MORELOS (apro) .- El Cabildo de Cuernavaca, encabezado por el alcalde emanado del PAN, José Luis Salgado, regaló la calle Santa Prisca a la asociación religiosa La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que construirá un templo.  

Esta operación se concretó días después de la reforma a la Ley Orgánica Municipal, que amplió las facultades de los ayuntamientos para enajenar bienes públicos sin autorización del Congreso. 

En conferencia de prensa, la diputada federal Meggie Salgado, la presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Colonos de Vistahermosa Reforma, Marta Moreno, el abogado Juan Carlos Juárez y representantes de diversas organizaciones vecinales advirtieron que la decisión se aprobó sin transparencia, con expedientes incompletos y sin estudios técnicos ni ambientales que justifiquen la operación. 

Aunque en el Cabildo se formalizó como una permuta, los ponentes señalaron que, en la práctica, se trató de la entrega de una calle pública a una institución religiosa. La operación involucró dos predios con usos de suelo distintos: el de Santa Prisca, donde se reportó la tala de aproximadamente 70 árboles, y otro ubicado entre Calzada de los Estrada y calle Jojutla. 

Destacaron que la magnitud del proyecto —de alrededor de 10 mil m²— obliga a presentar una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por posibles afectaciones al arbolado, al agua, a la movilidad y al entorno social. Sin embargo, ningún estudio aparece en los expedientes consultados en la Plataforma de Transparencia. 

La diputada Meggie Salgado señaló que las solicitudes de acceso a la información han sido respondidas de manera incompleta: “No se puede aprobar un proyecto de esta magnitud sin transparencia, sin dictámenes y sin informar a la ciudadanía. Exigimos la suspensión de la permuta hasta contar con una justificación técnica y legal”. 

Durante la sesión de Cabildo del 12 de noviembre, la permuta fue aprobada con el único voto en contra del regidor Gabriel Rivas, quien cuestionó la falta de estudios y la prisa con que se procesó el acuerdo. Mientras que el regidor morenista Alan Moreno llegó tarde y se incorporó solo a dejar su voto a favor. 

Los participantes alertaron que la reciente reforma a la Ley Orgánica Municipal permite que los ayuntamientos cedan, donen o permuten bienes con solo el voto de dos terceras partes del Cabildo, sin contrapesos externos. Advirtieron que conceptos como “interés público” y “beneficio colectivo” carecen de definición jurídica clara y facilitan decisiones discrecionales contrarias al espíritu de los artículos 115 y 134 constitucionales. 

Durante la conferencia se proyectaron videos de casos similares en municipios de Querétaro y Ciudad de México, alertando sobre patrones asociados a prácticas de tipo “cártel inmobiliario”. Las organizaciones afirmaron que existen indicios de limpieza y movimientos en el predio, lo que podría significar que las obras avancen durante el periodo vacacional. 

Marta Moreno advirtió que “la opacidad impide conocer el alcance real del proyecto y nos niega evaluar riesgos urbanos y ambientales; esto abre la puerta a decisiones discrecionales y posibles actos de corrupción”. 

Exigencias inmediatas de las organizaciones 

Los colectivos y representantes ciudadanos plantearon una serie de exigencias puntuales: 

Suspensión cautelar de la permuta hasta acreditar su legalidad. 

• Publicación íntegra del convenio, dictámenes, estudios y permisos. 
• Elaboración y difusión de la Manifestación de Impacto Ambiental. 
• Puesta en marcha del Observatorio Urbano prometido por el Ayuntamiento. 
• Protección del arbolado y del espacio público mientras se analiza el caso. 
• Revisión administrativa de la tala ocurrida y sanción a responsables. 

También recordaron los criterios mínimos que deben cumplir los espacios públicos considerados parques: 20 metros de ancho mínimo, accesibilidad peatonal cada 500 metros, 75% de permeabilidad pluvial, vegetación nativa y límites al riego intensivo, entre otros lineamientos establecidos en normativas ambientales vigentes. 

El abogado Juárez aclaró que las calles, plazoletas y espacios públicos forman parte del patrimonio municipal resguardado por la Sindicatura, por lo que no son de libre disposición del Ayuntamiento. “Esto sienta un precedente de ligereza administrativa que podría repetirse en otros casos”, señaló. 

Los participantes reiteraron que no se oponen a la construcción de la iglesia, sino a la falta de información, al manejo discrecional y a la ausencia de estudios que respalden la entrega de una vialidad pública. 

Esta periodista solicitó una entrevista con el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, a través de su área de Comunicación Social; hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. 

En tanto, la síndica municipal, Paula Trade, señaló ante diversos medios de comunicación que el predio donado se asignó a la construcción de un parque, proyecto que será financiado por la propia asociación religiosa. Sostuvo que la calle había dejado de funcionar como vialidad, pues presentaba un tránsito vehicular mínimo y, en la práctica, se utilizaba únicamente como zona de estacionamiento.