CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, es investigado por un desfalco de más de 30 mil millones de pesos al erario federal, según fiscalizaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La ASF presentó al menos dos denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exgobernador por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos públicos y delincuencia organizada. 

En la audiencia que inició la noche del sábado en los juzgados de procesos penales federales del Reclusorio Oriente, se reveló que entre el 2016 y 2021, Aureoles generó un daño patrimonial de más de 3 mil 400 millones de pesos debido a operaciones irregulares de arrendamiento, mantenimiento y posteriormente adquisición de siete cuarteles policiacos en el estado de Michoacán, operación realizada de "manera sumamente inexplicable e irracional", según la Fiscalía General de la República.

Los cuatro excolaboradores del mandatario estatal de extracción perredista, detenidos el sábado 1 de marzo escucharon de la parte acusadora una relatoría de los hechos que configurarían los presuntos delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.

Los cuarteles policiacos autorizados por Aureoles están en los municipios de Huetamo, Jiquilpan, Apatzingán, Coalcoman, Uruapan, Zitacuaro y Lázaro Cárdenas, y a decir de la Fiscalía, el daño patrimonial por dicha operación ascendería a 3 mil 412 millones 165 mil 310 pesos.

Aureoles prófugo

El pasado 1 de marzo, se giró la orden de aprehensión contra Aureoles y fueron detenidos cuatro exfuncionarios y colaboradores suyos: En Estados Unidos fue capturado el ex secretario de Finanzas del estado, Carlos Maldonado; en Morelia fueron detenidos Mario Delgado Murillo y Elizabeth Villegas Pineda, ex delegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán y antigua funcionaria de Seguridad en el Estado; también fue detenido Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública. 

Según una revisión de Milenio al sistema de auditorías de la ASF, el gobierno de Michoacán no ha podido justificar irregularidades por más de 28 mil 588 millones de pesos detectadas entre 2016 y 2021, distribuidas en 204 expedientes. Además, otros 2 mil 139 millones de pesos siguen pendientes de aclaración y ya son considerados un posible daño patrimonial; correspondiente a 60 expedientes de los años 2019, 2020 y 2021.

Ambas denuncias presentadas ante la FGR derivan de una auditoría a las participaciones federales recibidas por el gobierno de Michoacán en 2020, aunque no se especifica el monto involucrado en la denuncia.

De esa misma auditoría, existe también un expediente por más de mil 221 millones de pesos sin solventar, que está pendiente de resolución en la Dirección General de Investigación. 

Aún más, hay tres expedientes adicionales relacionados con esta auditoría, en seguimiento por más de 800 millones de pesos que no han sido reintegrados a la Federación.

En febrero de 2023, Proceso publicó que tras conocerse el reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la cuenta pública 2021, donde aparecen observaciones al gobierno de Michoacán en torno al manejo de más de 12 mil millones de pesos, el actual mandatario, Alfredo Ramírez Bedolla, ordenó “emprender una investigación profunda de este desfalco”, que “no debe quedar impune”.