CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Una serie de movilizaciones, toma de edificios y protestas por parte de burócratas de Nayarit, quedó en suspenso. El reclamo por incumplimiento en el pago de quincena y aguinaldo que el gobierno estatal adeudaba fue resuelto hoy, aunque siguen pendientes prestaciones y la resolución de las causas penales abiertas contra sindicalistas. 

Sin embargo, el motivo de las protestas que paralizaron las actividades institucionales nayaritas durante esta semana se resolvió con un crédito de corto plazo gestionado por el gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero, una corrida de 300 millones de pesos que alivió momentáneamente las finanzas y permitió saldar el pendiente. 

“Fue derivado de la presión que hicimos que se dio el cumplimiento del pago de quincena y aguinaldo. Nuestro punto es que duraron nueve días sin pagar, lo hicieron por nuestra postura y la toma de oficinas”, expuso Óscar Cedano, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estados y los Municipios (SUTSEM). 

En entrevista con Proceso, Cedano advirtió una condición financiera precaria: el gobierno no pudo cumplir obligaciones correspondientes a diciembre de 2025, para resolverlas usa una línea de crédito con cargo a participaciones federales de 2026 y “ahora, pensamos que, de seguir la misma tendencia, se les acabará el dinero en octubre o noviembre. No podrán pagar”. 

El dirigente del SUTSEM explicó que jamás lograron tener interlocución y fue hasta que retuvieron al secretario de Finanzas, Julio César López Ruelas, que se hizo el compromiso de liquidar con los recursos obtenidos de un corto. 

El gobernador Navarro Quintero se ha referido repetidas veces a las condiciones del contrato colectivo, asegurando palabras más o menos, que las prestaciones de los trabajadores son excesivas y responsabilizando a los gobernadores del pasado por haber cedido tanto. 

Empero, más allá de las protestas de la primera semana de enero, los reclamos vienen de lejos, pues el propio SUTSEM se ha visto envuelto en las polémicas inmobiliarias derivadas del Fideicomiso Bahía de Banderas, el escándalo de corrupción que la actual administración destapó, persiguiendo a beneficiarios de predios cedidos a precio de ganga y recuperando inmuebles. 

Al SUTSEM se le ha despojado, en palabras de Cedano, de un inmueble, un recreativo y otras propiedades sin que exista mandato judicial. Asegura que el sindicato ha actuado conforme a derecho, no así el gobierno de Navarro Quintero. 

De origen, el conflicto de la burocracia nayarita se remonta a 2013, año desde el cual, el SUTSEM acusa adeudos de becas, recategorizaciones, vales de despensa y otros beneficios comprometidos en el Contrato Colectivo de Trabajo, que el gobierno estatal se niega a liquidar. Al respecto, al gobernador nayarita asegura que la nómina consume el 80% de los recursos. 

Pero en el sindicato, la situación se percibe distinta: una serie de obras desproporcionadas y faraónicas han dejado en la ruina las finanzas estatales, entre otras, la construcción de un estadio cedido sin más a personas vinculadas al diputado Pedro Haces, quienes lo administran como negocio privado pues lo tienen en comodato. 

Mientras el cruce de acusaciones por corrupción y malos manejos mantiene encendida la disputa entre la burocracia y el gobierno del estado, las movilizaciones han tenido consecuencias legales. 

El pasado 16 de octubre, por ejemplo, los trabajadores realizaron una jornada de protestas por los adeudos de prestaciones desde 2013, con lo que la Fiscalía General del Estado, abrió carpetas de investigación por ataques a las vías de comunicación por obstrucción; coalición de servidores públicos y apología del delito. 

Para el 12 de noviembre, cinco trabajadores fueron vinculados a proceso y enfrenta un juicio penal. 

Ante lo anterior, Óscar Cedano afirmó que existe un acoso permanente del gobierno de Navarro Quintero, una descalificación constante como campaña sucia contra los trabajadores y una represión sutil por la vía penal contra quienes se expresan ante el incumplimiento de derechos.