QUERÉTARO, Qro. (apro).- Tras una semana de convivencia con el padre, el hijo de Esmeralda Mendoza Álvarez regresaba con ella como un reflejo de su agresor. Expresaba no querer a su mamá y amenazaba con herirse o agredirla a ella. Sin embargo, al ser separado del padre, el niño afirmaba amar a su madre y mostraba deseo de regresar a su lado.

Esmeralda llevó el proceso jurídico de violencia vicaria, con “Las TEMIS luchando juntas A. C.”, para tener un acompañamiento con perspectiva de género e infancias, después de que sus exabogados lo hicieron sin atender a esta condición. Con ello lograron obtener la primera sentencia por este delito en juzgados del estado.

Mientras las cifras de denuncias aumentan y los testimonios se multiplican, la sociedad y las instituciones siguen sin dar respuestas efectivas a la violencia vicaria. Como vivió Esmeralda, mujer que entre 2016 y 2023 llevó un proceso jurídico que pasó de la revictimización –institucional– a la justicia.

La violencia vicaria está definida en el Diario Oficial de la Federación (DOF) como cualquier acto que, con el objetivo de dañar a las mujeres, se dirija a los hijos o hijas, familiares o personas allegadas; mientras se mantiene o no una relación con la persona agresora. Entre algunas agresiones como: amenazar, ocultar, promover la violencia física o psicológica, o condicionar pensiones.

En Querétaro, la violencia vicaria sigue sin ser reconocida y tipificada como delito por el Código Civil y el Código Penal, de acuerdo con el Informe Contextual sobre Violencia Vicaria de la Secretaría de Gobernación, pese a que se encuentra regulada en más de 60 ordenamientos locales.

Marlene Martín Rico, abogada y parte del equipo jurídico de la ONG queretana “Las TEMIS luchando juntas A. C.”, afirma que aproximadamente 80 por ciento de los casos que ejercen violencia en asuntos familiares conlleva violencia vicaria. En los casos que ella litigó, un 99 por ciento de las veces se ejerce violencia de género por parte de las instituciones.

Consideró que hace falta voluntad, porque las leyes ya están establecidas; “lo que sigue es que jueces y juezas se despatriarcalicen y se quiten todas esas telarañas conservadoras que tienen todavía en su mente. Que empiecen a ver estas ‘ondas’ sin prejuicios ni estereotipos, con perspectiva de género e infancia”.

La abogada añadió que la sistematización del ejercicio de la violencia dirigido hacia la mujer ahí ha estado siempre; “entonces, lo lamentable es que el sistema de justicia requiere que nosotras las mujeres vayamos y les expliquemos la ley con peras y manzanas, cuando ellos deberían tener perspectiva de género y hacer ese análisis que, por ejemplo, hicimos nosotras en el juicio de violencia vicaria”.

Poder Judicial trata de vulnerar y “joder” a mujeres víctimas: abogada

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Víctimas realizada por el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, 71 por ciento de mujeres aseguró haber sufrido violencia institucional. Las principales que se mencionaron de forma consistente son la Fiscalía General, los Juzgados Familiares, Tribunal Superior de Justicia, Centro de Justicia para la mujer, la entonces Procuraduría General de Justicia, Ministerio Público, Centro de Justicia de niños, niñas y adolescentes.

La Encuesta Nacional de Víctimas fue realizada entre el 15 de marzo y el 15 de abril de 2022, a 4 mil personas, de acuerdo con la información del Frente.

La violencia vicaria necesariamente va de la mano de la violencia institucional. “Las autoridades son quienes obligan a entregar a las infancias a los agresores. Además, es el mismo sistema de justicia el que pone trabas a las mujeres: son castigadas por exigir sus derechos”, explicó la abogada de “Las TEMIS”.

Consideró que el Poder Judicial es donde más se refleja la violencia contra las mujeres que buscan justicia. Explicó que es un sistema que lo primero que trata de hacer es convencer de desistir, vulnerar y “joder” lo más que se pueda para quitarse una carga de trabajo.

Desde su perspectiva, las fiscalías y defensorías de derechos humanos también son parte del problema.

