AGUASCALIENTES, Ags., (apro) .- La mañana de este 4 de noviembre y en pleno día de visita familiar, se registró un motín en el Centro de Reinserción Social (Cereso) del estado. José Gabino Vázquez, coordinador municipal de Protección Civil confirmó que dentro de la prisión se registró un incendio que habría sido controlado por personal del penal.  

Las autoridades de seguridad confirmaron que hubo al menos tres hombres heridos sin informar sobre el nivel de gravedad, los tres pertenecen al mismo módulo de reclusión. Su identidad aún no se conoce de manera oficial. 

Los hechos provocaron una gran movilización de Guardia Nacional, policías estatales, municipales, bomberos y personal de salud a bordo de casi una decena de ambulancias; así como la evacuación de las familias que se encontraban visitando a sus seres queridos recluidos y del personal judicial que opera en un edificio contiguo a las instalaciones del penal estatal.  

Algunos de los familiares denunciaron ante medios de comunicación locales extorsión al interior del reclusorio, la venta de drogas y el cobro ilegal —por parte de un cártel cuyo nombre prefirieron no detallar— de una cuota para garantizar la seguridad de los reclusos. De lo contrario, son torturados. 

“Exigimos que se proporcione información veraz y oportuna a las familias sobre la situación actual de sus familiares, ya que hasta el momento no se ha regularizado la situación de seguridad dentro del penal, ni se ha informado sobre el número de personas lesionadas”, exigió el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA), tras horas de convulsión a las afueras del penal estatal. 

Hasta el momento, las autoridades de gobierno no han ofrecido más información sobre el móvil del motín, aunque Antonio Martínez Romo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, informó que se trató de un enfrentamiento entre dos grupos adversos en el que participaron entre 60 y 70 personas. 

Las alertas ya se habían encendido: el lunes 3 de noviembre se registró una riña entre reclusos que fue controlada, y desestimada, por la misma Secretaría de Seguridad Pública Estatal.  

“Las mismas personas que estuvieron ayer en la confrontación escalaron el conflicto, se enfrentaron dos grupos adversos, fue una riña que ya se controló y estamos atentos con la vigilancia”, dijo Martínez Romo tres horas después de registrarse el motín. 

Tras los hechos, elementos de la Guardia Nacional cercaron los alrededores del penal estatal y cerraron la circulación.  

El conflicto ocurre en una semana donde se registraron detenciones importantes. El sábado 1 de noviembre elementos federales detuvieron a Armando “N” alias “El Charro”, identificado como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien era señalado como uno de los principales perpetradores de violencia en la zona.  

En el operativo, donde no participó ninguna autoridad estatal, también detuvieron a otros dos hombres que acompañaban al jefe delictivo.  

Armando “N” fue trasladado a un penal federal la noche de este lunes, mientras que los otros dos detenidos permanecen, presuntamente, al interior del penal estatal.  

Esta no es la primera vez que ocurren alertas de seguridad al interior del penal estatal. A finales de 2024 se registró el “suicidio” de seis internos al interior de sus celdas y aunque especialistas exigieron investigar los casos como asesinatos, la fiscalía local, a cargo de Manuel Alonso García, decidió cerrar las carpetas de investigación.  

En 2023, los tres penales de la entidad obtuvieron calificación reprobatoria en todos los indicadores del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, que incluye un análisis sobre la gobernabilidad en los ceresos, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).  

Mientras que, en 2024, el mismo informe registró sobrepoblación, falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección, así como la inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene, insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos y deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias.