PACHUCA, Hgo. (apro).- El director de la escuela primaria Donaciano Serna Leal, presunto responsable de la agresión sexual contra un niño de 9 años con trastorno del espectro autista por el que la presidenta Claudia Sheinbaum fue increpada el pasado 4 de enero en Tizayuca, Hidalgo, recibió la suspensión temporal de su cargo, mientras enfrenta el proceso penal en su contra. 

Debido a la medida ordenada por un juez de control, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) inició el procedimiento de separación salarial para el director, quien sigue el proceso en libertad por un amparo que fue concedido por un juez con sede en la Ciudad de México, medida que es revisada por un Tribunal Federal con sede en Hidalgo. 

El pasado domingo, Juan Leonardo Pérez, padre del menor, se aproximó hasta la mandataria e interrumpió el discurso oficial para denunciar posibles omisiones de la Fiscalía estatal y urgir ayuda a Sheinbaum, quien supervisaba la construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 293. 

Posteriormente, el padre acusó dilaciones en el caso y posible pérdida de evidencia que incluiría grabaciones que muestran la agresión, además de dar a conocer que ha recibido amenazas de muerte. A la mandataria le dijo que teme por su vida y, posteriormente, Sheinbaum pidió a la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, que revise el caso. 

El asunto acumula una serie de recursos legales por los que la medida cautelar prevista en la fracción XI del numeral 155, consistente en la suspensión temporal de una actividad profesional, se dictó hasta el 12 de diciembre, aunque René C. B., director de la primaria Donaciano Serna Leal, con sede en Tizayuca, había sido vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado desde una audiencia inicial que data del 4 de abril de 2025. 

La serie de recursos también ha permitido el seguimiento del caso en libertad –lo cual es reclamado por el padre de la víctima–, en tanto que el presunto agresor René C. B. se mantuvo en el sistema educativo estatal, con remuneración y todos los derechos laborales vigentes, asignado a funciones administrativas, hasta el inicio del procedimiento de separación salarial que, de acuerdo con el secretario de Educación estatal, Natividad Castrejón Valdez, podría entrar en vigor a partir de la próxima quincena. 

En primera instancia, no se impuso medida cautelar porque a René se le otorgó la suspensión en el juicio de amparo 77/2025. La defensa del director igualmente promovió un amparo (844/2025) en contra del auto de vinculación a proceso, cuya sentencia la dictó el Juez Tercero de Distrito el 22 de septiembre de 2025. 

Tras ello, se presentó nuevamente acusación contra René C. B. cuatro días después, el 26 de septiembre. El día 30, la defensa promovió un nuevo amparo (1627/2025) en contra de la resolución del juez de control mediante la cual se autorizaba una prórroga de la investigación complementaria.  

De igual forma, la defensa interpuso el 20 de octubre un recurso de revisión en contra de la sentencia del 22 de septiembre dictada por el Juez Tercero de Distrito, la cual aún no se encuentra radicada. 

Según el último resolutivo, la suspensión de la actividad docente ordenada el 12 de diciembre se mantendrá durante el periodo que dure el proceso. 

El secretario de Educación Pública de Hidalgo afirmó que “desde el primer momento” que supieron de la acusación activaron “los protocolos”: “ese mismo día se le giró la primera tarjeta a la supervisora (escolar), al día siguiente se dio parte a la Procuraduría del Menor” y, posteriormente, la denuncia llegó a la fiscalía estatal. 

“Siempre que hay un tema de este tipo, de inmediato debe separarse de la escuela y evitar que tenga contacto con cualquier tipo de alumno. Desde el día siguiente que se recibió la queja (fue separado), y se manda a la jefatura de sector, donde tiene actividades administrativas, pero no de dirección”, dijo el funcionario, quien mencionó que, en este momento, la Secretaría a su cargo sólo está a la espera de los resolutivos judiciales sobre el asunto. 

“Una vez que lo toma la Procuraduría, ya nosotros no somos parte del proceso, tenemos que esperar que sea la autoridad competente la que determine la falta, si es o no es; la verdad es que hemos tenido casos en los que resulta culpable el acusado y muchos otros en los que resulta inocente. No podemos prejuzgar, lo que tenemos que hacer es tomar las medidas para que el acusado no esté en contacto con alumnos”, insistió. 

Al área jurídica de la SEPH, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) le requirió videos del día de los hechos, entre otros posibles elementos de prueba, confirmó Castrejón Valdez. 

Tras denunciar amenazas de muerte, Juan Leonardo Pérez dijo que cree que esto se debe a que ha denunciado a Irám González Pérez, subprocurador de Hidalgo y hermano del actual secretario de Agricultura, Napoleón González Pérez, por corrupción. 

El subprocurador, aseguró Leonardo, ha incurrido en posibles omisiones que, consideró, han derivado en falta de avances, además de denunciar la posible pérdida de evidencia. Asimismo, afirmó que le obstruyeron el acceso a la carpeta de investigación.  

También señaló al encargado del despacho de la PGJEH, Francisco Fernández Hasbun, y al agente del Ministerio Público, Marco Antonio Echeverría.