SONORA (apro).- Martha Patricia Velarde Ortega nació en Baviácora, Sonora, cuando corría el año de 1958; 56 años más tarde experimentó en carne propia el más grande desastre ecológico que se haya registrado en México: Los efectos de 40 mil litros de desechos tóxicos vertidos en el cauce del Río Sonora desde Buenavista del Cobre, una empresa minera propiedad de Grupo México. 

A partir de entonces encabezó la lucha por la justicia para la población afectada; se dedicó a ello hasta que este 15 de febrero perdió la vida en Hermosillo, Sonora, tras arribar al Hospital General de Especialidades del Estado de Sonora producto de complicaciones de salud que no pudo sortear. 

“Con gran tristeza en nuestros corazones, nos despedimos de nuestra compañera y activista Martha Patricia Velarde. Honramos y agradecemos su enorme fuerza, valentía y coraje en la lucha por justicia para el Río Sonora. 

Su camino para defender la salud, la vida y el medio ambiente de quienes habitan en el río, dejará un eterno legado en la historia de este país.” Comunicaron los Comités de Cuenca Río Sonora, organización que aglutina los esfuerzos encaminados a obtener la reparación del daño ocasionado por el derrame. 

“Doña Martha”, como era llamada cariñosamente, protagonizó momentos claves para la población radicada en el cauce del río: diálogos con las autoridades, protestas, actos de difusión y de interponer su humanidad ante los intereses de gobiernos y empresas, a quienes refería constantemente como coludidos. 

Uno de estos momentos se dio el pasado 6 de agosto en la plaza Emiliana de Zubeldía, en Hermosillo, Sonora, cuando se instaló un “antimonumento” para mandar un mensaje a los gobiernos de los tres niveles: “De cobre no se come”. 

“Por lo menos dos presidentes y tres gobernadores llevamos ahorita que puras promesas han hecho y seguimos esperando. Prometieron un gran hospital para atender nuestra salud, nos prometieron agua limpia y, a cambio, ahí está un hospital abandonado en Ures y dejaron que el agua contaminada, aun hasta el día de hoy, siga llegando a nuestras vidas. 

“Esto es muy lamentable y deja muy, pero muy en claro que hay permiso abierto y sin consecuencia para quien contamina nuestros cuerpos, ríos, arroyos, cielos, aire y tierra”, dijo la activista en el marco de la conmemoración de los 10 años del derrame, sucedido en agosto de 2014. 

La mujer de 67 años se caracterizó por un empuje que no tuvo reparo al tratarse de exigir lo que entendía como un derecho: la restitución de una calidad de vida que la gente de las tierras afectadas por los metales pesados perdió desde la tragedia. 

“No queremos elegir entre comprar agua limpia o comida, no queremos ser adultos mayores cargando los pesados contenedores de agua con las fuerzas que les quedan, no queremos ver a nuestros niños consumiendo contaminantes mientras salen a jugar…”, denunció la activista y ranchera a los pies del antimonumento que ahora la sobrevive.