AGUASCALIENTES, Ags., (apro) .- Un juez federal resolvió reabrir la investigación penal contra Gabriel Cortés Alcalá, actual secretario de salud de Guanajuato.  

Como Proceso lo documentó, el funcionario es acusado de un presunto desfalco de 50 millones de pesos cuando fue titular, entre 2023 y 2024, del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en León (ISSSTE HR León), a través de compras y contrataciones irregulares adjudicadas a empresas pertenecientes a sus trabajadores de confianza, lo que supone un conflicto de interés. 

La denuncia fue presentada el 8 de noviembre de 2024 por Martha Karina Rodríguez Lizola, actual titular del ISSSTE HR León, pero tan sólo 17 días después, el día 25, Diana Martínez, la Ministerio Público federal que llevaba el caso, decidió cerrarlo sin ejercer ninguna acción penal. 

Rodríguez Lizola también denunció que fue intimidada por su antecesor, que para entonces había sido nombrado por la gobernadora Libia García como nuevo secretario de salud. 

Durante la audiencia —celebrada el lunes 21 de julio en el Centro de Justicia Federal de Aguascalientes— el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio Orlando Íñiguez Delgadillo, señaló que la Ministerio Público federal no agotó todas las líneas de investigación contra el actual servidor público y algunos de sus subalternos. 

“Cabe preguntarnos si el Ministerio Público dio oportunidad de agotar todas las líneas de investigación, si dio oportunidad de recabar todos los datos de prueba. La respuesta es no. A escasos 17 días (de abierta la investigación) decretó la no acción penal. Estas características no se ajustan a la naturaleza de la investigación. ¿Qué artículo de la ley permite actuar en esos términos? Ninguno. Es inadmisible”, explicó Íñiguez Delgadillo. 

Los representantes jurídicos del ISSSTE explicaron al juez que contaban con diversos documentos, como 15 contratos firmados con distintas empresas, entre otros. Y explicaron que pudieron enviar dicha información al Ministerio Público hasta el mes de diciembre, cuando ya se había resuelto cerrar el caso. 

“Es muy importante que se haga la revisión de estos documentos. Se anexaron actas técnicas de los contratos con nombres de diversos apoderados, fotos de las fachadas de obras que se realizaron, proyectos de construcción, seguimientos de obra, historial de contrataciones y actas patrimoniales (...) Solicito se realicen los actos de investigación y se revoque la decisión de no ejercer acción penal”, pidieron. 

La Ministerio Público argumentó que desde el día en el que se presentó la denuncia emitió cuatro citatorios al personal del ISSSTE para requerirles información del caso, pero ninguno fue respondido.  

También dijo que citó a comparecer a dos representantes legales de la instancia de salud federal, pero sólo uno —Kevin Álvarez Salgado— respondió y compareció el 25 de noviembre, el mismo día en el que Martínez decidió cerrar el caso sin ejercer ninguna acción penal. 

Añadió que, en esa comparecencia, Álvarez Salgado solicitó ampliar el plazo para la presentación de pruebas, pero la solicitud le fue negada. En su lugar se le otorgó entregar documentos en menos de 24 horas, lo cual no sucedió.  

Martínez también aceptó que el “borrador” del no ejercicio de la acción penal estaba escrito desde el 24 de noviembre, un día antes de la comparecencia, pero se hizo oficial hasta el día 25. “No se contaba con mayores elementos para esta investigación”, se defendió. 

El juez sostuvo que ese argumento no era suficiente. 

“Su determinación tiene como centro la comparecencia (del representante legal del ISSSTE). Es un escenario que a todas luces resulta ilógico. Ha limitado el derecho de la parte denunciante de presentar pruebas, que no se hayan presentado antes no es excusa, el Ministerio Público tiene la obligación de seguir líneas de investigación y aquí no advierto que se haya procedido en esos términos”, refutó. 

Por su parte, la defensa de los acusados solicitó mantener la decisión de no ejercer acción penal porque el caso “sólo se basa en una nota periodística” y el ISSSTE, dijeron, fue omiso en dar continuidad a la denuncia. 

En el mismo sentido habló un integrante de la Defensoría Pública, quien representa a uno de los imputados. 

“Martha Karina Rodríguez Lizola presentó la denuncia el 8 de noviembre, ese día se giró oficio al ISSSTE para que diera información. Es claro que la información la tenían ahí, por eso se convirtieron en coadyuvantes. Ellos tenían la obligación de enviar todos los documentos. No es suficiente una denuncia, no se puede molestar a las personas por simples comentarios en notas periodísticas”, dijo.  

Y agregó que se había dado vista al Órgano Interno de Control del Hospital por la falta de entrega de documentos. 

Tras la resolución de reabrir el caso, Diana Martínez, la Ministerio Público, dijo que la investigación ya no estaría a su cargo.  

Martínez ya no labora en la delegación de la Fiscalía General de la República en Guanajuato. Se encuentra vinculada a proceso penal junto con otros dos fiscales por el cierre de la carpeta de investigación contra Cortés Alcalá y los demás implicados.