CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal vinculó a proceso a cuatro excolaboradores de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, por el desfalco de más de 3 mil millones de pesos en la entidad. 

La juez de control Patricia Sánchez Nava del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente emitió la vinculación a proceso contra Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas de Michoacán; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública; Antonio Bernal, exsecretario de Seguridad Pública, y Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de dicha dependencia. 

Ello, por los delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. 

La audiencia de vinculación duró cerca de 22 horas, luego de las cuales la juzgadora analizó más de 100 datos de prueba ofrecidos por los defensores de los cuatro exfuncionarios y de la Fiscalía General de la República (FGR) y determinó, además de la vinculación a proceso, conceder tres meses para la investigación complementaria. 

Las defensas de Delgado Murillo, Villegas Pineda y Bernal Bustamante solicitaron a la juez otra audiencia que ya en estos momentos se está realizando para revisar si existe la posibilidad de modificarles la medida de prisión preventiva oficiosa. 

En tanto, Carlos Maldonado permanecerá en prisión preventiva oficiosa en la penitenciaría de Santa Martha por razones de salud. 

En el caso, la FGR los imputó por haber participado entre 2015 y 2021 en la adjudicación directa de contratos a favor de la Inmobiliaria DIP que ocasionaron un desfalco de 3 mil 412 millones 164 mil 310 pesos al estado de Michoacán durante la administración de Aureoles. 

Esto, debido a que inicialmente la empresa recibió contratos por la renta de siete inmuebles para colocar ahí los cuarteles de la Policía Preventiva de Michoacán en Apatzingán, Coacolmán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, sin embargo, la FGR afirmó que las obras están inconclusas y mal hechas. 

Posteriormente, la empresa recibió otros contratos para realizar los servicios de mantenimiento y limpieza en dichos inmuebles mismos que, según la FGR, fueron simulados. 

Hasta que en abril de 2020 el exgobernador Aureoles autorizó la compra de los siete inmuebles con un sobreprecio. 

Durante la diligencia, la defensa de Elizabeth Villegas indicó a la juez que el 19 de noviembre de 2024 la empresa Inmobiliaria DIP llegó a un acuerdo reparatorio con el gobierno de Michoacán cuyo cumplimiento debía ser inmediato. 

Que tenía conocimiento de que la empresa ya pagó más de 900 millones de pesos al gobierno de Michoacán para subsanar el daño ocasionado, por lo que afirmó que dicho acuerdo debía beneficiar a los cuatro exfuncionarios procesados por este caso y desestimar las imputaciones de la Fiscalía. 

Sin embargo, la Contraloría del estado de Michoacán, presente en la audiencia, afirmó que la empresa no ha cumplido con las condiciones establecidas en el acuerdo reparatorio, por lo que no es posible desestimar las imputaciones contra los exfuncionarios. 

Fuentes federales confirmaron que durante la negociación de dicho acuerdo reparatorio, la empresa Inmobiliaria DIP reclamó al gobierno de Michoacán un adeudo de mil 400 millones de pesos. 

Por ello se negoció con la empresa que culmine con las obras que dejó inconclusas en los cuarteles y corrija las que están mal hechas y posteriormente existe la posibilidad de ajustar tanto el adeudo que tiene el gobierno de Michoacán con ellos como el pago del daño que la empresa debe realizar.