CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A dos días de cumplirse dos años de que un piquete de soldados del XVI Regimiento de Caballería en Nuevo Laredo, asesinaron a cinco jóvenes, el juez de Distrito Juan Gonzaga Sandoval declaró culpables a cuatro de 17 militares que participaron en un ataque directo en el que sobrevivieron dos muchachos, uno de ellos con lesiones graves.

El caso, que contó con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CHDNL), terminará por definirse en días próximos cuando el juzgador individualice la responsabilidad de cuatro cabos de Caballería, identificados con Agustín “N”, Bernardo “N”, Jorge “N” y Juan Carlos “N”, quienes en el fuero militar habían sido exculpados del delito de “desobediencia” por el que fueron procesados.

En una audiencia que se llevó a cabo en Reynosa, Tamaulipas, con presencia de algunos familiares de las víctimas, sus representantes legales, agentes del Ministerio Público Federal y de los imputados, a través de video conferencia desde la Prisión Militar Número Uno, el juez Gonzaga Sandoval consideró a los militares responsables de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. 

Las víctimas mortales son Gustavo Ángel Suárez Castillo, de nacionalidad estadunidense, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y Gustavo Pérez Benítez, mientras que los sobrevivientes son identificados como Alejandro y Gerardo, recordó el CDHNL en un comunicado. 

Tras la audiencia llevada a cabo este lunes 24 de febrero, la organización presidida por Raymundo Ramos Vázquez informó, que en la imputación de los cuatro militares, fue fundamental la declaración del capitán de Caballería, Elio Conde Toledano, quien sostuvo que “los cuatro cabos dispararon sin existir una orden superior de por medio”. 

En el número 2418, Proceso publicó la versión de Alejandro, uno de los sobrevivientes, quien narró que los siete jóvenes viajaban fueron atacados por los militares la madrugada del 26 de febrero de 2023, después de convivir en una discoteca de Nuevo Laredo.

El joven contó que mientras Gustavo Ángel conducía la camioneta con placas de Estados Unidos, de su propiedad, por calles de una colonia popular de Nuevo Laredo, detuvo la marcha tras advertir que eran seguidos por camionetas del Ejército que llevaban las luces apagadas. De repente, uno de los vehículos los chocó por detrás y de inmediato se vino una lluvia de balas. 

Alejandro fue testigo de cómo un soldado disparó a mansalva a Gerardo, quien bajó de la camioneta con las manos en alto y rogando por detener la masacre y escuchó cómo otro soldado gritaba “¡mátalo, mátalo!”, mientras que a él lo encañonaron en la cabeza y lo obligaron a grabar un video en el que declaraba que los jóvenes habían sido los culpables del baño de sangre.

Dos días después de los hechos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguró en un comunicado que los militares realizaban un rondín “cuando oyeron disparos de arma de fuego”, advirtieron que una camioneta pick up circulaba sin placas, a exceso de velocidad y con las luces apagadas, y que sus tripulante, al ver a los militares, aceleraron “de manera intempestiva y evasiva, deteniendo su marcha al impactarse con un vehículo que estaba estacionado”, y que “al escuchar un estruendo, el personal militar accionó sus armas de fuego”. 

A dos años de los acontecimientos, el Poder Judicial de la Federación validó las pruebas y testimonios que revelaron la responsabilidad de militares en la ejecución extrajudicial de cinco jóvenes.

Los días 3, 4 y 5 de marzo próximo, se llevarán a cabo las audiencias para individualizar las penas a los cuatro militares señalados como responsables de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, a las que asistirán los familiares de las víctimas y sus asesores jurídicos, Roberto Puente y Edgar Netro, abogados del CDHNL.