Redes; Pablo Quiroga Adame, de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) y Alexander Navarro, de Change.org, señalaron que, a cuatro años de los hechos, persiste la impunidad y la protección política que ha impedido investigar y sancionar las responsabilidades del homicidio del menor. 

“Existe un claro entramado de protección política que garantiza que se perpetúe la impunidad en este caso”, declaró el representante de Cadhac, Pablo Quiroga Adame. 

Criticó además el doble discurso de las autoridades estatales, poniendo como ejemplo a la esposa del gobernador y titular de la dependencia Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez.

“(Rodríguez) asegura que los niños en custodia del Estado viven en condiciones idóneas y, además y que son una prioridad para el gobierno actual, pues ignoran este grave caso, y no vemos ningún tipo de disposición para aceptar ambas recomendaciones de las comisiones de derechos humanos”. 

Ángel Moreno llegó al albergue estatal Capullos a los cuatro años, junto a su hermana menor, y el 28 de noviembre de 2021, ya con 14 años, fue trasladado y aislado en el albergue Fabriles, supuestamente debido a que había sido parte de una protesta. 

El 18 de febrero de 2022 la oficina de comunicación del gobierno estatal dio a conocer, a través de su cuenta de X, que el joven había fallecido la madrugada del 9 de febrero por un choque séptico de abdomen agudo, tras presentar malestares estomacales. 

Ángel tenía trastorno de déficit de atención con hiperactividad, síntomas de estrés postraumático, trastorno depresivo persistente, discapacidad intelectual, crisis epiléptica y de ansiedad 

El 18 de mayo del 2023, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó que un Juez de Control vinculó a proceso penal a dos exfuncionarios por el caso de la muerte de Ángel, calificando el hecho como homicidio por el Ministerio Público. 

Miguel Ángel “N”, Mauricio Miguel “N” y Raymundo Francisco “N” fueron imputados, sin embargo, las autoridades detallaron que Miguel Ángel, quien hoy es diputado federal de Movimiento Ciudadano, no pudo ser imputado debido a que presentó una suspensión de amparo. 

A Raymundo Francisco se le señaló como quien presuntamente quitó la vida al menor dentro de las instalaciones de Fabriles, y se le consideró como prófugo, mientras que Mauricio Miguel fue vinculado por el delito de encubrimiento. 

En 2023, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL) emitió una recomendación en la que ratificó el caso como una grave violación a los derechos humanos, la cual fue rechazada por el gobierno de Samuel García. 

El 17 de diciembre de 2025, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 148/2025, en la que retomó sustancialmente los planteamientos de la instancia local y llamó al Gobierno de Nuevo León a cumplir con medidas específicas de reparación integral, investigación y transformación estructural del sistema de cuidados alternativos. 

Pablo Quiroga declaró que perciben que la administración de Samuel García está más enfocada en presumir la remodelación de instalaciones, promover su imagen y usar políticamente el tema del DIF estatal, que realmente tener un buen sistema que garantice la protección de niñas, niños y adolescentes en custodia del Estado. 

Juan Martín Pérez García comentó que durante la mañana de este jueves asistieron a las oficialías de partes del Congreso local y palacio de Gobierno, en donde presentaron las 38 mil firmas que demandan justicia para Ángel Moreno y que fueron recabadas a través de la plataforma Change.org. 

El llamado en el documento entregado es que se esclarezca el tema y haya cárcel para las personas responsables, además de que se apruebe la Ley Ángel, presentada por la diputada local del PAN, Itzel Castillo, que propone adiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para mejoras en el resguardo de menores bajo custodia del DIF Nuevo León y Capullos. 

“Llamar en este sentido al Congreso del Estado Nuevo León. Tiene mucho que hacer, es parte de lo que también la propia recomendación plantea, pero volver a hacer el llamado al gobernador Samuel para que deje de guardar silencio, para que, en coherencia con su argumentación de que Nuevo León es el mejor lugar para niños, niñas y adolescentes, pueda demostrar nuevamente como un gesto de ética política y ética pública la aceptación de esta recomendación por segunda ocasión”, invitó Juan Martín Pérez García. 

Aseguró que el caso no es aislado, y pidió que atienda las recomendaciones como gesto político para dejar de proteger a las personas presuntamente responsables. 

Para las organizaciones, los amparos promovidos por los exfuncionarios del DIF obstaculizan las investigaciones y la protección política habla mal del partido político. 

“La protección política para el que ahora es un diputado, el exdirector del DIF, el exdirector de Protección de la Familia, que también está amparado, pues lo que nos muestra es que se están poniendo obstáculos desde el más alto nivel para garantizar, no solamente que no se repitan estos hechos, sino que se investiguen. 

“Y esto, pues la verdad es que habla muy mal, no solamente de estos políticos, sino del partido político que los soporta, cuando teóricamente o narrativamente, tienen como prioridad a la niñez”, acusó Juan Martín Pérez García. 

Pablo Quiroga expuso que la adopción e implementación de los pormenores detallados en las recomendaciones son el paso mínimo para poder garantizar un sistema estatal que cuide a los niños niñas adolescentes bajo protección del Estado. 

“No estamos pidiendo más, no estamos pidiendo menos, simplemente estamos pidiendo lo que está establecido en el andamiaje jurídico internacional y en el andamiaje jurídico mexicano”, afirmó el representante de Cadhac. 

Juan Martín Pérez García confirmó que el gobernador no ha vuelto a pronunciarse al respecto. Este medio solicitó una postura a través del titular del departamento de comunicación social del DIF Nuevo León, pero no hubo respuesta.