CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los predios que ahora “rescata” el gobierno de Nayarit en el llamado Megaoperativo Nuevo Nayarit fueron adquiridos de manera irregular, pero si hay actos de injusticia, tienen derecho al amparo, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. 

En su edición de enero de 2026, Proceso publica que “el gobierno morenista de Miguel Ángel Navarro ha convertido el llamado Megaoperativo Nuevo Nayarit en un sistema de extorsión institucional. Bajo la consigna de ‘recuperar’ terrenos turísticos en Bahía de Banderas, se fabrican carpetas de investigación, se ejecutan órdenes de aprehensión y se aplica prisión preventiva como herramienta de intimidación”. 

Agrega que, como heredero del Fideicomiso Bahía de Banderas, el actual gobierno estatal incluye un “esquema (integrado por funcionarios estatales ligados al grupo del senador Adán Augusto) que favorece a nuevos socios inmobiliarios y políticos ligados al ‘clan chilango’, según los afectados”. 

Al respecto, la presidenta señaló que, de acuerdo con información que le dieron el gobierno estatal y la Fiscalía General de la República (FGR), dichos predios “habían sido adquiridos por, principalmente, funcionarios públicos de gobiernos pasados que se habían apoderado de esos predios de manera ilegal y muchos de esos predios eran propiedad del estado”. 

Además, dijo, se fueron inscribiendo a nombre de un exfuncionario, exgobernador, o por prestanombres de un gobernador. 

La investigación profunda ya se hizo y, por lo tanto, se da la recuperación de esas tierras para el estado de Nayarit, para un desarrollo. 

El gobierno local, admitió la mandataria federal, abrió la puerta a desarrollos turísticos, es decir, que podrían terminar de nuevo en manos de privados. “No es que se va a entregar solamente así al desarrollo turístico, sino a partir de un Plan General”. 

En cuanto a quienes denunciaron la existencia de un despojo institucionalizado, la jefa del Ejecutivo Federal aseguró que, "si hay alguna persona que piense que hubo un abuso en una situación de estos actos de autoridad, pues tiene derecho al amparo o incluso puede acercarse a la Fiscalía General de la República si tiene suficiente información para decir: ‘pues no, en este caso hubo una injusticia’. Pero lo que se presentó fueron predios que fueron adquiridos ilegalmente por exfuncionarios cuando eran tierras estatales”. 

Ante el planteamiento de Proceso sobre el uso del mismo esquema que acusan que se utilizó en el pasado, la presidenta respondió: “Pues tendría que ser la Fiscalía y si hay alguna persona que considera que hubo una injusticia, por supuesto tiene derecho al amparo, pero, además, se le puede acercar a la Fiscalía —ahora la fiscal Ernestina Godoy— para que se revise su caso”.