COLIMA, Col. (apro).- Por tercer año consecutivo, la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer en esta ciudad culminó con el portón principal del Palacio de Gobierno derribado y quemado, además de pintas de consignas feministas en la fachada del edificio.

La manifestación, en la que participaron alrededor de tres mil mujeres, partió de la Plaza de las Personas Desaparecidas, por la Calzada Galván, y prosiguió por la calle Madero hasta llegar al Jardín Libertad, frente al Palacio de Gobierno y la Catedral.

A diferencia de los dos años anteriores, esta vez no fueron colocadas vallas en torno al edificio gubernamental, donde las manifestantes fijaron lonas y cartulinas, además de que realizaron pintas con aerosol y estrellaron balas de gotcha con pintura morada contra el muro.

Con consignas dirigidas a la gobernadora como “¡Indira (Vizcaíno) no me representa!”, “La gober no me cuida, me cuidan mis amigas” y “Estado feminicida”, un grupo de mujeres encapuchadas golpearon la puerta de madera del Palacio con martillos y mazos hasta que lograron derribarlas y les prendieron fuego.

Sin embargo, se toparon con una valla metálica reforzada que había sido colocada detrás de la puerta para evitar el acceso de las manifestantes, mientras que en los pasillos del interior del edificio se encontraban decenas de agentes de la Policía Estatal con cascos, escudos y toletes.

El año pasado, cuando las mujeres pretendían introducirse al inmueble, los elementos policiacos disolvieron la manifestación con gases lacrimógenos, pero esta vez no ocurrió así, pues lo único que arrojaron desde adentro fue polvo de extinguidor para apagar el fuego en una ocasión y chorros de agua que varias veces provocaron la dispersión de las participantes.

A través de un pronunciamiento leído por una mujer con el rostro cubierto, denunciaron que, de acuerdo con las cifras oficiales, durante los poco más de tres años del gobierno de Indira Vizcaíno Silva han sido asesinadas más de 400 mujeres, entre ella varias niñas, sin que esa situación haya merecido un pronunciamiento de la administración estatal.