CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la suspensión provisional de la condena de 92 años de prisión del exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, familiares del dirigente social Arturo Hernández Cardona, quien habría sido desaparecido de manera forzada y asesinado por el acusado, conminaron a los magistrados responsables de elaborar una sentencia definitiva, actuar con justicia en la revisión del caso por el que fueron agraviados además otros seis activistas. 

Los representantes de la familia de Hernández Cardona recordaron que Abarca Velázquez, a quien también se le asocia con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, seguirá en prisión luego de que en abril se le sentenció a una pena de 20 años por el asesinato del Justino Carvajal Salgado, sobrino del senador Félix Salgado Macedonio, quien era primer síndico municipal durante su gestión como alcalde y fue asesinado a tiros el 8 de marzo de 2013. 

Sobre la suspensión provisional de la sentencia de 92 años, resaltaron que el político surgido de las filas del PRD, “se encuentra a disposición del Tribunal Colegiado del Décimo noveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, a quien le corresponde conocer y dar sentencia a este amparo, mismo que le concedió la suspensión provisional el pasado 11 de agosto del año en curso”.  

Los familiares del dirigente social llamaron a los magistrados a “elaborar una sentencia justa, ya que siete activistas sociales fueron desaparecidos y tres de ellos fueron ejecutados extrajudicialmente, entre ellos Arturo Hernández Cardona”, quien fuera líder de la agrupación Unidad Popular y también exdirigente del PRD. 

La representación de la familia de Hernández Cardona, a cargo de la Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC), resaltaron que la caso de Hernández Cardona, por el que Abarca Velázquez obtuvo la suspensión provisional, se espera el Informe de Fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Hernández Cardona fue detenido por policías municipales de Iguala, junto con sus seis compañeros luego de llevar a cabo una movilización para reclamar la entrega de fertilizante, a finales de mayo de 2013, para después se encontrado sin vida junto con otros dos activistas, semienterrados.  

Del asesinato de Hernández Cardona a manos de Abarca Velázquez, testificó ante la entonces Procuraduría General de la República uno de los sobrevivientes, Nicolás Mendoza, quien tras la agresión huyó del lugar junto con otros tres activistas. 

Sobre el procedimiento en el sistema interamericano, la RSDCIAC recordó que el Estado mexicano ha sido omiso desde hace más de un año en la implementación de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH a favor de la hija del activista María Soledad Hernández Mena.  

Tras señalar que el Estado mexicano ha solicitado a la CIDH retirar las medidas cautelares, la RSDCIAC urgió a la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez instalar, “a la brevedad”, una mesa de trabajo “para tratar el tema de la seguridad de la familia de Arturo Hernández Cardona”.  

En tanto el gobierno de Claudia Sheinbaum da respuesta a la exigencia, la organización social responsabilizó al Estado mexicano de “la integridad física psicológica de las hijas de Arturo Hernández Cardona, María Soledad, Carolina y Reina Hernández Mena, y de la viuda la señora Carolina Mena Marchán, así como de las y los integrantes de su representación”. 

El pasado 24 de septiembre se dio a conocer la suspensión provisional de la sentencia de 92 años de prisión impuesta a Abarca Velázquez, quien se encuentra en prisión ese 2014, tras la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.