MORELOS (apro).- Integrantes del Colectivo Cuernavaca presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) del Congreso local, José Blas Cuevas Díaz, luego de que una investigación periodística revelara posibles irregularidades, omisiones, irregularidades y conflictos de interés en su declaración patrimonial que podrían derivar en actos de corrupción. 

De acuerdo con una investigación del periodista Ernesto Aroche, publicada en El Universal, el auditor mintió en su declaración patrimonial y de intereses para ocultar una red de empresas vinculadas a contratos públicos. Aunque aseguró no tener participación en sociedades, documentos mercantiles prueban que él y su pareja fueron socios del despacho Defensa Contable y Fiscal, desde donde habría construido su entramado empresarial. 

Aun después de vender sus acciones, Blas Cuevas omitió reportar la operación y los ingresos obtenidos, pese a su obligación legal de hacerlo. La investigación señala que el auditor ha participado como socio, comisario o apoderado legal en al menos 19 empresas privadas, ninguna registrada en sus declaraciones.

Ocho de esas compañías obtuvieron contratos gubernamentales por más de 163 millones de pesos, que ahora deben ser auditados por la propia ESAF bajo su mando, lo que podría configurar conflicto de interés, tráfico de influencias o enriquecimiento oculto, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Días después de la publicación, el presidente del Congreso del Estado, Isaac Pimentel, declaró que el Poder Legislativo no puede intervenir mientras no exista una denuncia formal contra el auditor, pues —dijo— “solo hay una nota o una suposición” sobre el presunto conflicto de intereses, y añadió que el tema deberá ser revisado por la Comisión de Vigilancia como parte de los mecanismos internos del Congreso. 

Al respecto, el vocero del Colectivo Cuernavaca, Francisco Radilla, sostuvo que la postura del Congreso “refleja un halo de protección hacia el auditor”, ya que “algunos de los diputados que hoy integran la Legislatura fueron alcaldes el año pasado y sus administraciones están siendo auditadas por la ESAF, lo que explicaría el desinterés por investigarlo”. 

Radilla explicó que la denuncia busca romper esa aparente red de protección: 

“Nosotros, como ciudadanos, percibimos que hay un halo de protección desde el propio Congreso. Esa es la percepción que tenemos. En lo particular, he dado seguimiento a las declaraciones de algunos diputados que señalaban que, en el caso del auditor, no había una denuncia por escrito. Ahora ya existe, por lo tanto, no hay pretexto para no proceder”. 

El vocero subrayó que los diputados están obligados a actuar de inmediato frente a los posibles actos de corrupción del titular de la ESAF: 

“Cuando se trata de un funcionario encargado de auditar los recursos públicos, el Congreso debe exigir una explicación y, en su caso, pedirle que solicite licencia o se retire temporalmente del cargo para que se le investigue”. 

Agregó que, ante la falta de voluntad política del Poder Legislativo, el colectivo decidió acudir a la Fiscalía Anticorrupción para evitar que el caso quede impune: 

“No queremos que este asunto se archive o se minimice. Lo que exigimos es que se investigue con rigor y que haya consecuencias si se confirman las irregularidades”. 

Sobre la permanencia de Blas Cuevas en el Sistema Anticorrupción del Estado, Radilla consideró que su presencia “resulta una ofensa al espíritu mismo del sistema”: 

“Es inadmisible que un personaje acusado de presunto tráfico de influencias forme parte de una instancia que debe velar por la transparencia. Por eso pedimos que se le solicite licencia mientras se esclarecen los hechos”. 

El representante ciudadano hizo también un llamado directo al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos para que actúe con imparcialidad y revise la actuación del auditor dentro del organismo: 

“El Sistema Anticorrupción no puede ser cómplice del silencio. Está integrado por instituciones que deben garantizar la rendición de cuentas, no encubrir presuntos actos de corrupción. Si el auditor continúa participando en sus sesiones, se pone en entredicho la legitimidad del propio sistema”. 

Radilla insistió en que la actuación del auditor debe ser analizada de forma independiente y bajo estándares de transparencia: 

“Pedimos que el Sistema Anticorrupción revise internamente su composición y suspenda temporalmente al auditor mientras se realiza la investigación. No hacerlo sería enviar el mensaje de que hay funcionarios intocables en Morelos”. 

El colectivo anunció que también enviará una copia de la denuncia a la Comisión de Vigilancia del Congreso, al Sistema Estatal Anticorrupción y a la Secretaría de la Contraloría estatal, a fin de que se tomen medidas preventivas y se garantice la imparcialidad en las auditorías en curso.