Marlene Martín señaló que la fiscalía 4 de Querétaro, que presume ser un centro de justicia para que las mujeres exijan sus derechos, se hagan los peritajes correspondientes y reciban tanto acompañamiento psicológico como jurídico, es un espacio donde son pocos los casos atendidos, pues no reciben las denuncias de las mujeres o las amenazan por no tener conocimiento de sus derechos.

“La semana pasada mandé a una señora, adulta mayor, a pedir una custodia de sus nietos por un tema de violencia familiar que está viviendo. La fiscal se atrevió a amenazarla y decirle a la señora que si ella presentaba la denuncia -como estaba denunciando a su hija por violencia familiar con los niños- mañana iban a ir, la iban a detener y la iban a encerrar de cuatro a cinco años en la cárcel”, relató.

Querétaro: falta que “publiquen los datos” de violencia contra mujeres

El Instituto Queretano de la Mujer (IQM), perteneciente al Poder Ejecutivo estatal, tuvo aumento del presupuesto de un 80 por ciento este año; sin embargo, el Estado invisibiliza las violencias que existen hacia las mujeres.

De acuerdo con la experiencia de la abogada Marlene Martín, “maquillan” los números en los indicadores.

“Lo que tiene que ver con indicadores, con transparencia, te están obligando a hacer una solicitud de transparencia y no están publicados los datos como es su obligación. También ahí vemos que hay una seria deficiencia en el acceso a la información y pues el que nada debe nada teme, ¿no? Que publiquen los datos”, dijo la abogada.

Según la misma Encuesta Nacional de Víctimas, 9 de cada 10 agresores cuentan con formas de bloquear los procesos legales de la víctima o recursos que favorecen los fallos a su favor por temas económicos, cargos públicos, tráfico de influencias o alargamiento del proceso legal.

La vida en violencia

El 29 de abril del 2023 se ganó la primera sentencia por un caso de violencia vicaria en Querétaro. El caso fue llevado por “Las TEMIS luchando juntas A. C”. Con base en la sentencia, se obtuvo: pérdida de patria potestad paterna, reconocimiento de la violencia vicaria, de género y familiar, y medidas de no repetición del acto.

Actualmente se encuentra en espera de que un juzgado federal dé resolución a un amparo interpuesto.

La violencia vicaria que vivió Esmeralda Mendoza Álvarez empezó desde el 2016, en el proceso de su divorcio, cuando el agresor sustraía las videograbaciones de las cámaras de seguridad del condominio en el que habitaban ella y su hijo; posteriormente fueron presentadas como pruebas ante el juzgado y mostraba la vigilancia que ejercía sobre ambos, pues alegaba las horas de entrada y salida de su hogar, además de las personas que la acompañaban.

Como parte del proceso, se determinó que madre e hijo debían ser separados por salud física y mental de ambas partes; el niño quedó en custodia de su abuela. Más tarde se buscó sanar el vínculo entre ellos; para eso la madre pasó todo un año sin ver a su hijo.

Este proceso duró seis años, antes de ser asesorada jurídicamente por la ONG queretana, pues su caso nunca fue observado con perspectiva de género ni con perspectiva de infancia.

“Lo que hacían dentro de su procedimiento era una cuestión de trámite, no de defensa”, remarcó Marlene Martín, quien acompaño a Esmeralda en su proceso jurídico.

“En un inicio y todo el proceso tuve mucho miedo. A veces todavía me queda un poquito; así lo viví, aterrada, con mucho miedo, perdiéndolo todo. Pero, pues, sabiendo que ya no podía perder más, entonces iba a seguir con eso”, expresó Esmeralda.

Todos los retos que tuvo que atravesar para llegar hasta donde hoy se encuentra afectaron toda su vida. En el sentido psicológico y social sobre todo, “porque la gente no entiende el tema, porque el agresor mantuvo una campaña de difamación hacia ti en toda su esfera social”, advirtió ella.

Lo económico también fue un factor en su proceso, pues llevar ocho años de juicios con diversos abogados, pruebas y peritajes conlleva mucho dinero. El tiempo que le consumía la llevó a dejar de trabajar, porque debía estar pendiente todos los días de recibir a personal de la fiscalía, DIF o noticias del caso.

“Pensé en desistir cuando las cosas se pusieron más graves, cuando mi hijo estuvo manipulado, y me rechazó y se puso incluso muy agresivo conmigo; por supuesto que mi corazón estaba hecho pedacitos. Sentía que ya no resistía más. Pero creo que lo que me impulsó fue encontrar el apoyo correcto”, aseguró Esmeralda.

Instituciones de Querétaro ‘me violentaron y revictimizaron’

En cuanto al papel del Estado y las instituciones que brindan apoyo a las mujeres, Esmeralda afirmó que lo único que recibió por parte ellas fue más violencia y revictimización.

Relató que en su momento acudió al Instituto Queretano de la Mujer (IQM) en busca del apoyo de un abogado; sin embargo, fue enviada con una psicóloga que, a palabras de ella, “lo único que hizo fue ‘cagotearme’ y decirme que todo estaba mal en mi proceso porque había elegido malos abogados. Jamás se me dio la posibilidad de hablar con uno”.

También mencionó que la Fiscalía fue parte de esta violencia institucional; el agresor imponía denuncia tras denuncia, en este caso fueron siete, que le eran aceptadas, aunque ninguna prosperó.

“O sea, para encontrar a una mujer desaparecida no hay quien la busque; pero para ir a buscar a la mujer que no le puso la vacuna al niño el día 6 e irla a buscar el día 7 a su trabajo con cuatro policías, para eso sí tuvieron tiempo”.

“Cuando supe que era la violencia vicaria y aprendí sobre violencia vicaria y me informé, dejé de sentir esa culpa. Fui como más empática conmigo, fue liberador saber que esto que viví incluso tenía un nombre, que tenía unas causas y que no solo lo vivía yo. Además de llevarlo con muchas aliadas, entre ellas Marlene (Martín) y un grupo al que pertenezco, el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria.”

“Nos sentimos muy satisfechas con la resolución”: Esmeralda

El 17 de enero de 2024, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Código Civil Federal y del Código Penal Federal, en materia de violencia a través de interpósita persona.

Los artículos reformados son en materia de medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia familiar y a través de interpósita persona -obligación del Estado-; competencias del Poder Legislativo para la erradicación de la violencia dentro de la familia; la responsabilidad del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar Derechos Humanos de mujeres, hijas e hijos, con perspectiva de género; garantizar obligaciones alimentarias; suspender régimen de visitas a persona agresora; la restitución inmediata de sus hijos a las mujeres víctimas de violencia; el reconocimiento y definición de violencia a través de interpósita persona.

Marlene Martín Rico aseguró que la violencia de género ha estado nombrada y visibilizada, la nueva reforma en materia de violencia a través de interpósita persona logra nombrarla y tener conciencia de ella. A pesar de esto, esto no garantiza justicia: “No porque estamos en un estado conservador que violenta a las mujeres.”

Además, rescató que hay dificultad para acceder a la justicia. Tanto en fiscalías, como en tribunales, en defensorías de Derechos Humanos.

“Porque la gente pobre no tiene acceso; porque las instituciones no funcionan; porque tenemos un albergue para 25 mujeres que jamás se ha llenado, lo máximo que ha tenido son tres mujeres; porque tenemos psicólogas en el Instituto Queretano de las Mujeres esperando horas nalga mientras el acompañamiento emocional a las mujeres, si fuera gratuito (…) sería muy viable para muchas mujeres.”

Esmeralda Mendoza sigue siendo parte de este proceso de buscar justicia para ella y su hijo. “Nos sentimos muy satisfechas con esta resolución, porque fue algo que nos costó mucho; que nos costó a todos como equipo, a Marlene, a mí… Y a toda mi familia, que de alguna manera fuimos parte de este proceso. Sin embargo, nosotros no hemos cantado victoria”.

*Ximena Loyda es alumna del Centro Universitario de Periodismo de Investigación (CUPI) de la Universidad Autónoma de Querétaro