CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El gobierno de Guerrero adeuda a 650 familias de personas desaparecidas el pago de despensa de tres meses del 2024, denunciaron colectivos.  

Y durante dos legislaturas, los diputados del Congreso del estado, con mayoría de Morena, han congelado la iniciativa de ley sobre desaparición forzada que fue elaborada por colectivos de familias de víctimas y expertos desde 2019.  

Además, en los tres años de su gobierno, la mandataria morenista Evelyn Salgado Pineda se ha negado a reunirse con los 16 colectivos de familiares de personas desaparecidas que existen en la entidad.   

Este miércoles, integrantes del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera y familias que representadas por el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) protestaron en la entrada al recinto del Poder Ejecutivo, antes conocido como Palacio de Gobierno.   

Gema Antunez Flores, de la organización Familiares en Búsqueda María Herrera, denunció que a 92 familias de su colectivo se les adeuda los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024, además enero y febrero del presente año.   

El pago es de 2 mil pesos mensuales a cada familia por concepto de despensa que establece la Ley General de Víctimas. En Guerrero hay un padrón de alrededor de 650 familias que reciben ese apoyo por parte del gobierno estatal, informaron representantes de organizaciones.   

En la manifestación, la activista dijo que la titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Guerrero (CEEAV), Enedina Medrano Serrano, se comprometió a pagar dos meses y lo hizo, pero el pago tiene la etiqueta de enero y febrero de 2025, por lo que temen que no se les pague los tres meses de 2024.   

Afirmó que lo mismo sucedió a finales de 2023 con el paso del huracán “Otis”, que fue el pretexto para que la CEEAV no pagara el último trimestre.   

Consideró que la titular de la dependencia es muy cerrada para dialogar con los colectivos. Puso como ejemplo que, cuando van a entregar los requisitos para la integración al padrón de nuevas familias de víctimas de desaparición, la funcionaria no les responde si sus documentos están completos o no.   

La titular de la CEEAV también les ha dicho que no podrán acceder a ese apoyo de despensa quienes tengan familiares que hayan desaparecido de 10 años en adelante.   

Además, les ha advertido que el apoyo de 2 mil pesos que reciben las familias de las víctimas se les va a acabar en cinco años.  

Por su parte, Teodomira Rosales Sierra, directora del Centro Morelos, denunció que las autoridades estatales les han mentido.   

“Tenemos pendiente una audiencia con la gobernadora (Evelyn Salgado) por el tema de desaparición forzada desde principios de su gobierno. Hasta ahora no nos ha recibido, no ha tomado en serio los temas.”   

La otra parte que padecen las familias de víctimas, dijo, es la escasez de recursos en la CEEAV, porque cada año a las víctimas les quedan a deber 2 o 3 meses.  

“Es para la canasta básica y 2 mil pesos al mes no le alcanza a una familia para mantener a dos o hasta seis hijos, además de que son las que tienen que hacer las búsquedas de sus seres queridos porque las autoridades no lo hacen”.   

Por eso han solicitado a los diputados locales un aumento a la cantidad del apoyo por despensa.  

La defensora de derechos humanos afirmó que la violencia y la falta de apoyo del gobierno para atender a las víctimas ha provocado en municipios de la Montaña baja una deserción masiva escolar en niños y adolescentes.   

“De 14 o 15 años se van a los campos de Sinaloa a trabajar de jornaleros porque tienen que mantener a sus hermanitos, a su familia”.   

David Molina Rodríguez, representante del colectivo Lupita Rodríguez Narciso, junto a otras organizaciones, se plantó el lunes 24 de febrero último en el Congreso de Guerrero en Chilpancingo para pedir a los diputados legislar la iniciativa de ley en materia de desaparición forzada.   

Sin embargo, les fue suspendida una reunión pactada con la Junta de Coordinación Política encabezada por el diputado Jesús Uriostegui García, personaje cercano al senador Félix Salgado Macedonio y a la gobernadora Evelyn Salgado, así como con la Comisión de Derechos Humanos, presidida por diputada de Morena, Aracely Ocampo Manzanares.  

Consultado este miércoles en un mitin donde se exigió justicia por el caso Ayotzinapa, David Molina informó que colectivos de toda la entidad elaboraron desde 2018 la ley de desaparición forzada para el estado de Guerrero y al siguiente año empezaron su gestión en el Congreso local.   

Sin embargo, desde esa legislatura, encabezada por el diputado de Morena, Alfredo Sánchez Esquivel, y en otro momento por la actual diputada federal Yoloczin Domínguez Serna, y la actual presidida por Jesús Uriostegui, todos de Morena, han sido burlados, ignorados y engañados.   

Fue hasta noviembre de 2021 que Sánchez Esquivel presentó la iniciativa al pleno, haciendo a un lado las aportaciones de los colectivos como la creación del Centro de Identificación Humana.   

“Lo que realmente queremos es que se empiecen a identificar los restos que están almacenados y que no tienen identidad”.  

Actualmente hay 983 gavetas con restos humanos en el cementerio forense de Chilpancingo sin identificación, dijo.  

“Les meten una botella con algunos datos. Sí los encontramos, pero no los identifican y así qué chiste tiene que los andes buscando y pidiendo información”.   

Después fue echado el diputado Eugenio Sánchez para colocar en la presidencia a una diputada cercana a los Salgado, Yoloczin Domínguez, ahora diputada federal por Morena.   

“Con ella no hubo ningún avance, ni se reunía con nosotros y cuando se reunía estaba en su teléfono viendo otras cosas”, mencionó el buscador David Molina.   

Los diputados de la actual legislatura se reunieron con los colectivos en noviembre de 2024 y manifestaron que ni siquiera tenían conocimiento de la ley.   

Se comprometieron a que el 21 de febrero la iban a leer para tener una respuesta clara.   

“Pero nos suspendieron la reunión, por eso tenemos que llegar a estas movilizaciones, se está viendo que no hay voluntad de este Congreso para apoyar esta ley”, denunció.