OAXACA, Oax. (apro) .- “Estoy viviendo un desplazamiento forzado, y no puedo volver a María Lombardo por temor a ser agredida físicamente o me desaparezcan como a mi hermana indígena Sandra Domínguez”, manifestó la defensora zapoteca Silvia Pérez Yescas, quien denunció haber sido amenazada por un funcionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). 

“María Lombardo es un pueblo sin ley, en donde la violación a los derechos humanos son una constante. En María Lombardo desaparecieron a la hermana indígena Sandra Domínguez y yo no quiero ser otra desaparecida o asesinada por el solo hecho de ser mujer y defender nuestros derechos humanos, a vivir una vida en paz como mujeres y como niñas indígenas. Yo solo quiero justicia, que detengan a los agresores”, sostuvo Pérez Yescas. 

En una conferencia de prensa frente a Palacio de Gobierno, la defensora zapoteca por los derechos de los pueblos indígenas resaltó que lleva un año desplazada de María Lombardo, localidad del municipio de San Juan Cotzocón Mixe en el Istmo de Tehuantepec. 

Mencionó que debido a que persiste el hostigamiento y las amenazas de muerte en su contra, determinaron cerrar la oficina de la asociación civil Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (CIARENA A.C.). 

La defensora de derechos de las mujeres, juventudes y niñez indígena dio a conocer que el pasado martes 27 de febrero por la noche, cuando regresaba del taller comunitario e intergeneracional “Diálogo de saberes para la prevención de violencias contra las mujeres, juventudes y niñez indígena” se percató que su casa había sido allanada y le habían robado su equipo de cómputo. 

Pérez Yescas responsabilizó como autor material e intelectual de las amenazas en su contra a César Pulido Herrera, funcionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), quien fue agente municipal de María Lombardo, localidad del municipio de San Juan Cotzocón Mixe. 

Yésica Sánchez Maya, de Consorcio Oaxaca, afirmó que “Silvia no puede vivir una amenaza más, no puede ser parte de las estadísticas”, de ahí que hizo un llamado al fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla del Estado tiene que fincar responsabilidad y judicializar el caso”. 

Mientras que, por enésima ocasión, “le decimos a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), que se ponga a trabajar, que emita medidas cautelares y establezca mesas de trabajo en la que coadyuve para que la protección a las personas defensoras en Oaxaca sea una realidad y no solo se tenga que estar buscando a la Federación”. 

Mientras que Víctor Hugo López, secretario Ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes hizo un llamado enérgico a los tres niveles de gobierno y, especialmente, a la Fiscalía de Oaxaca y a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para que actúen de manera urgente, eficaz y con debida diligencia. 

Expuso que “a escala local, la defensora de DH, ha reiterado de diversas formas el contexto de violencia que se vive en la zona de Lombardo y que las autoridades federales y estatales tienen conocimiento de los actores y perpetradores, de los acontecimientos, del allanamiento y de las agresiones directas que ha vivido Silvia: los actores están localizados –dijo– y sin embargo, continúan realizando las agresiones”. 

 “Las cosas han cambiado a escala local, pero para peor: peor para periodistas y personas defensoras: Oaxaca se ubica entre los cinco primeros estados con mayores agresiones contra estos sectores”, puntualizó. 

Finalmente, demandaron al Mecanismo Nacional de defensoras para que se las medidas de protección sean reforzadas y se garantice seguridad y la de todas y cada una de las personas integrantes de CIARENA.